Tegucigalpa – Hoy la comunidad garífuna de Honduras recuerda que con la desaparición de Milton Martínez, Suami Aparicio Mejía, Gerardo Misael Trochez y Albert Snaider Centeno, se cumplen cinco años de terror, “cinco años de pensar de que en cualquier momento puede ocurrir nuevamente lo mismo”.
– Familiares de los jóvenes garífunas desaparecidos tuvieron que emigrar por todo el contexto de violencia.
La criminalización de los defensores del territorio y de los derechos del pueblo garífuna sigue tejiéndose en el país, mientras los garífunas hondureños exigen al Estado de Honduras respuestas sobre el paradero jóvenes que fueron sacados de sus casas en el Triunfo de la Cruz en la madrugada del 18 de julio de 2020 -en plena pandemia de COVID-19-.
Los episodios donde al igual que aquella madrugada cuando sujetos que vestían uniformes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), siguen repitiéndose en las comunidades garífunas, por eso el temor de que en cualquier momento se repita un hecho similar es latente.
Desde ese acontecimiento en 2020, decenas de líderes de la etnia garífuna han perdido la vida bajo circunstancias violentas, bajo el denominador común de la nula investigación, y por ende, judicialización de los casos.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), de la Regional del Norte de San Pedro Sula, que dirigió técnica y jurídicamente el proceso investigativo en conjunto con cuerpos especializados de la Policía Nacional, estableció la participación de las dieciséis personas acusadas, supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), que habrían participado en los hechos ilícitos.
A la fecha, cinco personas guardan prisión bajo la acusación de asociación terrorista, seis delitos de allanamiento de morada, cinco delitos de privación ilegal de la libertad agravada y dos delitos de robo con violencia o intimidación. Hay pendiente cuatro órdenes de captura.
Estado de indefensión
Para el periodista garífuna, Kenny Castillo este quinto aniversario de la desaparición forzada de los líderes garífunas “son 5 años de terror, 5 años de pensar de que en cualquier momento puede ocurrir nuevamente lo mismo”.
Como comunicador e hijo garífuna, Castillo sigue de cerca este acontecimiento que marcó la vida de los pobladores del Triunfo de la Cruz, de la etnia y de todo el país. Este lustro es un periodo en que “nos damos cuenta de que la comunidad garífuna en su totalidad vive en una situación de desprotección, de indefensión”, dijo a Proceso Digital.
“Nosotros nos hemos preguntado que ahora que hay tantas cámaras que se instalan en las ciudades, ¿por qué no instalar cámaras en las comunidades de garífunas?”, señaló.
Así, en el quinto aniversario de este fatídico día, para quienes tienen raíces de la etnia garífuna hondureña, el reclamo para que el accionar del Estado sea una realidad en este caso.
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“Una vez más estamos reiterando y exigiendo el accionar del Estado de esta situación y que nos digan que es la verdad, quienes participaron y todo. Nosotros sabemos que con voluntad del Estado, este es capaz de todo, tienen la capacidad, tienen un mecanismo de investigación, las inteligencias, la gente para poder explicarnos qué fue lo que realmente pasó”.
Castillo es consciente de que la defensa de los territorios ancestrales provoca bastante incomodidad en sectores poderosos “que de repente manejan la justicia a su antojo y en esa lucha nos sentimos solos”.
No obstante, agregó “Gracias a Dios, tenemos una población con bastante resistencia y es así como hemos podido, más o menos aguantar la presión, obviamente al ser una población desarmada nosotros seguimos siendo las víctimas”.
La diputada garífuna, Johana Bermúdez recordó que cuando pasó el incidente, estuvo muy de cerca de las familias y conoció que algunas pidieron asilo en los Estados Unidos.
“Algunos tuvieron que emigrar por todo el contexto de violencia que en este momento siguen viviendo el resto de familiares en la comunidad”, mencionó en una entrevista a Proceso Digital.
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Tras cinco años sin conocer el paradero de los jóvenes, Bermúdez expresó que sigue la exigencia al gobierno de Libertad y Refundación (Libre), y especial “a los activistas garífunas que hoy están cómodamente sentaos, ¿dónde están las acciones que han hecho para que el gobierno encuentre a los jóvenes desaparecidos? ¿dónde están las acciones tangibles y evidencias claras de que este gobierno sí ha estado interesado en encontrar culpables del caso?”.
Criminalización
Durante estos cinco años y mucho antes de la desaparición de los jóvenes garífunas, la criminalización de esta etnia continúa.
“El Estado es responsable por esta persecución y criminalización hacia la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh)”, recriminó la líder garífuna, Mirian Miranda tras ser citada nuevamente por los juzgados de la república.
Al ser requerida por la justicia, Miranda recordó que el Estado sigue sin cumplir las tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con la violación de derechos de comunidades garífunas: el Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, que datan de 2015 y San Juan, 2023. La primera de estas sentencias cumple una década, sin que haya sido cumplida, dentro de tres meses.
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Miranda, al igual que otros integrantes de Ofraneh también ha recibido amenazas mediante detenciones, audios, presencia policial en sus comunidades e incluso casos de intimidación más directos, como el denunciado por Mabel Robledo hace tres semanas.
“La Policía en vez de ayudar más bien procedió a detenerla y torturarla”, reclamó Miranda al hacer de conocimiento público la presidenta del patronato de Nueva Armenia, fue agredida por cuatro personas que la atacaron en la carretera entre su comunidad y Jutiapa.
Robledo, quien fue declarante en la audiencia del caso Cayos Cochinos versus Estado Honduras, ante la Corte IDH ya había sido retenida previamente por la Policía Nacional.
Alertas
Las constantes detenciones de dirigentes indígenas han llevado al Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) a solicitar una intervención urgente a esta criminalización, como lo ocurrió en el caso de las defensoras garífunas Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Sarina Mejía Solórzano, ambas con expedientes donde ese les señala de “usurpación de tierras”, “daños” y “amenazas”.
“El Observatorio exige a las autoridades hondureñas que pongan fin a cualquier acto de represión y persecución contra las y los miembros de las comunidades garífunas, particularmente de la comunidad de Triunfo de la Cruz y de todas las personas que lideran acciones en defensa de los territorios; garantizando su integridad física y psicológica; e investigando cualquier acto de intimidación, hostigamiento y amenaza de manera independiente e imparcial”, cita la más reciente declaración de la OMCT sobre la impunidad en casos de comunidades garífunas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos en las Américas, y en el mundo, para la defensa de los derechos humanos.
“Honduras debe dejar de utilizar indebidamente el derecho penal para perseguir a los defensores de derechos humanos y estigmatizar a la comunidad garífuna”, ha señalado Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
En tanto Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha llamado la atención en repetidas ocasiones a Honduras por su falta de protección para con los Garífunas.
Más recientemente, el Índice Global de la Tortura 2025 refirió que “quienes defienden los derechos humanos viven una situación de extremo riesgo debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra buscando silenciar sus causas. En particular, resulta muy preocupante el número de asesinatos en contra de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio”.
Al respecto, Carlos Paz, director de Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula, indicó a Proceso Digital que la situación de los pueblos garífunas es preocupante y más aún cuando quienes violentan los derechos de estas comunidades son las mismas autoridades.
“Aquí ocurre otra situación donde no es el estado de excepción per se que se practica, sino la práctica cotidiana de criminalización, primero de estigmatización, de descredito contra estas personas y que posteriormente va derivar en su judicialización”, afirmó.
Respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía explicó a Proceso Digital algunas sentencias tiene entre siete y diez puntos, pero que no es que no se cumplan, sino que se hace de forma parcial.
“En el caso de los pueblos garífunas, han cumplido algunos puntos, pero hay puntos que no han cumplido como la investigación de los hechos, amenazas, asesinatos o por ejemplo la restitución de la tierra”, dijo.
Mejía también relató que en la sentencia más reciente, la de San Juan contra Honduras, “desafortunadamente la Corte dictó una sentencia que implica una regresión, porque a pesar de que reconoce el derecho a la consulta previa al pueblo garífuna, al final le da la oportunidad al Estado que haga un análisis de proporcionalidad porque estamos hablando de cinco mil pobladores que están en territorio garífuna que compraron de buena fe y la Corte dice que es más difícil sacar a esas cinco mil personas y que se les indemnice o que el Estado tenga que entregarle al pueblo garífuna otra tierra de la misma calidad”. VC
