Tegucigalpa – El Juzgado en Materia de Corrupción suspendió la noche de este martes la audiencia inicial contra los exmiembros del Consejo de la Judicatura y se reprogramó para el jueves a las 9:00 de la mañana, informó la noche de este martes, el Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.
La apoderada legal de uno de los exconcejales, Rosa Elena de Martínez, explicó que se suspendió la audiencia inicial después de que este martes se evacuó una auditoría financiera del Ministerio Público y que regresarán hasta el jueves.
“Tengo entendido que no continuará mañana porque el órgano judicial tiene una carga de agenda muy grande. Nosotros el jueves vamos a evacuar nuestros medios de prueba”, explicó la abogada de Jorge Alberto Rivera Avilés.
En este caso, el Ministerio Público, a través de sus agentes, pide que se aplique la prisión preventiva para los exconcejales acusados por más de 600 delitos de corrupción.
Los exmiembros del Consejo de la Judicatura son investigados por múltiples irregularidades como el despilfarro de fondos, especialmente en solicitud y asignación de viáticos.
La investigación comprende el período del 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014. Los imputados son: el expresidente del Consejo de la Judicatura y extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Al expresidente de la CSJ se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos de malversación de caudales públicos.
El exvicepresidente del extinto Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, es acusado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad, aunque guarda prisión por otro caso de tráfico de influencias en el escándalo conocido como “Shalom”.
En relación a los exconcejales propietarios, Julio Barahona se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. A su vez, a José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Por su lado, los miembros suplentes de la entidad, Liliam Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
