Tegucigalpa, Honduras. En un país donde la transparencia y rendición de cuentas se perciben como ataques al aparato gubernamental, será muy difícil cambiar la situación de periodistas y comunicadores sociales que se dedican a la investigación y denuncia social.
En Honduras, el periodismo en una profesión de alto riesgo. Más de 40 periodistas y comunicadores sociales enfrentan querellas y sentencias condenatorias por acusaciones de injuria y calumnia, según información proporcionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en su más reciente informe sobre la libertad de expresión 2022, «Sin acallar la crítica ¡Recuperemos la palabra!».
C-Libre menciona que los periodistas y comunicadores sociales se encuentran criminalizados no son por hacer uso indiscriminado de su derecho, sino porque han denunciado públicamente o han retransmitido una denuncia pública, especialmente relacionada con actos de corrupción, nepotismo, crimen organizado o narcotráfico, temáticas que se han convertido en verdaderos silenciadores de la prensa.
Lo más grave es cuando la censura viene directamente de funcionarios/as y servidores públicos que reaccionan públicamente frente al escrutinio social.
Y no solo lo dice C-Libre, o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -que califica a Honduras como un país con «restricción parcial» en cuanto a libertad de prensa-, además de Reporteros sin Frontera -que nos ubica en el ranking 165 de 180 países donde el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo es de alto riesgo-, también lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en abril de 2023, como resultado de una visita in loco, manifestó su preocupación por la permanencia de los delitos de calumnias e injurias en el Código Penal vigente.
«La Relatoría reitera la necesidad de descriminalizar el ejercicio de la libertad de expresión en esta materia, y de establecer criterios de proporcionalidad para la fijación de las responsabilidades ulteriores, de conformidad con los principios 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH».
La Relatoría recibió numerosos testimonios sobre el aumento de discursos estigmatizantes de funcionarios públicos y líderes políticos en contra de la prensa que investiga e informa de manera crítica sobre las políticas gubernamentales, reporta el informe en sus observaciones preliminares.
Y agrega que durante la visita se reportaron amenazas, agresiones físicas, atentados armados y hostigamientos, sobre todo contra quienes cubren asuntos de corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros.
El miedo se incrementa cuando las leyes no están de nuestro lado. Para el caso, según C-Libre «se siguen utilizando, sin verdaderos sustentos jurídicos y humanos, normas penales que demuestran la clara intención de acallar las voces críticas de procesos y procedimientos infestados de corrupción, improcedencia o dolo, que impiden el sano ejercicio de investigación periodística y la denuncia social».
Eso sin contar que en Honduras se ve reflejada la “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía en relación con violaciones a derechos humanos, pero que por otro favorece los intereses de diversos actores vinculados al poder público.
La libertad de expresión en Honduras siempre ha sido cuestionada, pues se han cometido varios atropellos a la misma, cerrando canales de televisión y radio, así como asesinatos a periodistas. Sin embargo, hay una diferencia entre libertad y libertinaje, pero -aún en estos casos- no debería de ser penalizado con cárcel. Al considerar estos delitos en el ámbito penal, se crea una mordaza que marca un mal precedente ante futuros casos en donde se vea implicada la libertad de prensa.
Si nos vamos al ámbito internacional, este tipo de sentencia crea un panorama negativo para el país, pues el tema de la libertad de expresión cobra gran importancia, sobre todo a nivel de percepción, debido a que los organismos defensores de los derechos humanos y relacionados con el actuar periodístico, en general, condenan la penalización de estos delitos. Y es que hacerlo implica una afrenta contra la libertad de expresión y contribuye a mermar la función del periodismo como contra-poder y garante de la transparencia y rendición de cuentas.
Ese es precisamente el debate, pues la mayoría de estos entes coinciden en que los excesos y el aprovechar los medios de comunicación para emitir juicios de valor y denuncias sin pruebas debe ser castigado, pero se consideran fuera de lugar que el castigo sea la cárcel.
En esa misma línea de pensamiento se pronunció hace algunos años Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial y esposo de la mandataria Xiomara Castro, quien dijo que: «un periodista que injuria, difama y calumnia, puede merecer un castigo por sus excesos, pero nunca la cárcel».
Más allá del encarcelamiento, se deberían tomar medidas también drásticas como la suspensión de su labor, para no afectar la imagen de los comunicadores que sí se rigen por normas de ética periodística.
Tener libertad para investigar, denunciar y dar seguimiento a los casos de delitos contra la administración pública es vital para combatir la corrupción estructural que marca a Honduras como el cuarto país más corrupto de Latinoamérica y el segundo de Centroamérica, solo «superado» por Nicaragua, según el índice de Transparencia Internacional.
Será difícil sacar a Honduras de esos sitiales de corrupción si los gobiernos se siguen negando a la transparencia y viendo a los mecanismos de veeduría ciudadana como un ataque y no como aliados que garantizan gestiones públicas eficientes y eficaces.
Partiendo de que Honduras es signataria de protocolos internacionales, tales como la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que establecen que las presiones directas e indirectas dirigidas a silenciar el trabajo periodístico de los medios son incompatibles con la libertad de expresión, y recordando que la libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar, no debería haber restricciones para ejercer esta labor.
Sin embargo, seguimos sin garantías legales mientras no se deroguen los artículos del 229 al 234 relativos a los delitos contra el honor de injuria y calumnia, del Capítulo III del Código Penal.
Mantener empantanada esta despenalización a causa de que las y los diputados se siguen negando a cumplir con su deber constitucional de legislar, causa una profunda laceración social. Y, mientras eso no pase, seguiremos viviendo en un país donde periodista que habla, incomoda. Y donde hay que respirar profundo para atreverse a denunciar.
