Tegucigalpa – La fase de aseguramientos de bienes y propiedades -conocida como Arrecife II- que inició esta semana podría arrojar luces sobre la identidad de los próximos extraditables hondureños.
Al menos 53 bienes serán inmovilizados por la Fiscalía hondureña en Trujillo, Tocoa, Sabá y Olanchito, zona caribeña del país.
Hasta este martes se habían asegurado una veintena de propiedades, vehículos, bienes muebles e inmuebles, la mayoría propiedad de Javier Antonio Cerrato Oliva y su esposa Sonia Anabel Padilla Cruz.
Para la criminóloga, Arabesca Sánchez, las acciones de esta semana llevan a creer que los procesos de extradición iniciados en 2014 extenderán su mano a sectores empresariales, políticos y hasta funcionarios públicos.
Exteriorizó que las últimas incautaciones solo es la antesala de los próximos procesos de extradición que se vislumbran en el país.
“Los hemos sorprendido por la cantidad de bienes incautados ya que eso solo indica que existe en el país una red de bienes y recursos económicos que son propiedad del crimen organizado”, indicó Sánchez.
En ese sentido, dijo que el Estado tiene una gran tarea por delante ya que necesita ir identificando cuáles son las otras redes que existen en los corredores de la droga en territorio noratlántico y occidental del país para ir trabajando en los siguientes procesos de extradición.
Seis órdenes de captura pendientes
En declaraciones recientes el titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, reafirmó que existen al menos seis órdenes de captura pendientes contra extraditables hondureños reclamados por Estados Unidos.
A la par de esas afirmaciones, la Cancillería hondureña afirmó que desde el primer pedido de extradición -Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo- han recibido 27 solicitudes iguales de Washington, todas enviadas a la Corte Suprema de Justicia a las 48 horas después de haber sido recibidas.
De su lado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, acotó que entre las restantes 18 solicitudes de extradición -porque 10 ya fueron ejecutadas- algunas ya fueron turnadas a magistrados y otras aún están en proceso.
Rivera Avilés arrojó importantes luces al referir que varios personajes hondureños se entregaron a Estados Unidos sin tener pedidos de extradición, al tiempo que muchos también huyen sin figurar en la lista que tiene pendiente la Corte de Justicia.
Lo que sí se sabe es que la última solicitud de extradición por parte de EEUU hacia autoridades hondureñas es la del empresario Jaime Rosenthal, la que será conocida el miércoles de esta semana en reunión del pleno de la CSJ.
Los últimos aseguramientos
Los aseguramientos de este martes realizados por las autoridades hondureñas, en conjunto con personeros de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y que forman parte de la Operación Arrecife II, tuvieron lugar en el Litoral Atlántico.
Entre lo inmovilizado está una hacienda de 160 manzanas de terreno, 63 cabezas de ganado en el sector de Planes, una vivienda en el barrio las Flores de Tocoa, 21 vehículos tipo camión en Tocoa.
De acuerdo a la documentación presentada las propiedades están a nombre de Javier Antonio Cerrato Oliva.
Mientras el lunes de la presente semana fueron aseguradas en este mismo caso, dos casas, dos ferreterías, una bloquera, seis volquetas, 12 camiones, 1 retroexcavadora, un vehículo liviano, una lancha y tres pistolas.
De acuerdo a investigaciones del Ministerio Público, la mayoría de los 53 bienes que serán asegurados están a nombre de Javier Antonio Cerrato Oliva y su esposa Sonia Anabel Padilla Cruz, así como otros miembros del núcleo familiar.
Todas estas personas son investigadas desde 2006, después que la Fiscalía Contra el Crimen organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibiera información proveniente de fuentes anónimas y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en donde indicaban un crecimiento patrimonial y transacciones atípicas en el sistema financiero.
Otro detalle es que durante el análisis patrimonial y las investigaciones de campo se logró determinar la relación entre Cerrato Oliva y Wilter Neptaly Blanco Ruiz, a quien en abril de 2015, la Fiscalía y otros organismos de seguridad del Estado, realizaron acciones de aseguramiento de los bienes por existir orden emitida por el juzgado respectivo a petición del Ministerio Público, dando seguimiento al expediente investigativo en contra de los mismos.
