Tegucigalpa. – El paso de los meteoros Eta y Iota ha sido catastrófico, como lo previó el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos. La fuerza de sus bandas lluviosas nos ha dejado un valle de Sula devastado, el principal motor económico del país golpeado como nunca, mientras el resto del país, muestra también los efectos de estos fenómenos como parte del cambio climático.
Los desastres no hubiesen sido tan grandes, si hace 22 años, cuando pasó el huracán Mitch se hubiesen formulado las políticas públicas atinentes y empujado verdaderos planes de prevención y mitigación al riesgo, conscientes que el país había entrado ya a una etapa de vulnerabilidad climática que lo coloca entre los cuatro más vulnerables en el mundo.
Las políticas siguen siendo reactivas, frente a cada fenómeno natural reaccionamos al momento, y en esta ocasión, la respuesta no ha sido distinta, con el agravante que cuando ingresó Eta, las autoridades reaccionaron con la tormenta encima, pese a los avisos, en su empeño por empujar un feriado que a todas luce no prometía ser halagüeño.
Ahora la apuesta es hacia una propuesta de reconstrucción que debería ir acompañada de un amplio proceso de participación, inclusión y transformación. Es el clamor popular, pero ello no parece resonar en la cúpula que dirige el país, hasta ahora. Esa propuesta integral pasa por un ingrediente crucial: transparencia.
Y es precisamente esa palabra la que genera dudas, en medio de la reconstrucción, el poder ejecutivo hizo un movimiento para blindarse a la rendición de cuentas, al crear una Secretaría de la Transparencia que otorga el tiro de gracia al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), limitar funciones propias del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público—ambos con rango constitucional—y querer cerrar el paso al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), uno de los entes de sociedad civil de mayor beligerancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La jugada del poder Ejecutivo es un segundo blindaje a la lucha contra la corrupción, que enfrenta de por sí el blindaje legislativo aprobado en el parlamento con leyes y reformas que fortalecen la impunidad, además de la discrecionalidad con que los llamados jueces naturales resuelven los casos dejados por la MACCIH y la UFECIC del Ministerio Público.
Como dicen, en río revuelto, ganancia de pescadores, y así actuó el ejecutivo, a hurtadillas, aprovechando la agonía del pueblo en medio de la tormenta tropical Eta, y mientras se anunciaba la llegada de Iota, también se tejía otro proyecto legislativo orientado a usar “a discreción” los fondos de previsión social de los pensionados públicos, que por ahora está detenido. En medio de los golpes huracanados, se generaban también los golpes y vientos políticos.
El gobierno anuncia que tiene millonarios recursos para la reconstrucción de la red vial, destruida por los meteoros, en tanto hace un llamado a la comunidad internacional para que apoye las labores humanitarias, productivas y de infraestructura física. Dentro de su propuesta, se encuentra una especie de apartamentos modulares, similares a los que se construyeron en Venezuela, para los pobres. Esa promesa viene siendo arrastrada desde hace cinco años y ahora ha sido resucitada nuevamente.
La emergencia tanto para la pandemia por el coronavirus como por la crisis climática, ha sido otorgada por el gobierno a dos instituciones de credibilidad cuestionada: Copeco e Invest-H, salpicadas por los escándalos de corrupción por el coronavirus, y bajo la investigación del Ministerio Público.
Pero no solo por eso están cuestionadas estas instituciones, también por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que nuevamente les aplazó por no difundir información pública de interés sobre la ruta del dinero de los gastos destinados para la emergencia.
Señalados por los escándalos de corrupción ligados con los hospitales móviles, los ventiladores mecánicos y la compra de material de bioseguridad sobrevalorado y no apto para el personal sanitario, los discursos de transparencia de los responsables de estas instancias se estrellan frente a la evaluación de sus portales hechas por el IAIP, y ahora, en la emergencia climática, esas instancias de opacidad son las responsables de liderar un proceso de ¿reconstrucción?
Pero la opacidad no llega solo ahí, del informe del IAIP se advierte una preocupante involución de las instituciones obligadas por ley de transparencia a rendir cuentas, de más de trescientas instituciones analizadas, 123 incumplieron con la ley de transparencia. Contrataciones, planeación, rendición de cuentas, entre otros, son los lineamientos que más incumplen las instituciones evaluadas.
Con la creación de la nueva Secretaría de Transparencia, ese mandato de evaluación del IAIP irá disminuyendo paulatinamente, la discrecionalidad será mayor porque las instituciones obligadas deberán rendir cuentas a la Secretaría de Transparencia y no harán mucho caso al IAIP, porque su mandato le ha sido mutilado por esa dependencia con la cual el gobierno pretende vender una imagen de “transparencia y rendición de cuentas” en el combate a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Esa Secretaría de Transparencia, además, se va encargar de decidir qué es denuncia de un ilícito y qué no, pues tendrá una dependencia que en su análisis dirá si procede o no una acción administrativa ilícita o una denuncia de corrupción que llegue a una línea por ellos creada. Estas acciones limitan las funciones del Tribunal Superior de Cuentas y también del Ministerio Público en sus funciones que les otorga la Constitución.
Hablar de reconstrucción, con una dualidad en la transparencia, no será fácil para quienes creen que el país se rige por la “Honduras de allá”, sin mirar la “Honduras de acá”.
