El ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, dijo en una rueda de prensa que los siete uniformados han quedado bajo las órdenes de la Fiscalía, donde se determinará «el grado de responsabilidad» de cada uno en este hecho y sus motivaciones.
«Ante la violación de derechos humanos y, particularmente, cuando este delito es cometido por cuerpos policiales, porque es injustificable, inadmisible que cuerpos de policía cometan este tipo de crimen (…) no cabe sino el rechazo enérgico y contundente», sostuvo el ministro.
La Fiscalía indicó que «presuntamente las víctimas habrían sido sacadas a la fuerza de sus viviendas» la madrugada del miércoles pasado y trasladadas a una zona boscosa del municipio Unda, en el occidental estado de Portuguesa, «para luego ultimarlas».
Las víctimas fueron tres muchachos y dos muchachas con edades entre 15 y 17 años, y un adulto de 33.
Versiones de familiares citadas por la prensa indicaron que el grupo de jóvenes fue «secuestrado» en la región de Lara, fronteriza con Portuguesa, por sujetos vestidos con uniformes de la GN y de la policía regional.
El grupo de secuestrados lo integraban otras tres personas que sobrevivieron al aparente ajusticiamiento e identificaron luego a los uniformados en el centro de salud en el que fueron ingresados con heridas de diversa gravedad ocasionadas por armas de fuego.