Muerte, desapariciones y amenazas rondan a defensores garífunas

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Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), es definitiva y no hay vuelta atrás, el Estado tiene que cumplir sí o sí, esa sigue y seguirá siendo nuestra lucha, pese al temor, las amenazas y todos los intereses oscuros que rodean estos casos de la defensa de la tierra, dijo de entrada a Proceso Digital, el líder de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, Alfredo López.

– Comunidades garífunas viven con temor, pero no desmayan en el reclamo de sus derechos.

– Intereses económicos y falta de voluntad política, impiden el cumplimiento de sentencias, según comunidades y abogados.

– Impunidad es el común en casos de defensores muertos y desaparecidos.

Alfredo López, es protagonista activo de todo el proceso de la defensa de la tierra en su comunidad, primero en su caso personal López Álvarez Vs. Honduras, diligencias por el cual el Estado fue condenado por la detención ilegal arbitraria y las condiciones de su detención y la falta de un debido proceso por lo que estuvo privado de libertad durante 6 años y 4 meses.

Este caso creó jurisprudencia para otros casos entre estos el denominado Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras y el de Corte IDH.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH), dictó sentencias definitivas en octubre de 2015 y de forma unánime condenó al Estado de Honduras como responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva en prejuicio de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz; a la fecha el Estado sigue sin cumplir las sentencias.

Impunidad es el común en casos de defensores muertos y desaparecidos.

El temor invade a los protagonistas

El incumplimiento de las sentencias significa serias consecuencias para las comunidades, porque sus pobladores siguen expuestos, y casos de muertes, desapariciones forzadas y amenazas están a la orden del día, expusieron a Proceso Digital miembros del pueblo Garífuna.

Las evidencias están más que claras ya que los primeros meses de este año se reportan ocho asesinatos de ambientalistas, es decir que cada siete días se ha ultimado a un defensor de la tierra este 2023.

 ¿Influye el no cumplimiento de las sentencias para que se sigan dando delitos en las comunidades? consultó Proceso Digital a Alfredo López, quien respondió; sí, claro que sí, hay fuerzas extrañas capaces de hacer cualquier cosa, aquí hay intereses muy fuertes en estas tierras uno es el narcotráfico nosotros estamos en toda la costa del caribe hondureño y a estas costas llegan muchas embarcaciones, usan nuestras comunidades y luego nos echan la culpa a nosotros, eso significa hasta la muerte.

¿Hay temor de parte de la comunidad y usted en lo particular tiene miedo, ante tanto hecho violento y amenazas? Mire, hay mucho temor la comunidad, está intimidada, tenemos un trabajo bien difícil.

Aquí ha habido un montón de asesinatos de hermanos pescadores, para el caso en Cayos Cochinos y después sólo figuran como desaparecidos, ni siquiera ha habido una investigación; y aquí en Triunfo de la Cruz tenemos muchos desaparecidos y secuestrados recordamos el caso de los más sonados de los cuatro garífunas que secuestraron en sus casas, recordó.

LEER: ¿Qué se sabe del caso de los cuatro líderes garífunas desaparecidos?

Seguidamente, relató que él ha recibido amenazas serias y toda la comunidad pese a que todos gozan de medidas cautelares, “en diciembre me dieron 24 horas para salir de la comunidad, lógicamente yo no me iba a ir”, remarcó.

Pero después de esa amenaza no descartó que ya se hayan dado las primeras represalias, porque un compañero que trabajaba conmigo apareció muerto, él era Ricardo Arnaúl Montero, y esa muerte como muchas otras no ha sido investigada y quedan en la impunidad, lamentó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH), dictó sentencias definitivas en octubre de 2015 y de forma unánime condenó al Estado de Honduras como responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva en prejuicio de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Fuertes intereses

El líder comunal insistió en que hay demasiados intereses por las tierras de los garífunas por lo que los defensores están en constante amenaza, pese a una sentencia internacional, para el caso mencionó que hay proyectos de “ricos y famosos”, como el de Marbella y Playa Escondida que ahora reclaman indemnizaciones millonarias que el Estado se ha declarado incapaz de pagar, por lo que ellos proponen que saquen a la comunidad garífuna para otro territorio.

“Eso no se permitirá jamás, nunca lo hemos puesto ni siquiera en consideración, hay una sentencia internacional que ha pasado y agotado todos los recursos y se ha demorado más de 25 años y hemos sentado un precedente en la historia del pueblo garífuna a nivel mundial y este trabajo ha creado jurisprudencia, nosotros no tenemos más que seguir hasta que se nos cumpla”, explicó.

Sí, hay temor y ya muchos de la comunidad han migrado o mejor dicho han sido desplazados y se han ido a Estados Unidos, y otros rumbos, por el mismo miedo y falta de desarrollo en nuestros pueblos, lamentó al tiempo que dijo que aún queda un poco de esperanza y seguirán exigiendo justicia por los muertos y desaparecidos y para que el Estado cumpla las sentencias.

Puro discurso

El Estado no ha tenido interés de cumplir y todo se ha quedado en discurso, dijo a Proceso Digital el abogado que representa a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Christian Callejas Escoto.

Lo que busca el pueblo Garífuna, es el respeto de su territorio y hasta la fecha el Estado ha incumplido y los argumentos han sido una posición errática.

“El Estado ni siquiera ha intentado el cumplimiento de las sentencias, (…), se ha quedado en el discurso consideramos que nada se ha llevado al campo de la acción, no hay voluntad política sencillamente es meramente discursivo, no se toman en serio los reclamos y el cumplimiento de las sentencias, el Estado en mi criterio juega un papel bastante lamentable frente a la comunidad internacional”, desglosó.

Honduras lamentablemente tiene un récord histórico en incumplimiento de sentencias, agregó.

El profesional explicó cuáles son las consecuencias de dicha negligencia del país.

Nulo cumplimiento de sentencias

Los miembros de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz dado el historial de Honduras de nulo cumplimiento en las sentencias, temen que los casos de las sentencias del pueblo Garífuna, corran el mismo riesgo de otras y pasen a formar parte de esas sentencias sin cumplir.

Incumplimiento origen de mayores problemas

El origen de todos los problemas que se están dando en la actualidad es el incumplimiento de las sentencias “esa falta de cumplimiento ha generado que haya mayor presión sobre las tierras de la comunidad”, dijo a Proceso Digital la líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda.

Seguidamente, externó que el incumplimiento de las sentencias es un tema que les preocupa mucho, porque no hay ningún avance, no lo hubo en el gobierno anterior y en este gobierno ni siquiera se ha instalado la comisión interinstitucional que es el primer paso para buscar acciones de cumplimiento, subrayó.

“No ha habido ninguna intencionalidad de cumplimiento de este gobierno” y anunció que en los próximos días emprenderán una fuerte campaña en exigencia de que se cumplan las sentencias, ya que al pueblo solo le queda la resistencia, puntualizó.

La CIDH, destaca en su página web que Honduras tiene un total de 26 sentencias y actualmente hay cinco casos en trámite y 22 medidas provisionales.

En la actualidad hay otra sentencia a la vista por parte de la Corte- IDH, que es precisamente otro caso de los pueblos Garífunas; el de las tierras ancestrales de las Comunidades de San Juan y Tornabé.

Sin Escazú

Honduras no solo es un país que no cumple con las sentencias, tampoco ha adoptado el acuerdo de Escazú, pese a que el Estado ha sido catalogado como “el lugar más peligroso para los activistas del medio ambiente”, en el informe de Global Witness.

Pese a su importancia y el contexto nacional de violencia para los defensores de la tierra, Escazú, no fue priorizado en el gobierno pasado y tampoco en lo que va del presente gobierno.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Escazú).

Tiene como  objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Pese a su importancia y el contexto nacional de violencia para los defensores de la tierra, Escazú, no fue priorizado en el gobierno pasado y tampoco en lo que va del presente gobierno.

Este es impulsado en Honduras por la Red Hondureña por Escazú, conformada por organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, quienes siguen la lucha por la adhesión de Honduras a este importante acuerdo regional.

El cumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH y la adhesión a Escazú, significaría un impacto positivo, y una mejora sustancial en la problemática ambiental y agraria, pero, aunque la esperanza es lo último que se pierde, el optimismo de los protagonistas flaquea y lo que es peor los defensores viven con temor; por lo que su llamado es ya desesperado y nacionales y extranjeros se han pronunciado, para que las autoridades pongan voluntad en estos temas tan cruciales. LB

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