Tegucigalpa – Un tribunal de Honduras reprogramó para el 2 de agosto la lectura de la sentencia contra tres personas por irregularidades en la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016.
«La audiencia fue reprogramada para el 2 de agosto en virtud de que no se presentó la mayoría de los defensores de los imputados», dijo este viernes a EFE la portavoz del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, Bárbara Castillo.
Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que fundó Cáceres, se concentraron hoy ante el Juzgado de Sentencia en Tegucigalpa, donde se iba a desarrollar la audiencia de individualización de pena contra tres de los seis acusados.
Por este caso, denominado ‘Fraude sobre el Gualcarque’, el tribunal hondureño declaró el pasado 3 de mayo culpables a Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo, por fraude, y a Raúl Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara, por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.
Roberto David fue condenado en 2022 a 22 años y seis meses de prisión por la muerte de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando el acusado era presidente ejecutivo de la empresa encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Tres de los seis acusados, entre ellos el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, fueron absueltos de todos los cargos.
Las constantes denuncias presentadas por Cáceres permitieron “develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena lenca”, según el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras.
El caso fue investigado por la otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA). JS
