Tegucigalpa – La facción de Luis Redondo que dirige el Congreso Nacional reeditó el pacto de impunidad que se criticó a la anterior administración, tras aprobar un decreto de amnistía política, pero que favorece a los funcionarios acusados de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y otros, según coincidieron partidos políticos opositores, organizaciones empresariales y organismos de la sociedad civil.
– El decreto de Amnistía se considera un nuevo blindaje a corruptos porque los delitos enumerados no son de naturaleza política, interpretó el penalista Félix Ávila.
– “Un nuevo pacto de impunidad”, expresó el ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana.
Dicho decreto buscaba amnistiar a los llamados presos políticos y de conciencia producto de la crisis institucional del 2009, pero los críticos lo llaman “un blindaje a la corrupción y un pacto a la impunidad”.
Lo anterior se une a la crisis en el poder legislativo, donde desde el pasado 21 de enero existen dos juntas directivas legislativa, una que preside Luis Redondo y que cuenta con el apoyo del oficialismo del partido Libertad y Refundación (libre) y la otra es la de Jorge Cálix, que concita la mayoría de diputados propietarios de todas las bancadas.
Nuevo pacto de impunidad
Entes de sociedad civil, la empresa privada e incluso sectores políticos rechazan el decreto que liberaría de responsabilidad a los que han cometido delitos en contra de la administración pública e incluso para ilícitos de criminalidad organizada.
La amnistía aprobada abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
El decreto incluye delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada.
Las reacciones no se han hecho esperar al conocerse detalladamente los alcances del proyecto aprobado en la Cámara la noche del miércoles mientras muchos miraban el partido de la selección nacional de Honduras y otros disfrutaban la alborada al 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.
No existe tal pacto
Rasel Tomé, diputado vicepresidente del Congreso Nacional que preside Luis Redondo, manifestó que no existe un pacto de impunidad con la aprobación de la Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009.
Se ha tenido una jornada amplia en el Congreso Nacional, se rebajaron los precios de los combustibles, el subsidio a la energía eléctrica, la llegada de la Misión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, la condena al Golpe de Estado del 2009 y la amnistía para presos políticos, enumeró.
“El tema de la amnistía es muy clara, la Constitución de la República dice a quienes se aplica este derechos, estamos hablando de los delitos que tienen connotación política, siempre tiene que haber una calificación para que estos casos sean motivados políticamente”, explicó.
Arguyó que el beneficio aprobado abarca a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, desde 2006 al 2009, fecha en que ocurrió el Golpe de Estado en Honduras. El segundo supuesto tiene que ver con las personas perseguidas por protestar en el marco de la crisis política debido a la desobediencia civil y que fueron criminalizadas.
“Existe una doble moral, muchos anduvieron ahí luchando por defender a los acusados en el denominado caso la Caja de Pandora, para que ellos se defendieran en libertad, pero no entiendo por qué no se hace lo mismo en el caso de Guapinol”, cuestionó.
De su lado, el diputado Carlos Umaña aclaró que “hay una confusión en la amnistía y el PSH puso un freno para evitar los abusos se deberá probar que la motivación fue política mediante expediente en Cofadeh o sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No aplica para otras situaciones”.
Umaña, remarcó que “con la aclaración que hizo el Cofadeh se demuestra que no existe ningún pacto de impunidad, es estrictamente para perseguidos políticos y no corruptos”.
Críticas del propio ministro de Transparencia
El propio ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, cuestionó la Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, al postear en su cuenta de Twitter: “Un nuevo pacto de impunidad”.
Otra de las que se pronunció fue la científica Mary Vallecillo, quien dijo estar de acuerdo con la amnistía para judicializados por defender la soberanía, patrimonio natural y la democracia, pero “en desacuerdo para favorecer a los que malversaron fondos del Estado o se enriquecieron ilícitamente. Eso es impunidad. Los culpables deben responder por ello”.
Igualmente, el jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, aseveró que la amnistía aprobada “no procede para los delitos contra la administración pública”.
“Nos generan una alta preocupación las decisiones que se están tomando porque la diferencia de lo que ocurría el año pasado y los cuatro u ocho años atrás en el Congreso son los actores, pero las acciones están siendo las mismas”, criticó.
“La amnistía en los delitos contra la administración pública no pueden proceder, sabemos que había un acuerdo de Cartagena que establecía que los delitos políticos podrían ser eximidos, no obstante a ellos no podemos permitir que los delitos contra la administración pública puedan ser eximidos de responsabilidad”, arguyó.
Son aprovechamientos que se hacen en la revuelta que existe en este momento en el Parlamento hondureño, resumió.
“Para ir tomando estas decisiones se debe resolver en primera instancia el tema de la legalidad (del Congreso Nacional presidido por Redondo) porque posteriormente nos traerá consecuencias jurídicas que lo pagará el pueblo hondureño”, exteriorizó.
“Rosario de delitos”
Un “rosario de delitos” fue lo que aprobó el Congreso Nacional que preside Luis Redondo el proyecto de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, cuestionó este jueves el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano.
“El día anterior (miércoles) un grupo de diputados sesionó y tomó la decisión de aprobar una amnistía para un rosario de delitos que no tiene nada que ver con delitos políticos”, declaró Solórzano.
Calificó que este tipo de amnistías sólo genera más impunidad y condenó que el actual Congreso Nacional esté repitiendo actos que cometieron administraciones anteriores.
Solórzano señaló que este Congreso Nacional volvió a actuar como las antiguas administraciones de aprobar proyectos con dispensa de debate y en altas horas de la noche.
Advirtió que lo aprobado con la amnistía genera impunidad en delitos relacionados contra la administración pública, terrorismo, uso ilegal de armas y otros.
Al rechazo y polémica suscitada por la aprobación de la amnistía se sumó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, quien considera que va más allá del tema político.
La amnistía debía ser para la liberación de los presos políticos y por los daños ocasionados por el golpe de Estado de 2009, no obstante Medina consideró que esta va más allá del tema político y blinda otros delitos.
Seguidamente, manifestó que “así como quedó redactado el decreto, personas que pertenecen a grupos irregulares de la sociedad pueden ser beneficiadas y eso no es correcto”.
Más que una ley de amnistía, es un indulto
El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, consideró que la Ley de Amnistía para la liberación de los presos políticos es más un indulto que una amnistía.
“Cada vez más que pensar que es una ley de amnistía es una ley de indulto, perdonar delitos que se cometieron para evitar que no se continúe investigando o que las personas sean enjuiciadas o encarceladas”, recriminó.
Ramírez expresó que se debe diferenciar entre lo que es una amnistía y un indulto.
Comentó que una amnistía ocurre de un proceso de reconciliación tras que ambas partes hayan sufrido un fuerte conflicto armado y social.
Estamos dando amnistías sin pasar por un proceso de reconciliación, proceso de justicia restaurativa y conocer quiénes son los victimarios, observó.
El dirigente de ASJ señaló que las amnistías no contemplan delitos de corrupción.
Recordó que en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se dio un decreto de amnistía que condicionó el regreso del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009).
Es difícil comprender el espíritu de la ley cuando ya hubo una amnistía en el pasado, mencionó.
Además, recalcó que si esta junta directiva del Congreso Nacional que aprobó la amnistía tiene la legalidad para aprobar proyectos.
Desacertado
El fiscal de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, atribuyó como “desacertado” incluir los delitos de la administración pública en la Amnistía aprobada para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia.
De acuerdo a lo expresado por Santos, en estos momentos la ciudadanía lo que exige es castigo contra los corruptos, por lo que este tipo de actuaciones solo debilita la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
“En estos momentos que la ciudadanía exige castigo contra los corruptos, es desacertado incluir en un decreto de Amnistía delitos en perjuicio de la administración pública, como el enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos”, escribió Santos en su cuenta de la red social Twitter.
Se requiere la CICIH; Ejecutivo la pedirá
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, reconoció que el país requiere la ayuda de un mecanismo internacional que ayude con las investigaciones en casos de corrupción.
Expuso que pese a que las instituciones nacionales designadas son las responsables de investigar los casos de corrupción y dar justicia, aunque criticó que éstas han estado colapsadas en los últimos 12 años.
“Se necesita naturalmente una institución externa que ayude en los procesos de investigación, se respeta la acción penal que tiene el Ministerio Público, pero hay un mecanismo que ayuda en la investigación y a presentar los casos”, declaró el canciller.
Expresó que la redacción de la nota de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) está lista y que en los próximos días enviará la solicitud a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Reina indicó que conversará con la ONU de cuáles serán los criterios de cómo se conformará, en qué consistirá y quienes la integrarán.
Afirmó que el mecanismo de la CICIH tendrá la voluntad política y respaldo de la presidenta de Honduras, pese a ser un organismo autónomo e independiente.
En las últimas horas, el Congreso Nacional que preside Luis Redondo aprobó la instalación de la CICIH para el combate a la corrupción.
Ante eso, la diputada Beatriz Valle -de la junta directiva que preside Jorge Cálix- señaló “que una cosa es pedir la CICIH (sin votos) y otra cosa es que acepten venir en medio de toda esa ilegalidad, lo veo muy difícil. Creo que apuestan a que no venga porque lo primero que van a investigar es la coronación de Luis Redondo”.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) fue un ente internacional de cooperación creado el 19 de enero de 2016 por medio de un acuerdo firmado en Washington entre la OEA y el gobierno de Honduras presidido por el expresidente Juan Orlando Hernández. No obstante, la misma se disolvió en enero de 2020 tras una decisión legislativa. (PD)
