Caracas – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) culpó hoy a las fuerzas del orden por las 39 muertes en una masacre en agosto dentro del Centro de Detención Judicial del estado Amazonas (CDJA), ubicado en el sur del país caribeño.
La refriega entre oficiales y reos se produjo cuando una comisión mixta de policías y militares requisaba el centro penitenciario y se saldó con 39 presos fallecidos -equivalente al 39 % de la población penal del CDJA- y cinco funcionarios heridos.
«Los funcionarios actuantes no mostraron interés alguno en emplear mecanismos alternativos al uso de la fuerza y su actuación desveló una clara intención de generar el mayor daño posible a las víctimas», dice un comunicado del OVP, que presentó hoy un informe sobre el caso y denunció la impunidad en este sentido.
La ONG denunció que el operativo policial se llevó a cabo en horas nocturnas, sin intervención de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público lo que, afirma, revela «un patrón de premeditación y alevosía por parte de los agentes de la fuerza pública».
«No hubo ninguna voluntad de dialogar con los reclusos para que se permitiera, como mínimo, la salida de tres niños menores de cuatro años que se encontraban en el recinto, uno de ellos de seis meses, y de las diez mujeres que eran parte de la visita», prosigue el escrito.
El observatorio aseguró también que varios reclusos sobrevivientes fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras que algunos de los familiares de los reos sufrieron «tormentos psicológicos, burlas y agresiones» por parte de los uniformados que participaron en la requisa.
«Información aportada al OVP por sobrevivientes de la masacre, indica que los reclusos que habían sido heridos en la refriega fueron posteriormente ejecutados. Además, muchos privados de libertad fueron torturados antes de ser asesinados. Algunos reclusos fueron asesinados con más de 10 impactos de bala, muchos de ellos a la altura de la nuca y la cabeza», agrega la ONG.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, la Fiscalía, y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada solo por oficialistas, abrieron sendas investigaciones sobre esta masacre sin que hasta ahora se conozcan resultados de ninguno de estos organismos.
