Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Una de las palabras que se ha estado escuchando en los últimos días es nacionalización, otros dicen expropiación, esto debido a la situación surgida con operadores de energía, aunque se puede percibir solo como voces altisonantes, también surgen dudas, y la consulta es ¿si podría haber algo más detrás de esas voces?
– Empresarios y otros sectores confían en que tema de naturalización o expropiación, sean opiniones personales que no responden a una agenda de Gobierno.
– Diputados aseguraron a representantes de Cohep que la Ley no va en ese sentido de nacionalizar empresas.
Los términos empiezan a sonar luego de la polémica que causó la denuncia del ministro de Energía, Erick Tejada, quien, a través de sus redes sociales, dio a conocer que la empresa térmica Lufussa estaría amenazando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y al gobierno hondureño con suspender parcialmente el suministro de energía a partir de este mes de mayo.
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Seguidamente, algunos diputados de Libertad y Refundación (Libre), como Jari Dixon y Edgardo Castro, propusieron nacionalizar las empresas térmicas, por su parte el dirigente de Libre, Gilberto Ríos, incluso realizó encuestas en las redes consultando sobre el tema.
Asimismo, el viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, advirtió que, si los generadores de energía se niegan a negociar, entonces, al Gobierno, no le quedará más que tomar medidas drásticas como nacionalizar a las empresas térmicas.
Luego el tema sigue en la palestra pública ya que como medidas de rescate del subsector eléctrico el Ejecutivo, comandado por la presidenta Xiomara Castro, envió al Congreso una reforma energética, que se aprobó la madrugada de este jueves, en ella se contempla la cancelación de contratos con los generadores de energía y la nacionalización de las plantas tras pago de justiprecio, sino hay acuerdo.
La controversia ha sido tal que, debido al tema energético, y en referencia al proyecto de Ley, la embajada de Estados Unidos y la Cancillería hondureña, protagonizaron un cruce de mensajes, que sobrepasaron la sutileza de la diplomacia.
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¿Qué es nacionalización?
Las distintas definiciones que da el Derecho Administrativo al concepto de nacionalización se pueden resumir en que es el proceso mediante el cual el Estado pasa a ser propietario o controlador de bienes o actividades que hasta la fecha pertenecían al sector privado. De este modo, un medio de producción o explotación deja de pertenecer a empresas privadas para estar bajo el control de un gobierno en cuestión.
Los expertos entrevistados por Proceso Digital mencionan que entre las principales consecuencias que suelen tener los procesos de nacionalización; se pueden mencionar, el control del Estado en el bien nacionalizado o una mayor protección de los intereses nacionales.
También mayor burocratización, a lo que se le suma incertidumbre en los mercados de inversionistas.
Naturalización, expropiación ¿Hay diferencias?
Hay quienes no encuentran la diferencia entre estos conceptos y anotan que tienen la misma esencia.
Los conocedores explican que la principal característica de la expropiación es el carácter coactivo, ya que el individuo no ofrece su propiedad voluntariamente, es decir que en estos casos el Estado lo reclama de forma unilateral.
El concepto de naturalización es más suavizado o diplomático, marcan algunos, por otro lado, se encuentra el concepto de confiscación, en el cual si se marca un poco más la diferencia ya que se refiere a una sustracción de bienes sin ningún tipo de compensación a cambio y a veces hasta sin aviso previo.
Hablar de nacionalización incrementa el riesgo país
La nacionalización de una empresa, o de cualquier otro bien, despierta mucho resquemor y el proceso encuentra admiradores y detractores, mientras los primeros lo consideran justo, para los segundos es lo contrario.
Recientemente, el empresario y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, consultado por medios sobre la polémica de naturalización de generadores de energía manifestó que los hondureños no quieren una Venezuela.
Seguidamente citó que “seis meses después de haber expropiado en Venezuela, ya no había energía, ya no trabajaban los motores, no había capital para importar el combustible y pasó lo que pasó”, al tiempo que dijo que hay que valorar bien lo que se dice.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, manifestó a Proceso Digital, que hay que tener mucho cuidado con los términos, y no referirse a expropiación, aunque consideró que el Ejecutivo no lo ha hecho.
Se refirió de forma particular a la ley aprobada y que se denomina “Proyecto de Ley Para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social”, y mencionó que “estuvimos revisando el documento y está enmarcado en cosas que ya están dentro del marco de la Constitución”.
Para el caso menciona que lo que es el justiprecio es algo que está regulado, por ejemplo, cuando se va a construir una carretera y pasa por un terreno, entonces por ese terreno se paga un justiprecio porque se busca el bienestar general de la población, y es algo que existe no es nuevo, explicó.
Remarcó que hay diálogo franco con las autoridades de Gobierno, pero hay gente que de forma maliciosa está queriendo meter miedo que no corresponde.
“Hay que referirse bien, porque es bien delicado cuando alguien habla, o un legislador que habló de expropiación, eso es irresponsable, (…) porque el gobierno no ha dicho eso, nos lo aclararon, y la reforma del sector (eléctrico), es impostergable no se puede seguir con lo que está”.
En la actualidad, “no hay propósito de expropiación y hay diálogo sincero; eso es lo importante, porque hay que seguir construyendo esa confianza para lograr consensos y las soluciones que necesita el país”, cerró.
Para el economista, Roberto Lagos, la clase política no debería estar hablando de nacionalización, aunque se considera que lo que hay son posiciones personales, pero aun así afectan negativamente al país.
Palabra empeñada del CN, demuestra que son opiniones particulares
El gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, explicó que ha habido preocupación de parte del sector privado porque en la Ley de Energía en los Artículos 4 y 5 se da a entender como que va haber expropiación y nacionalización de empresas en el caso de no alcanzar un acuerdo.
En ese sentido, Solórzano dijo que se reunieron con la comisión de dictamen del Congreso y “por principio manifestamos que estamos en contra de cualquier figura qué sea orientada a la nacionalización y expropiación de empresas eso no lo vamos a permitir, no estamos de acuerdo con ello y así se hizo ver, que eso era no negociable por parte de la iniciativa de la empresa privada”.
Seguidamente, dijo que se hizo ver a los diputados que de la manera como los artículos están redactados puede generar un mal mensaje a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, porque habla de que prácticamente se puede comprar la empresa a un justiprecio, y aunque no dice ninguna frase de nacionalización o expropiación, se le puede dar ese sentido, por lo que se solicitó que se cambiara la redacción.
Los diputados de la comisión principalmente el presidente de la misma, Hugo Noé Pino, “nos atendieron muy bien y se nos dijo que en ningún momento la ley va en ese sentido”
“Todos nos manifestaron que no iba a haber nacionalización y expropiación, pero esperamos que esa manifestación que se nos hizo también puede ser trasladada al documento final (…), confiamos en la palabra que se nos empeñó en el Congreso”, cerró.
A criterio del director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Luis León, hay que tener claro y cuidado a que se le está llamando nacionalización del sistema energético hondureño, porque los proveedores de energía eléctrica en Honduras son en su mayor porcentaje, energía privada lo que significa que debe haber un juego de oferta y demanda entre la compra y la venta de energía para el consumo ciudadano.
“Si el concepto de ciudadanizar o nacionalizar la energía eléctrica pasa por que existan precios justos y no precios avorazados de mercado, creo que todos apoyamos eso, pero si el concepto es expropiar empresas, cosa que no creo que pase, pero expropiar empresas eso es algo muy fuera de lugar y genera desconfianza en la inversión privada”, remarcó en conversación con Proceso Digital.
Adicionalmente, expresó que cuando debe haber seguridad jurídica para que cualquier inversionista que venga a Honduras sienta que aquí no corre riesgo de ningún tipo.
De manera que “aquí lo que hay que tener cuidado es a lo que estamos llamando un derecho ciudadano a la energía eléctrica, definirlo bien y ponerle los parámetros correctos para evitar cualquier tipo de conflicto que incremente el riesgo de país”, concluyó.
Sobre el tema de nacionalización de empresas generadoras de energía, Proceso Digital, también consultó al sociólogo Lelys Paz, quien consideró que el Estado tiene que ser enérgico, para que empresarios que se han lucrado del erario público, no pretendan chantajear con un servicio y que ofrezcan precios justos, porque hasta ahora los precios han sido muy onerosos.
No obstante, reconoció que no es momento apropiado para llegar a un nivel de confrontación (…) no convienen en términos estratégicos abordar ese tema de nacionalización, en este momento “porque puede traer crispación y lo que menos se quiere es eso, porque el Gobierno está haciendo bien las cosas por eso se le pide a la empresa privada que una al esfuerzo de la construcción del país”.
El Estado es mal administrador
La historia, registra que el Estado no es buen administrador sobre todo en Honduras donde se ha perdido la institucionalidad y el Estado de Derecho, entonces para qué quiere nacionalizar empresas que representarían un alto costo y ya tiene suficiente con la ENEE.
Además de los costos la naturalización, también distorsiona la competencia y crea suspicacia en los potenciales inversionistas, de modo que este tema no debería estar en la agenda, sobre todo cuando Honduras tiene problemas a montón por resolver, puntualizaron los entrevistados. LB
