Tegucigalpa – La tragedia sucedida el pasado 20 de junio en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde murieron 46 mujeres de forma violenta, es otra situación que se pudo prevenir y evitar si el Estado, hubiera atendido a tiempo recomendaciones de expertos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo la coordinadora de Cristosal, Karen Valladares.
No obstante, la defensora refirió que la CIDH, había hecho varias observaciones y recomendaciones a Honduras sobre el sistema penitenciario del país en cuanto al hacinamiento y corrupción, pero las mismas no se atendieron “no se mostró preocupación” ante dicha advertencia.
Por el contrario, se quedaron sordos, ciegos y mudos, y no hubo una preocupación real, para hacer las pesquisas y haber tomado las medidas necesarias para evitar esta tragedia humana, continuó Valladares.
La coordinadora de Cristosal, lamentó que hasta el momento no se tiene una respuesta directa hacia las familias de las víctimas que tanto lo requieren para tener acceso a la justicia y al debido proceso.
Cristosal enfatiza que falta retomar el enfoque de derechos tal como manifiesta la CIDH; y el Estado debe garantizar condiciones para prevenir estas tragedias que llenan de luto a la sociedad hondureña y también garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, luego que de la tragedia se derivó la intervención de las cárceles a cargo de los militares. LB
