Tegucigalpa – Los exmiembros del Consejo de la Judicatura fueron sobreseídos este martes de manera definitiva tras que el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción emitiera su resolución tras un informe de exoneración emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
– El TSC informó que hubo un perjuicio al presupuesto de 31 mil dólares (744 mil lempiras), fondos que fueron recuperados mediante pagos efectuados por los procesados.
– El fiscal de Uferco, Luis Javier Santos, dijo tras el fallo que las reformas aprobadas reciéntemente en la Cámara Legislativa ya estaban dando sus frutos y con ello también el pacto de impunidad.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó que el juzgado emitió esta sentencia absolutoria tras el informe de la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), exonerara de responsabilidad administrativa, civil y penal a los exmiembros del Consejo de la Judicatura.
El comunicado de la CSJ explica que el posible perjuicio económico contra el presupuesto de 30 mil 400 dólares y 15 mil lempiras, fue recuperado mediante los pagos efectuados por los exconsejeros.
El Poder Judicial menciona que el informe del TSC indicó que no elaboraron pliegos de responsabilidad civil y administrativos ni indicios penales para los exfuncionarios.
El expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, fue acusado por el Ministerio Público de 60 delitos de malversación de caudales públicos y 131 por abuso de autoridad.
El exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, fue imputado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 por abuso de autoridad.
Julio César Barahona era acusado por 67 delitos de malversación de caudales públicos, mientras que José Francisco Quiroz por 93, 78 para Celino Arístides Aguilera y 67 para Liliam Maldonado.
El fiscal de Uferco, Luis Javier Santos, dijo tras el fallo que las reformas aprobadas reciéntemente en la Cámara Legislativa ya estaban dando sus frutos y con ello también el pacto de impunidad.
Requerimiento
El 6 de abril de 2018, el Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal por 600 delitos de corrupción contra el expleno de Judicatura.
A los ahora procesados se les imputan 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor 13.5 millones de lempiras, por concepto de giras nacionales y al extranjero.
Es importante citar que el 14 de marzo 2016, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), determinó declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. (ag)
