Tegucigalpa- A ocho meses de que el gobierno de Honduras formalizara su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), las demandas internacionales contra el país no solo continúan, sino que aumentan, según advirtió el abogado Javier Briceño, especialista en arbitraje comercial internacional.
Briceño reafirmó que recientemente una nueva empresa estadounidense se ha sumado a los reclamos contra el Estado hondureño, elevando el monto total de las demandas a más de 15 mil millones de dólares. En ese contexto, el jurista cuestionó la eficacia de la denuncia del CIADI como mecanismo para frenar el litigio internacional.
LEER: Honduras enfrenta nueva demanda de arbitraje bajo el DR-CAFTA, pese a denuncia del CIADI
“Ya se ha comentado antes: la denuncia del convenio CIADI no era la solución. La verdadera solución es que el Estado empiece a tomar decisiones que eviten estas demandas desde el origen”, declaró Briceño.
El abogado explicó que, pese a que Honduras ya no forma parte del CIADI, los inversionistas pueden acogerse a otras vías legales para presentar sus reclamos, como lo estipula el artículo 10, sección B del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
“Ese artículo plantea que, si ni el país de origen del inversionista ni el país demandado pertenecen al CIADI, igual pueden recurrir a mecanismos complementarios de resolución de disputas, con base en otras reglas de arbitraje”, explicó Briceño.
Aunque estas vías no tienen una ejecución inmediata y requieren procesos de reconocimiento en cortes, Briceño advirtió que, al final, el Estado hondureño podría verse obligado a pagar, generando mayores costos por la duración y complejidad del proceso.
“Estas demandas pueden tardar entre 1.5 y 3 años, otras hasta 10. Pero si Honduras pierde, debe cumplir. Incluso si se declara en rebeldía, el DR-CAFTA no deja espacio para evadir la sentencia. Es vinculante”, enfatizó.
Briceño recalcó que, al haber ratificado el CAFTA y otros tratados internacionales, el Estado hondureño está constitucionalmente obligado a reconocer y ejecutar estos fallos. En ese sentido, llamó al gobierno a enfocarse en la prevención, tomando decisiones legales, administrativas y regulatorias que no violenten los derechos de los inversionistas y que minimicen la posibilidad de demandas.
Más allá de ver qué caminos se le pueden cerrar a los inversionistas, lo que urge es que el Estado actúe con responsabilidad para evitar ser demandado. Salirse del CIADI no detuvo las acciones legales. Las reglas del juego internacional siguen vigentes, concluyó.LB
