Depositemos responsablemente nuestro voto ciudadano por candidatos (as) dignos de ser nuestros representantes, en el Congreso Nacional, con capacidad y honestidad para participar activamente en la construcción del bien común de la hondureñidad.
“No se oirá en este salón lo personal, individual o privado. Solo resonará lo nacional, lo público o de interés universal para la República. Si queremos que el pueblo cumpla la ley, ame lo justo, respete la autoridad y guarde consideración a los que la ejercen: seremos los primeros a dar ejemplo de respeto a la ley y autoridad, de amor a la justicia, y consideración a los funcionarios celosos en el lleno de sus deberes. Esta sala puede ser el punto de donde salga partida la opinión y divididos los sentimientos en lo más esencial y delicado o el centro de la unidad o armonía; puede ser el origen triste de los partidos o facciones o el principio feliz de la unión de todas las clases en derredor de la Patria; puede ser la fuente de donde fluya el mal o el nacimiento donde emane el bien. La elección está en nuestras manos. Los legisladores deben ser los primeros modelos. Este salón será el templo del Decoro, de la Prudencia y del Patriotismo juiciosos. En las discusiones seremos oradores modestos porque la modestia aumenta los valores del raciocinio y las fuerzas del convencimiento. En las votaciones seremos, como la razón fría y tranquila que decide en calma, sin el calor de los partidos”. José Cecilio del Valle
Ante las próximas elecciones generales 2021, puede sentirse, entre la ciudadanía, un ambiente impregnado de desilusión y frustración, por el mal desempeño, en el pasado y presente, de personas a las cuales apoyaron, con su voto, como representantes para ejercer cargos de diputados o diputadas.
Ese desengaño o decepción proviene de nuestros votos equivocados o de votos partidistas contrarios al patriotismo constitucional que llama a cada ciudadano y ciudadana y a todos los integrantes de los partidos políticos e institucionalidad: a contribuir, sobre todo, con el fortalecimiento de la dignidad humana, el bienestar y la justicia social, para todas y todos los habitantes de Honduras. Así, todas y todos ganamos, cualesquiera sean los resultados de las elecciones.
En efecto, la situación actual es superable por la propia voluntad de los electores en las próximas elecciones del 28 de noviembre, si se deposita consciente y responsablemente el voto por personas comprometidas realmente con la finalidad suprema de la dignidad humana y el bien común; y con el respeto y sometimiento al Estado democrático y social de Derecho, establecido en la Constitución de la República.
El diseño constitucional de la organización y funcionamiento de Honduras, en nombre de la soberanía popular, se encuentra en la Constitución y en los compatibles instrumentos complementarios o derivados de ella que presentan, a nuestro país, como Estado constitucional de Derecho para asegurar una sociedad política, social y económicamente justa que garantice condiciones, concretas y apropiadas, al bienestar y progreso personal, familiar y social, para todas y todos los habitantes.
Ese diseño y finalidad requieren del Estado y la sociedad, su colaboración estrecha para utilizar los talentos humanos y las condiciones apropiadas para la seguridad humana y el desarrollo sostenible, como medios para asegurar la vida digna y formación básica de toda la gente y las vías de superación constante, con oportunidades y posibilidades de fuentes de trabajo decente y empleo productivo que conduzcan al mejoramiento progresivo de la calidad de vida.
El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, constituyen instrumentos para ejercer esa forma democrática de gobierno por la cual hemos optado y alcanzar ese nivel de dignidad, bienestar y justicia social. De ahí que los poderes públicos, no obstante su igualdad e independencia, deban políticamente saber complementarse entre ellos y con los gobiernos municipales, hacia esa finalidad unitaria, para la eficiencia de la acción estatal, local y nacional.
El Poder Legislativo tiene independencia en su papel fundamental de representación política integral de los intereses del pueblo hondureño, tal como reflejado en la Constitución que le ordena, a cada uno de los diputados y diputadas. ejercer la función legislativa, conforme a los lineamientos constitucionales sobre su papel parlamentario y su constante atención a los requerimientos de los ciudadanos y ciudadanas.
Es necesario que tanto el diputado (a) como el ciudadano (a) tengamos presente ese contenido esencial de la relación representante y representado. Como todas y todos esperamos: los diputados y diputadas deben pensar, sentir y actuar como representantes dignos de la voluntad popular, para que el ciudadano o ciudadana puedan saberse y sentirse efectivamente representados.
Ignorar ese contenido, en democracia, es lo que ha permitido la pérdida progresiva de legitimidad de quienes fueron electoralmente investidos de representación política pero nunca pudieron entender el sentido de la misma o entendiéndolo prefirieron apartarse de la voluntad general y del bien común, y abusar de sus competencias y atribuciones en provecho de intereses personales, sectoriales o de grupos determinados.
En atención a ello, la afiliación partidista deberá someterse a la disciplina más elevada del servicio al pueblo, con los pensamientos, comportamientos e iniciativas de quienes sean electos. Por lo cual, el valor de su elección será calificada y respetada, en términos de legitimidad representativa, en vista de sus aportes y capacidad de debatir y concertar para impulsar la construcción del diseño constitucional de dignidad humana, bienestar y justicia social, en Honduras.
Todo lo cual requiere también de una mayor comunicación y de un diálogo constante de los integrantes del nuevo Congreso de diputados y diputadas con la sociedad, y de actividades que propicien el consenso nacional, así como el apropiado diálogo y concertación con los otros órganos del Estado, en particular con el Poder Ejecutivo.
La elección de diputados y diputadas, para el período 2022 – 2026, es oportunidad para comenzar a revertir la orientación social creciente de pérdida de credibilidad de las instituciones políticas, entre ellas la parlamentaria. Esa oportunidad sólo será aprovechada eficazmente si votamos por aspirantes que garanticen ser nuestros diputados y diputadas comprometidos con el correcto desempeño político como hombres y mujeres de Estado integrantes de un Poder Legislativo que debe caracterizarse, cada vez más, por el sello de la dignidad, responsabilidad y eficiencia. Ese voto consciente y responsable será el mensaje, de cada ciudadano o ciudadana, de haber realmente asumido constitucionalmente el honor y la responsabilidad del ejercicio debido de la soberanía popular que nos corresponde.
Con ese propósito, debemos orientar nuestros votos hacia representantes legislativos con conocimientos, honradez, tolerancia y capacidad de diálogo pluralista para encontrar soluciones en favor del progreso nacional. Se deberá promover y realizar verdaderos debates parlamentarios y concertar cívicamente para desarrollar leyes innovadoras de gestión democrática integral, teniendo presente nuestra realidad actual, nuestras limitaciones, nuestros propios recursos valorizados, y nuestras expectativas en Centroamérica y en el orden internacional en transformación.
Ello, permitirá, al fin, el cívico ejercicio de la investidura como integrante del Poder Legislativo, en el espíritu de lo esperado desde nuestra independencia, tal como ha sido la expectativa del pueblo soberano, en todos los tiempos, pues: “Los pueblos se prometen cosechas ricas y hermosas. Han elegido diputados a los que han juzgado dignos de serlo; a los que han creído posesores de todas las calidades que exige título tan grande; a los que han considerado penetrados del fuego único que debe animar a los representantes de una nación”. José Cecilio del Valle.
