Tegucigalpa – El Supremo hondureño decide este martes la constitucionalidad del Decreto 04-2022, conocido como Pacto de Impunidad, y con ello define los últimos cartuchos para enrumbar la instalación del Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (CICIH), la principal promesa de campaña del actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
El pleno de magistrados, con nueve propietarios y seis suplentes, están convocados para decidir varios recursos de inconstitucionalidad en contra del Decreto 04-2022, conocido como Pacto de Impunidad, que ya liberó de acusaciones penales a reconocidos exfuncionarios del Poder Ciudadano como: Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri, Rodolfo Padilla Sunseri, Rafael Barahona y Germán Enrique Ayala, por mencionar algunos.
Los impulsores del decreto justificaron que la amnistía “no era un cheque en blanco” y que para hacer uso del beneficio debía tener el aval del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), quien mediante una nota oficial daría crédito a la condición de preso político. Más de 200 expedientes se han amnistiado bajo el decreto.
El propio presidente del Congreso, Luis Redondo, ha reiterado que no se trata de un pacto de impunidad, sino un decreto para resarcir los daños a las víctimas del golpe de Estado de 2009.
De acuerdo a la magistrada de la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Odalis Nájera -que integrará el pleno este martes- el referido decreto plantea tres escenarios: abarca a los funcionarios de la administración gubernamental de 2006 al 2009; otro apartado incluye a los defensores de derechos humanos desde 2009 al 2022; y el tercer punto es el compromiso del Estado de Honduras con la instalación de la CICIH en el país.
Avizoró que existen tres posibles resoluciones del fallo: a favor, en contra, o parcialmente a favor y en contra sobre el citado decreto. “Son decisiones que se van a valorar internamente en el marco de la discusión jurídica que se realizará en esa sesión del día de mañana”.
Hay que recordar que el pasado 20 de septiembre se tenía agendado abordar el tema de los recursos en contra del Decreto 04-2022, sin embargo algunos miembros del pleno no estaban preparados y pidieron que se convocara para una fecha posterior.
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CNA dice amnistía socava acceso a justicia
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pidió al pleno de la CSJ considerar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que han manifestado que la amnistía amplia puede socavar el acceso a la justicia y generar obstáculos para el establecimiento de un marco legal adecuado que permita la instalación de un mecanismo internacional independiente que combata la corrupción e impunidad.
El ente de sociedad civil recuerda las irregularidades y vicios en el proceso de aprobación de la ley, omitiendo normativa vinculante.
Igualmente, cuestiona “los marcados conflictos de interés” que han beneficiado a exfuncionarios afines al actual gobierno acusados por delitos contra la administración pública.
El CNA puntualiza que la vigencia de esta ley seguirá propiciando justicia selectiva e impunidad.
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Fallo debe ser respetado: Tomé
Para el diputado proyectista del cuestionado decreto 04-2022, Rasel Tomé, cualquiera que sea el fallo que decida la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la amnistía política, hay que respetarlo.
“Para nosotros, el pueblo hondureño debe estar muy claro, esa sentencia es una sentencia más en el proceso del estado de derecho que tenemos que construir”, afirmó.
En tal sentido, agregó que “cómo los magistrados lo decidan, eso hay que respetarlo. Respetemos los fallos”, dijo al agregar que en el país, muchos hacen política tomando un bando y que en la actualidad, quienes tienen la última palabra si una persona se acoge o no, son los jueces.
“Los 15 magistrados que están allí, una vez que tomaron el cargo, nosotros les decimos siempre que hagan la aplicación del pueblo hondureño. Ellos conocen bien, muchos de ellos han ejercido el derecho, saben muy bien que la amnistía está bien estructurada, que ese decreto está bien, aprobado por el Congreso Nacional”, afirmó.
Es importante mencionar que pese a ser proyectista del decreto, Tomé no se acogió al mismo para “limpiar” una resolución en su contra por abuso de autoridad.
En junio de 2019, la Sala IV del Tribunal de Sentencia condenó a tres años de reclusión y seis años de inhabilitación especial a tres excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por el delito de abuso de autoridad, entre ellos al ahora vicepresidente del Congreso, Rasel Tomé.
La Fiscalía probó que los excomisionados en su cargo adjudicaron la frecuencia del canal 12 a la sociedad Televisora de Honduras S.A. pese a que había un recurso de casación pendiente de resolver.
A pesar de la sentencia firme en su contra, Tomé nunca pisó la cárcel y tampoco fue inhabilitado para ejercer cargos en el Parlamento hondureño.
Reacciones varias
Si la Corte Suprema de Justicia (CSJ), falla ya sea por mayoría o por unanimidad para derogar el decreto de amnistía política, “dejaría al descubierto los intereses políticos y por qué lado se juega por parte de cada uno de los magistrados que hasta este momento han hablado de independencia política”, indicó el analista Luis León.
“Si es inconstitucional, el Congreso Nacional deberá derogar esta amnistía, y esperemos que el resultado sea ese”, dijo al señalar que a su criterio “no se puede estar amnistiando a personas que se han enriquecido, que han jugado con los destinos y los dineros del pueblo bajo argumentos políticos”, estimó.
“Esperemos que la Corte tome la posición correcta, de frente a la necesidad y la demanda del pueblo hondureño que ha sido ´no a amnistías a corruptos”, afirmó.
De su lado, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, defendió el decreto de amnistía política, afirmando que los jueces han sido estrictos en su aplicación y rechazaron numerosas solicitudes que no cumplían con los requisitos de persecución política.
“Si somos objetivos, los jueces rechazaron muchas solicitudes porque no cumplían con los requisitos. El decreto nunca fue un cheque en blanco”, señaló Dixon.
Dixon también advirtió sobre los peligros de utilizar el sistema de justicia para perseguir a adversarios políticos. «Si vamos a seguir con este tema de judicializar la política, nos estamos metiendo en un gran problema”, reconoció.
Mientras, la diputada nacionalista Johana Bermúdez predijo que la amnistía política afirmando que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarará inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.
“La amnistía política va a continuar, Libre ha dado evidencias de que eran delincuentes”, expresó la congresista.
Mencionó que desde el inicio del actual gobierno, se aprobó una amnistía que liberara de todo proceso judicial a los exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009).
Para el abogado Oliver Erazo, el decreto 04-2022 en el fondo es un indulto disfrazado, ya que ha logrado liberar a varios exfuncionarios que tenían expedientes pendientes ante la justicia hondureña.
Agregó que de fondo el decreto es inconstitucional y una aberración jurídica tremenda.
“El contenido de ese decreto parece más un indulto que una propia amnistía y en ese sentido se involucra el Legislativo en prerrogativas del Ejecutivo porque sólo este último puede otorgar ese beneficio”, arguyó. (PD).
