Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La fragilidad democrática en los llamados países del Triángulo Norte de Centroamérica que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, ha instalado con fuerza la remilitarización de la seguridad bajo políticas de estado de excepción en donde vuelve la figura del “enemigo interno”, extendida no solo a los grupos delincuenciales, sino a todo aquello que pueda considerarse oposición como un avance hacia la deriva autoritaria, advierten expertos en temas de seguridad y militarismo.
Los estados de excepción que implican la puesta en marcha de políticas de mano “súper dura” en materia de seguridad se impulsan con fuerza en El Salvador y Honduras, en un afán por controlar los territorios en zonas de violencia, pero también para instalar la figura del “enemigo interno” usada en los años ochenta cuando la región centroamericana se encontraba en el fragor de la desaparecida guerra fría al amparo de la doctrina de seguridad nacional.
En la década de los 80 del siglo pasado, la figura del “enemigo interno” dio paso a las violaciones de los derechos humanos, la desaparición forzada de personas y a formas y maltratos en materia de tortura inimaginables, algunos con métodos propios del holocausto.
Ese pasado, doloroso para la región centroamericana, parece retornar nuevamente bajo otros esquemas, evidenciando el fracaso de las elites gobernantes en Centroamérica, en especial en el Triángulo Norte, donde los problemas estructurales que dieron paso a los conflictos bélicos internos parecen haberse agudizado, debilitando la frágil institucionalidad democrática en la región.
Los acuerdos de paz, el retorno a las elecciones, los primeros pasos para fortalecer la instituciones estatales y la democracia, la instalación de comisiones de la verdad, las primeras acciones contra la impunidad y el retorno a la conducción civil de la defensa y la seguridad con la vuelta de los militares a sus cuarteles y la creación de una policía civil, fueron un hálito esperanzador para la región, pues había desaparecido el “enemigo interno” que tanto daño hizo a estas democracias.
Pero, en los últimos años, esos aires de esperanza se han ido desvaneciendo, la inseguridad y la violencia se volvieron apoderar del Triángulo Norte y con ellas el retorno de la remilitarización de la seguridad.
Centroamérica, en especial Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, viven desde entrado el año 2000 al 2024 un regreso del “oscuro pasado” en que estuvo sumida: reapareció la inseguridad y la violencia, el fenómeno de las maras y pandillas, la deportación de migrantes, una corrupción galopante, el crimen organizado, el debilitamiento institucional, y problemas estructurales como la pobreza, desigualdad y empleo, se agudizaron.
Retornaron los “pactos oscuros”, sostiene el experto en temas de militarismo y seguridad, Douglas Farah, en el marco del Ciclo de Actualización a Periodistas (CAP), sobre “Democracia y Autoritarismo” que se imparte a cerca de 30 periodistas de la región, donde Farah abordó el tema.
El regreso de los “pactos oscuros” ante el fracaso de las élites para gobernar, empoderó nuevamente a los militares e instaló de nuevo la figura del “enemigo interno” para perseguir no solo pandilleros o terroristas, también a opositores políticos y críticos de los regímenes autoritarios. El abuso a los derechos humanos y a una justicia operante de los abusos, destacan entre las principales características de esta nueva fase, apunta Farah.
¿Podrán las fuerzas democráticas recuperar el territorio perdido?
Citando un trabajo sobre el remilitarismo en Centroamérica de la Rockefeller Brothers Fund, señala que ahora hay mucho en juego: está por verse si las fuerzas democráticas pueden recuperar de manera sostenible el terreno perdido contra las fuerzas militares y autoritarias que buscan regresar al pasado, o si los últimos 25 años de frágil progreso democrático son una anomalía histórica reversible que pudiera desaparecer.
Dijo que si bien ningún país del Triángulo Norte, más Nicaragua, se encuentra en guerra, cada vez hay menos transparencia sobre el presupuesto militar y las políticas de “control territorial” bajo los estados de excepción, en donde los problemas sociales se vuelven problemas de ocupación territorial para los militares y las fuerzas del orden, colocando así la doctrina del “enemigo interno”.
El Salvador, señala, es el país donde esta política tiene sus efectos más dramáticos, el presidente Nayib Bukele ha avanzado en su estrategia de consolidación de un esquema autoritario en donde los casi 80 mil prisioneros que tiene en su mega cárcel, cerca de 70 mil no son pandilleros.
De acuerdo a Farah, Bukele se ha reelecto al margen de la ley, ahora controla toda la institucionalidad y gobierna con los militares de su lado y desde el Congreso Nacional dispone qué se puede y qué no se puede hacer.
En el caso de Honduras, Farah indicó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro optó por “abrazarse” con los militares, luego de pregonar que los devolvería los cuarteles y que tendría un gobierno civil en la conducción de los temas de seguridad y defensa, pero ahora los militares tienen enormes cuotas de poder, entre ellas el control de instituciones que se abren a la corrupción como el tema del manejo de las contingencias y proyectos de reforestación, entre otros.
Se han vuelto, asimismo, en fuerza de represión en contra de comunidades indígenas y del medio ambiente, sostiene el experto, al aseverar que cada vez los militares se hacen más indispensables para el gobierno de la presidenta Castro que ha terminado por recostarse en ellos para gobernar.
Castro no da señales alentadoras
Esas políticas de seguridad de “súper mano dura” han dado facultades a los militares para controlar las cárceles, construir otras sin permiso ambiental, y avanzar en el “control” territorial donde se reportan ya serios abusos a los derechos humanos y las primeras desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de personas a cargos de militares y policía, según reportes de organismos humanitarios estatales e internacionales.
El gobierno de la presidenta Castro ha reactivado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con potentes resoluciones que favorecen a las fuerzas del orden, que, a su vez, solicitan al parlamento reformas legales para ampliar lo que podría ser el concepto de “enemigo interno”, amparado en la figura del terrorismo.
En Honduras, bajo el nuevo y autoproclamado gobierno reformista de Xiomara Castro, la consolidación de las políticas de remilitarización pende de un hilo. Las primeras señales no son alentadoras, asegura Farah al citar el informe sobre la remilitarización de la Rockefeller Fund.
En Guatemala, advirtió cómo las estructuras militares y élites políticas corruptas intentan boicotear las acciones del nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo, complicando los espacios para construir nuevos caminos. Arévalo, que encabeza un gobierno y un proceso de transición, vive una guerra de baja intensidad de estas fuerzas del pacto de corruptos que busca desestabilizar sus acciones democráticas, teniendo como aliadas a poderosas estructuras en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Una de las acciones de las políticas de seguridad y remilitarización de estas, en el marco del estado de excepción es el ojo incómodo en que se convierten la prensa y los periodistas, a quienes someten a mecanismos de vigilancia y seguimiento para acallar sus voces. Nicaragua, es uno de los más claros ejemplos de ese acoso que tiene en el exilio a más de un centenar de periodistas, se indicó.
Pero ahora, con la remilitarización de la sociedad, las democracias centroamericanas se vuelven más frágiles porque la corrupción se entroniza, el “enemigo interno” se intensifica al amparo de los estados de excepción en seguridad. La región centroamericana se encuentra en un punto clave para la democracia: recuperar los espacios democráticos o mantener la remilitarización.
La transparencia para combatir la corrupción, el nepotismo, los abusos de poder y el futuro de la prensa se encuentra en juego en estos momentos en los países del Triángulo Norte más Nicaragua, dijo claramente el experto analista en temas de militarismo y seguridad Farah.
Los ciclos CAP son un esfuerzo académico que busca promover espacios y generación de conocimientos a periodistas de Guatemala, El Salvador y Honduras relacionados con la democracia, justicia, libertad de expresión, procesos electorales, gobernabilidad, entre otras temáticas que permitan a los periodistas seguir el rumbo de los acontecimientos regionales y cómo ella afecta directa o indirectamente a sus países, cómo la prensa puede contribuir a fortalecer la democracias y sus espacios sin avanzar hacia regímenes autoritarios. (PD).
