Así lo han plasmado en sus comunicados la Sala de lo Constitucional de Costa Rica, una de las más prestigiadas a nivel mundial, la Sala Constitucional de El Salvador, que ha sido objeto de intimidaciones por parte del poder Ejecutivo de ese país, y la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ), entre otras importantes reacciones de sectores jurídicos, incluyendo el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH, cuya postura jurídica dista mucho de la posición política de algunas autoridades del alma máter.
La madrugada del miércoles 12 de diciembre, el congreso decidió separar abruptamente a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque en sus posturas jurídicas sobre casos sensibles como las “charter cities” o ciudades modelos, el uno por ciento al impuesto sobre la renta y la ley especial de depuración de la policía, entre otras leyes, no han favorecido el discurso político y la postura oficial del Legislativo.
Sus fallos en estos casos sensibles, incluso no alcanzaron unanimidad y tuvieron que ser turnados al pleno de la Suprema Corte, quien ratificó la decisión de los magistrados constitucionales al volver su sentencia en cosa juzgada de efectivo cumplimiento como ordena la Constitución.
En el caso de la ley especial de depuración, la opinión de los magistrados encontró fundamentos de derecho que violaban los tratados internacionales, de derechos humanos e incluso la legislación interna que promulga y propugna el Estado de Honduras, que manda a replantearse al gobierno los mecanismos de depuración policial que está ejecutando para ser más congruentes con la legislación interna e internacional y por ende más efectivos.
Respaldo de Costa Rica y El Salvador No obstante, su fallo no es aún cosa juzgada porque al no haber unanimidad, el pleno de la corte de justicia tendrá la última palabra, pero en una jugada política el congreso se adelantó y decidió disolver la sala de lo constitucional, generando así una nueva inestabilidad al fragmentado clima político que vive Honduras, en especial tras las elecciones primarias de noviembre pasado donde el gobernante Partido Nacional presentó fisuras que no logra subsanar aún. Los magistrados destituidos son José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruíz Gaekel, todos ellos reconocidos juristas en el mundo de las leyes hondureñas con una trayectoria de independencia y profesionalismo como pocos, según sus colegas abogados y notarios. En su comunicado, la Sala de lo Constitucional de Costa Rica manifiesta que uno de los componentes de la separación de los poderes públicos, medular en un régimen democrático, es la garantía de la independencia de jueces, más aún de los constitucionales. Citando artículos de los tratados internacionales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la cual Honduras es suscriptora y se ha comprometido a cumplirlos en un reciente Plan de Acción de Derechos Humanos y de Política Pública elaborado por la secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Sala de lo Constitucional de Costa Rica es clara en señalar que la independencia de la judicatura se debe respetar, no es negociable. A su vez, la Sala de lo Constitucional de El Salvador, al expresar su “profunda preocupación” por la abrupta separación de los magistrados, indica que esta “arbitraria forma, atenta contra los valores y principios del Estado de Derecho y de las sociedades democráticas, acogidos por las constituciones de la región centroamericana, tales como: la separación de poderes, la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces, los límites del poder político y la soberanía popular”. “Hechos y amenazas graves de similar naturaleza se produjeron recientemente contra las Salas de lo Constitucional de la hermana República de Costa Rica y de El Salvador, ante el descontento y desaprobación del poder político por sentencias pronunciadas en el legítimo ejercicio de las facultades de los tribunales constitucionales”, señala el comunicado. La Sala de lo Constitucional de El Salvador afirma que estas amenazas a la justicia constitucional ponen en riesgo la estabilidad y la seguridad jurídica en la región, y afectan la confianza y credibilidad de la comunidad internacional en nuestras instituciones democráticas, con la consecuente afectación a los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Al recordar que las sentencias de los tribunales constitucionales son acatamiento obligatorio, consideran “inaceptable” la destitución de los jueces, porque las sentencias no son para agradar a los poderes públicos. |
Abuso de poder y afectación de derechos: REDLAJ Posteriormente, la Red Latinoamericana de Jueces conformada por 19 países de América del Sur, Centroamérica, El Caribe, México y España, creada en el 2006, rechaza en “forma categórica cualquier decisión que afecte la independencia de los jueces, por ser contraria a un Estado democrático de derecho”. Al citar resoluciones internacionales de sentencias por violar la independencia de los jueces, la Red indica que “es necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento”. “Invocamos que las decisiones del Poder Legislativo de Honduras, respeten el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional que ejercen los jueces y magistrados, el mismo que se expresa en las resoluciones que éstos emiten, no importando su jerarquía”, sostiene en su pronunciamiento la Red. A su vez, como lo hizo la Sala Constitucional de Costa Rica y de El Salvador, la Red se solidariza con los magistrados destituidos, “otorgándoles nuestro amplio respaldo frente a actos que afectan sus legítimos derechos constitucionales; pues dan cuenta que su destitución deviene de una decisión sin causa legal, ni juicio político predeterminado en ley previa, escrita y precisa, en claro exceso de poder, violentando sus derechos constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a ser oído y otros derechos fundamentales reconocidos en el ámbito nacional como internacional”. Los magistrados destituidos han interpuesto un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, a favor de sí mismos, para probar hasta donde funciona la independencia de la justicia y el Estado de Derecho en Honduras, en tanto instancias civiles han hecho acto similar en contra de los nuevos magistrados nombrados a quemarropa por el Congreso, a quienes han denominado “usurpadores” por responder a una decisión ilegítima del legislativo, según los expertos y analistas. Para el ex fiscal general, Edmundo Orellana, los sustitutos de los juristas destituidos son “usurpadores” y forman parte de un “golpe de estado técnico al poder judicial” al aseverar que la Sala de lo Constitucional está disuelta y “si no hay pleno y no funciona la sala constitucional, el poder judicial está disuelto, es un golpe, lo han cercenado”, aseveró Orellana. Los hechos cometidos por los legisladores, son catalogados como la más clara expresión de la pérdida de la cultura política y democrática en Honduras, de la pérdida de tolerancia política y una clara tendencia al irrespeto que de acuerdo a los analistas, lleva a la población a comenzar a desvalorizar la democracia y abre la válvula de posibilidad al retorno de regímenes caudillistas y dictatoriales. En el informe del Latino barómetro de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, Honduras cayó al último puesto en los países de América en cuanto a pérdida de tolerancia política y el Congreso Nacional desplazó a la policía del primer lugar de las instituciones más desprestigiadas y menos confiables en Honduras. |
