Lo anterior lo informó el magistrado del TSC, Renán Sagastume, quien explicó que así se lo hizo saber al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) Romeo Vásquez Velásquez, quien fue comisionado por el Ejecutivo para coordinar el proceso de habilitación de Palmerola.
El mes pasado y luego del accidente del Airbus 320 de Taca en el aeropuerto Toncontín, el gobierno de la República decretó el estado de emergencia en los cuatro aeropuertos nacionales y anunció una inversión, mediante compra directa, de 40 millones de lempiras en la base militar en mención.
La semana anterior, el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio hizo un llamamiento al presidente Manuel Zelaya a que anule un decreto de «emergencia», mediante el cual su gobierno autoriza la compra sin licitación de algunos requerimientos para acondicionar la base militar para vuelos comerciales.
Custodio le recordó a Zelaya que su gobierno está incumpliendo la Convención Interamericana contra la Corrupción «que le recomendó en el 2006 eliminar de la Ley de Contratación del Estado la amplia discrecionalidad que se permite en situaciones de emergencia».
Sagastume indicó que el jefe del Estado Mayor de las FFAA invitó al TSC a participar en el proceso, pero el pleno de magistrados determinó abstenerse de hacerlo bajo el argumento que la declaratoria de emergencia no estaba claramente tipificada en este caso particular.
“Nosotros consideramos que no era conveniente nuestra participación, esto por supuesto sin perjuicio de la facultad que tiene el Tribunal Superior de Cuentas de investigar a posteriori todo el proceso en su conjunto”, indicó.
Dijo que los miembros del TSC han exteriorizado su preocupación, no solo por este proceso de adquisición que pretende materializar el gobierno, sino también por otros más que se han hecho, sin las correspondientes licitaciones públicas y amparados en las inveteradas compras directas.
Sagastume recordó que en el gobierno del ex presidente Carlos Roberto Flores, después del huracán Mitch, se inició un proceso de fortalecimiento del sistema de compras y contrataciones del Estado, mediante una nueva ley, un nuevo reglamento y el establecimiento de la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones (Uncae).
Dijo que en este proceso se invirtieron miles de millones de lempiras para fortalecer los procesos de licitación, que lamentablemente en buena parte de esta administración gubernamental se han abandonado.
“Lo que estamos viendo con preocupación es que ahora todo se ha vuelto emergencia y que se está utilizando preferiblemente el término de compra de emergencia o contratación directa, sin que se dé la emergencia que prevé el artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado”, anotó.
El magistrado agregó que con esto lo que se está haciendo es suplir las deficiencias en el sistema de planificación de adquisiciones del Estado, lo que lleva a hacer acopio de las acostumbradas compras de emergencia porque no hay una verdadera planificación en este campo.
El funcionario aclaró que las compras de emergencias están contempladas en la ley, pero deben de cumplir algunas condiciones como en situaciones de calamidad pública, guerra o una epidemia o emergencia real.
“En conclusión, en este punto especifico para la compra directa para habilitar la pista de Palmerola como aeropuerto civil, el TSC ya había dicho al general Romeo Vásquez Velásquez, su decisión de no participar en el proceso porque no se tipificaba las causales de la emergencia”, afirmó.
Se estima que el año pasado las diferentes dependencias del gobierno de la República realizaron compras directas con carácter de emergencia por un monto de 6,000 millones de lempiras, pero según el TSC, en lo que va del 2008, esa cifra ya supera los 10,000 millones de lempiras.
