El Consejo Nacional Anticorrupción publicó en 2011 el Informe Nacional de Transparencia correspondiente a dicho año.
En el capítulo 2 dicho informe se refiere a la Confianza de la Ciudadanía en el Poder Legislativo.
El informe indicó que Honduras, cuenta con la mayor parte de las regulaciones necesarias para un combate efectivo de la corrupción y las mismas se encuentran alineadas con los convenios internacionales sobre la materia. El tema fundamental entonces, es la ausencia de aplicación de las normas y por consiguiente la persistencia de la impunidad.
La impunidad incita a un individuo con propensión a cometer actos de corrupción, porque calcula que la probabilidad de castigo, en caso de ser detectado, es bastante baja. Tanto la Constitución de la República como el Reglamento Interior del Congreso Nacional, muy poco dicen sobre la independencia y transparencia con que éste poder del Estado debe actuar. Según el Reglamento, que fue aprobado en 1982, el presidente del Congreso Nacional ha gozado de amplia discrecionalidad de tal manera que puede formar o no comisiones, introducir agendas sin consultar a nadie, incorporar suplentes a su conveniencia, suspender abruptamente una discusión y, lo que es peor aún, manejar sin mayores controles el presupuesto asignado al Legislativo.
Uno de los grandes vacíos de ese presupuesto es que nunca presenta desgloses. Vale consignar que ni los partidos tradicionales, ni los emergentes, quizás por cálculo, han intentado materializar acciones que modifiquen las actividades y funcionamiento del Congreso Nacional. Tampoco sobre los subsidios hay una verdadera rendición de cuentas y pese a que es creciente la presión de la sociedad civil para que se informe acerca de los mismos, la actitud de la mayoría de los diputados, pertenecientes a las cinco bancadas, es de incomodidad o de silencio.
La incorporación del reloj electrónico ha sido positiva, pero no hay que esperar que de eso dependerá la modernización del Poder Legislativo. El verdadero cambio hay que entenderlo como democratización, y ésta tendría que pasar, necesariamente, por la aprobación de una nueva normativa legal que rija la vida del Congreso Nacional; que abra cauces para la independencia y transparencia de éste, sentando las bases de un uso correcto de la técnica legislativa; su administración en general y particularmente de su presupuesto, con los debidos desgloses y la rendición de cuentas propia de una verdadera democracia.
Las compañías bananeras en su tiempo (Carta Rolston) y las Fuerzas Armadas (“presidente y jefe de las FFAA son dos personas distintas”, elecciones 1965) en décadas posteriores torcieron la independencia que debe tener el poder legislativo. La injerencia del poder económico y político, y de las cúpulas partidarias, especialmente las de los partidos tradicionales, sigue siendo una realidad en la vida del Congreso Nacional, lo que tiene manifestaciones concretas en los temas de leyes que solo les falta el nombre del beneficiado, condonaciones, concesiones y nombramientos de altos funcionarios que aparecen consignados en el artículo 205, numeral 11, de la Carta Magna.
El Decreto 263-2013, Ley Orgánica del Poder Legislativo, publicado el 23 de enero de 2014 y reformada por los decretos 117-2019 y 140-2021, no resolvieron las falencias del Reglamento interior. Las profundizaron expandiendo el ámbito del Congreso Nacional y ampliando la discrecionalidad de su presidente. La Pandemia de COVID-19 y el expediente de sesiones vía Zoom, aumentaron las irregularidades del legislativo. Para rematar, el absolutismo actual de la junta directiva restringe la introducción de iniciativas; incumple la agenda legislativa; y maneja sus obligaciones con el mayor autoritarismo nunca visto.
Para que el poder legislativo recobre la confianza de la población debe prevalecer la transparencia en el manejo del presupuesto del Congreso Nacional y al menos deben publicarse los desgloses que muestren en detalle su destino, así como debe existir rendición de cuentas sobre su uso y ejecución. Desgraciadamente ninguna de esas condiciones se cumple, por lo que el nivel de transparencia resulta hoy, más bajo que el percibido hace 14 años.
