Tegucigalpa – El 7 de septiembre de 2010 se produjo una de las peores masacres en la historia de Honduras, 17 personas -la mayoría jóvenes- fueron acribilladas en el barrio San Francisco, sector cabañitas. “El Mudo”, “El Scrapy”, y “El Pechocho” comandaron el ataque aquel nefasto martes sampedrano.
– La hipótesis policial en ese momento sustentaba que el sangriento suceso se debió a lucha de territorios entre la mara MS y el barrio 18.
El suceso violento que conmocionó el país fue perpetrado por miembros de pandillas, quienes con armas largas atacaron una zapatería de la zona. Los cuerpos de los jóvenes, con edades comprendidas entre 17 y 24 años, quedaron tendidos en el negocio que más parecía una escena de guerra.
La matanza ocupó grandes desplegados de los medios de comunicación a nivel mundial y este país centroamericano figuraba a la cabeza en el nefasto ranking de homicidios del planeta por arriba de 80 por cada 100 mil habitantes.
En aquella oportunidad, el jefe de la Policía en San Pedro Sula, era el entonces comisario Héctor Iván Mejía, hoy subdirector del cuerpo del orden, quien informó detalles de la matanza en el reconocido barrio sampedrano y advirtió el hecho no quedaría impune.
Cinco días después de la masacre llegaron los requerimientos contra siete supuestos autores de la misma. Los señalamientos judiciales apuntaban a cinco adultos y dos menores, éstos últimos sirvieron como “banderas” para informar a los pandilleros de la 18 que había luz verde para que se cometiera la matanza.
Días después del homicidio múltiples se informó que Jesús Mauricio Santos Muñoz, alias “El Soldier”, cayó abatido en un enfrentamiento con la Policía. A éste se le señaló de dirigir la masacre en la zapatería.
En tanto, el 9 de agosto de 2013 un Tribunal de Sentencia declaró culpables a Edwin Humberto Díaz López, alias “El Scrapy”; José Virgilio Sánchez Montoya, alias “Pechocho”; y Christian Josué Rivera Antúnez, alias “El Mudo”, todos integrantes de pandilla 18.
A los responsables de la masacre se les condenó a más de 500 años de cárcel, en vista que fue considerada la figura del concurso ideal, es decir la pena por cada asesinato. Aunque cabe mencionar que la constitución hondureña solo permite que una persona permanezca privada de su libertad 30 años como máximo.
La notoriedad de “El Pechocho”
Sin embargo, el nombre de José Virgilio Sánchez Montoya, alias “Pechocho”, volvió a sonar fuerte el domingo 28 de mayo de este 2017, cuando para sorpresa de todos fue detenido en la colonia Jardines del Valle de San Pedro Sula.
Al peligroso criminal se le capturó en posesión de un fusil AK-47, varios cargadores y chips para teléfonos celulares.
Vale decir que el 10 de noviembre de 2016, presuntamente, “Pechocho” fue trasladado junto a nueve pandilleros a la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, donde estaba pagando su maratónica condena. Nadie imaginó que el criminal había sido sustituido por otra persona.
En ese momento comenzaron versiones si se quiere hasta novelescas. Autoridades penitenciarias dijeron que el capturado sí era “Pechocho”, pero en versión II, ya que el primero estaba recluido en Ilama, Santa Bárbara.
Luego se dijo que el condenado a más de 500 años de cárcel, no era “Pechocho” y que aquel había tomado el nombre para ocultar su verdadera identidad, aunque eso le granjearía hacerse acreedor de semejante condena judicial.
“El Pechocho”, es un criminal de alto perfil y su caso ha mostrado la debilidad en que el sistema carcelario ha operado durante décadas en Honduras.
Este hombre presuntamente preso en una de las cárceles de mayor seguridad en Honduras, denominada “El Pozo”, ubicada en la occidental Ilama, Santa Bárbara, aparénteme nunca estuvo en el encierro y fue suplantado por otro que purga por él una condena.
Los detalles y conjeturas sobre el tema son muchos, especialmente por las contradicciones en las declaraciones de los responsables de dirigir el sistema penitenciario hondureño, quienes no pueden justificar ni aclarar lo que realmente ocurre en sus dominios.
Cierto o no que si se trata de la persona real y que fue condenada a medio siglo de cárcel como autor material de la masacre que cobró la vida de 17 jóvenes en el norte del país, demuestra que el hampa se vale de las debilidades y hasta de la complicidad del sistema penitenciario para suplantar identidades, e incluso en muchos casos andan libres los que la justicia acusa como criminales y que se cree guardan prisión en cárceles hondureñas.
La pregunta que ahora nos asalta es: ¿cuántos pagan penas por otros y cuántos están en total impunidad por las falencias del sistema de identificación?
