Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó en las últimas horas al Ministerio Público, el Informe Especial número002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B que contiene indicios de responsabilidad penal en seis hechos detectados en compras y contrataciones ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), durante la emergencia sanitaria nacional provocada por la pandemia del COVID-19.
Se trata de irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento; hay inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos.
Asimismo, inconsistencias en el proceso de compra de 250 mil pruebas para COVID-19 las que además se dañaron por mal manejo.
Otra irregularidad encontrada por el TSC es la contratación de una empresa constructora propiedad de un familiar del exdirector ejecutivo de Invest-H.
El organismo contralor también encontró inconsistencias en la compra de mascarillas y que el consejo directivo de Invest-H, no intervino oportunamente en compras realizadas.
Del análisis de las pruebas recabadas el TSC encontró méritos suficientes para remitir un nuevo informe al MP, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
A dicho informe lo acompañó el oficio dirigido al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, en el cual se pide proceder a realizar las acciones correspondientes, debido a que existen indicios de responsabilidad penal relacionados a la adquisición de siete hospitales móviles (tres de 91 camas y cuatro de 51) y siete plantas de tratamiento de desechos médicos, compra de insumos de bioseguridad personal y equipo biomédico, así como la supervisión de planteles donde se instalarían dichos hospitales, entre otros.
Se concluye que “la Dirección Ejecutiva de Invest-Honduras, sin consultar a su Consejo Directivo como máxima autoridad y este Consejo sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio en base a ser su máxima autoridad, realizó en amparo a la emergencia sanitaria nacional desembolsos por valor de 60,757,587.50 dólares, más 21,535,986.76 lempiras, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe perjuicios a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el COVID-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada”.
El presente informe integral reviste características de solidez y profesionalismo, contiene elementos para acreditar la existencia de indicios de responsabilidad penal, mismo que servirá de soporte al MP para el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales.
Las diligencias realizadas incluyen inspecciones y revisión documental obtenida en Invest-H, Salud y por asistencia internacional gestionada a través de la Cancillería de la República, a fin de constatar cada uno de los hechos identificados.
La amplia auditoría especial en Invest-H continúa, los informes se notificarán en la medida del avance de las acciones de fiscalización, señala el TSC en su informe.
(om)
