Tegucigalpa – La temperatura política se encuentra en constante incremento a medida que las horas avanzan y se acerca el momento en que la Junta Nominadora debe entregar este lunes la lista de al menos 45 nominados a conformar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la cual el Congreso Nacional, 48 horas después, debe iniciar la votación para seleccionar a los 15 jueces supremos que tendrá el país en el período 2023-2030.
A pesar de declaraciones formales y llamados a que no deben haber movilizaciones populares el 25 de enero, tal como lo hizo Manuel Zelaya en su calidad de coordinador del partido oficialista Libre y Tomás Zambrano, jefe de la bancada del mayor partido opositor el Nacional, las cosas se la toman diferente en los mandos policiales y del Hospital Escuela.
Y tienen razón porque en diferentes redes sociales son muchas las organizaciones campesinas y civiles que hacen llamados a sus agremiados para congregarse desde el lunes en los alrededores del Congreso Nacional y tratar de influir así en la elección del nuevo Supremo.
La Policía Nacional anunció que desde la noche del martes cerrará los accesos a las vías y puentes que conducen al Palacio Legislativo y que movilizará a mil agentes para que resguarden la seguridad de los diputados y los invitados.
Por su lado los responsables del Hospital Escuela desde hace una semana pidieron a las jefaturas del centro hospitalario que tengan un plan de contingencias por si la elección de la Corte deriva en enfrentamientos entre las partes.
Mientras la Junta Nominadora ha trabajado hasta las últimas horas incansablemente para poder cumplir con su mandato de presentar al Poder Legislativo al menos a 45 personas que han pasado los procesos y de los cuales los diputados deben seleccionar 15 magistrados.
Agitación se intensifica y presidenta se ausenta
El fin de semana ha sido de agitación, moviéndose todos los sectores políticos, gremiales y otros en torno al proceso de elección.
La presidenta Xiomara Castro antes de partir a Argentina, donde participará en una cumbre de jefes de Estado y gobierno de Latinoamérica y el Caribe, se reunió con el titular del Congreso Nacional Luis Redondo para comparecer públicamente y expresar su apoyo en el proceso de elección de los jueces.
En su comparecencia Castro dijo que apoya el proceso para refundar la justicia en Honduras, pero aun así primó su viaje a Argentina desde donde monitoreará a distancia las incidencias de lo que ocurra en el legislativo.
Redondo ha señalado que a estas alturas ya saben “quién es quién” entre los potenciales aspirantes, ya que el proceso se encuentra avanzado y todos los aspirantes han expresado públicamente ante la Nominadora sus posturas en torno a la materia de su aspiración.
Mientras el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga llamó en la homilía dominical a los diputados electores a evitar “intereses politiqueros” durante la selección de la próxima Corte Suprema de Justicia.
Ojalá que nuestros legisladores piensen más en el futuro de nuestra sociedad y en nuestro país que en intereses politiqueros que les hagan tomar decisiones que en el futuro afecten al país.
Mientras el diputado por el partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, señaló que la bancada de su agrupación se reunió este domingo por la tarde para evaluar a los potenciales candidatos a jueces supremos.
Las potenciales cuotas
En los vestíbulos políticos y en comparecencias en medios de comunicación, las figuras políticas no han tenido empacho en aceptar que participan en intensas negociaciones para distribuir las cuotas de poder partidario en la fase final de elección de los jueces supremos.
Las apuestas hablan de una repartición equitativa entre los partidos Libre, Nacional y Liberal de cinco magistrados cada uno, dejando fuera de escena al partido Salvador de Honduras.
Pero una de las versiones con mayor fuerza es la que señala que la distribución contempla cinco magistrados para el partido Libertad y Refundación, quienes coparían principalmente la Sala de lo Constitucional, cuatro magistrados para el partido Liberal, la mayoría de ellos distribuidos en la sala encargada de conocer los casos de lavado de activos e incautación de bienes, cinco magistrados del partido Nacional, quienes estarían asignado en la Sala Penal y un magistrado seleccionado por el Poder Legislativo y asignado como cuota del partido Salvador de Honduras.
Las entrelíneas en los juegos políticos también cuentan la habilidad de los estrategas de cada partido, incluso para poder mantener control sobre las cuotas de otros institutos políticos, atribuyéndoles magistraturas a postulantes que en el reciente pasado saltaron de un partido político a otro.
Movilización de ONGs
En el campo de los llamados organismos no gubernamentales (oenegés) también se prendió una fiebre el fin de semana con reuniones y anuncios de movilizaciones.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el brazo social de Libre, convocó a un “plantón y vigilia pacífica” para acompañar el proceso de selección de la CSJ el próximo 25 de enero a partir de las 8 de la mañana en el Parque Central. Esté llamado pone entredicho la postura oficial del coordinador de Libre y deja entrever la existencia de una agenda paralela.
El FNRP, que tuvo a su cargo las movilizaciones mientras Libre estuvo en la oposición, apuesta “por una Corte Suprema de Justicia y fiscalía” que respondan a lo que llaman intereses del pueblo.
El FNRP tiene como coordinador general al diputado de Libre, Juan Barahona.
Mientras el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a organizaciones sociales, movimientos campesinos y de territorios llamaron a una movilización este lunes 23 a Tegucigalpa para clamar por una “despolitización” de las elecciones de los 15 magistrados de la CSJ.
El oficialista partido Libre, ganador de las pasadas elecciones, ha manifestado su deseo de controlar la CSJ y a partir de allí aplicar lo que consideran la “refundación de la justicia”.
Para poder ser electos, los jueces supremos deben recibir el voto de al menos 86 diputados, ya sea en planilla o en votación individual.
La regulación legal establece que en primera votación se puede presentar la planilla de 15 magistrados y si la misma recibe los 86 votos, la planilla queda aprobada y se integra la Corte Suprema de Justicia.
En caso que la planilla no reciba la mayoría calificada, se pasaría a votación individual y cada potencial magistrado deberá recibir 86 votos por igual número de diputados.
Las votaciones deben ocurrir hasta que los 15 magistrados se encuentren electos y pasar así a su juramentación, mientras los actuales jueces supremos siguen en sus funciones.
El presidente de la actual CJS, Rolando Argueta, ha señalado que se encuentra listo para entregar el cargo al sucesor que designe el Poder Legislativo.
Veedores externos y locales
La comunidad internacional y varias organizaciones de la sociedad civil han estado como veedores del proceso y han señalado la oportunidad que tiene Honduras de contar con un Poder Judicial independiente.
La coordinadora de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, señaló que la elección de la nueva corte debe servir para fortalecer el estado de derecho del país.
Señaló que el proceso ha sido marcado en la ley con la Junta Nominadora y ha sido transparente todo el proceso, “tenemos confianza y se sigue la veeduría del mismo, por lo que le pedimos a la población también ser veedor del proceso”
La embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu se refirió al proceso de elección del pleno del Supremo hondureño para el periodo 2023-2030 y pidió seguir los procesos como lo ordena la Constitución y las leyes vigentes.
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, reiteró el apoyo a la Junta Nominadora en su trabajo de preseleccionar a al menos 45 aspirantes.
La jefe de la misión diplomática de Washington en Tegucigalpa acentuó que “creo que es muy importante que aquí los procesos normales aquí puedan seguir, que el Congreso va a usar los procesos normales aquí en este país según la ley y la Constitución de este país para decidir a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia”.
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, pidió que no se utilice el dinero como parte del mecanismo para elegir la CSJ.
Mientras la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), instó a la Junta Nominadora a mantenerse firmes, conservar la autonomía, la independencia y objetividad y no ceder a las presiones externas que están intentando interferir con el trabajo realizado hasta esta instancia en la que elaboran el listado final.
La REDH, a través de un comunicado, señaló que en vísperas de la entrega del listado final de al menos 45 aspirantes que la Junta Nominadora debe entregar al Congreso Nacional (CN) para que este poder del Estado elija entre las propuestas a los 15 magistrados y magistradas que integrarán el nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este ente reconoce y respalda el trabajo realizado.
