El Congreso Nacional aprobará en las próximaas horas el anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la República para el ejercicio fiscal 2023 que envió el Poder Ejecutivo desde el mes de septiembre pasado. La cuenta sumará mas de 392 mil millones de lempiras, de lejos la mas alta de la historia del país.
Los expertos en cifras piensan que, de gastarse este dinero, la ciudadanía verá como las instituciones públicas absorberán casi la mitad de lo que los hondureños produzcamos el próximo año. La pregunta es: ¿Vale la pena que la gente le confíe al gobierno tanto dinero a fin de que estos recursos sirvan para mejorar su bienestar?
Es complejo responder. Desde el punto de vista de los resultados obtenidos a lo largo de los últimos cincuenta años, es evidente que no.
De repente sería mejor cerrar un montón de Secretarías de Estado u otros organismos cuyo desempeño es mas bien discreto y así, reducir la carga impositiva que ya es un agobio para la gente. ¿O acaso cree usted que se caería la producción de alimentos o las exportaciones agrícolas si cerraran la Secretaría de Agricultura y Ganadería o la de Desarrollo Económico?
Por otro lado, debemos admitir que un estado como el nuestro, con tantos limitantes en sus indicadores sociales y de producción, debe contar un sector público constreñido en generar mayores oportunidades de desarrollo a la población. Esto implica sistemas de salud y educación de buena calidad, servicios básicos de agua potable y saneamiento para todas y todos, carreteras, puertos y aeropuertos que faciliten el desarrollo de negocios, así como una seguridad jurídica y humana, que garantice la paz y la confianza de la gente. Todo eso cuesta dinero ¡y mucho!
Y es que el problema con el fisco es que su accionar no pasa desapercibido. Lo que el gobierno haga o deje de hacer con ese dinero, tiene un efecto directo en el devenir del país para bien o para mal. Así que es muy importante que nos mantengamos alerta acerca de lo que pasará con esos miles de millones que las distintas instancias públicas se gastarán el próximo año.
Empecemos por lo mas importante: La inversión pública, es decir, el gasto gubernamental en bienes de capital o de infraestructura en apoyo a la producción.
Un criterio sano en este particular es que dicho gasto sea un complemento a la inversión privada que hace el sector empresarial del país. Ambas, inversión pública y privada bien evaluadas, constituyen el motor del crecientito económico.
Pues la SEFIN presentó al Congreso Nacional un programa para tal fin por un valor de 36 mil millones de lempiras, o sea, menos del 10% del presupuesto total. Si a esto le quitamos lo que será transferido a la llamada “Red Solidaria”, el monto se reduce a la mitad.
Es decir, la inversión efectiva del gobierno será de apenas el 2% del PIB proyectado para el próximo año. ¿Puede una economía tener esperanzas en su futuro con una inversión pública de este tipo? Lo dudo.
Y es que persiste el fisco en mantener una carga en gasto corriente demasiado ominosa. Solo en sueldos, salarios y otros gastos personales, los hondureños pagaremos más de 51 mil millones de lempiras, cuatro veces el gasto de inversión. Otra vez la pregunta: ¿Vale la pena sacrificar tanto en impuestos para mantener una planilla tan grande? Pienso que no.
El otro aspecto que no puede dejar de inquietar es la carga por el pago del servicio de la deuda pública, que para 2009 era de apenas L 10 mil millones y en 2023 será de L 50 mil millones ¡Se quintuplicó! Hay que prestarle mucha atención a esto, porque cuando nos toque abonar al capital por el pago de los llamados bonos soberanos, la cosa se nos va a ir bastante arriba.
Pero esto no termina ahí. Nuestra constitución obliga al gobierno a transferir parte de los recursos a las municipalidades, poder judicial, universidades y otros. Por ahí se van unos L 30 mil millones y es de esperar que sean bien invertidos para bien de la ciudadanía que tiene razón de inquietarse. ¡En fin! Si queremos que valga la pena un sacrificio semejante, es necesario pensar en qué hacer para que el gasto público tenga sentido en términos de la calidad de vida de quienes lo financiamos.
