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Reconocida jueza guatemalteca dimite y sale al exilio con amenazas de muerte

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Guatemala– La reconocida jueza guatemalteca Erika Aifán Dávila, galardonada en 2021 por Estados Unidos por su lucha contra la corrupción y la impunidad, anunció este lunes que renunció a su cargo y tuvo que salir al exilio por «presiones y amenazas» contra su labor.

En un video divulgado por sus redes sociales, la titular del Juzgado D de Mayor Riesgo del Organismo Judicial explicó que tomó la decisión de dimitir al puesto a partir de abril por «falta de garantías suficientes de protección» a su «vida e integridad» en Guatemala.

Posteriormente, en una entrevista radial, Aifán Dávila dijo: «Se tuvo la información de que si intentaba salir del país por cualquier motivo se iba a intentar atentar contra mi vida».

De igual forma, la abogada añadió que existe una «persecución» del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en su contra y también indicó que el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, solicitó información en un caso que supuestamente lo involucra.

La jueza llevaba 19 años en el Organismo Judicial, incluidos 6 en una corte de alto riesgo, y durante ellos tuvo a su cargo varios casos de alto perfil.

Uno de esos casos fue la imputación de cinco miembros de la élite empresarial de Guatemala en 2018 por financiar ilícitamente la campaña política y llegada a la presidencia del comediante Jimmy Morales (2016-2020).

Aifán Dávila tenía a cargo actualmente un caso en el que se investigaba el amaño de la elección de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca en 2020, una de las tramas que le ha provocado «hostigamiento» y «persecución» en su contra.

Además, la jueza tenía el expediente de una investigación en curso donde se involucra al presidente guatemalteco, y fue por este expediente que recibió una solicitud por parte del mandatario.

«Lo que se hizo fue denegarle la petición de acceso a actuaciones de ese expediente que se menciona, porque él (Giammattei) no es parte procesal dentro del expediente», puntualizó Aifán Dávila.

«Y no es parte procesal porque no está constituido como tal ni el Ministerio Público ha pedido nada en contra de él», añadió.

FISCALES Y JUECES EN EL EXILIO

Con la partida de Aifán Dávila a Estados Unidos, ya son 15 los operadores de justicia guatemaltecos que han tenido que salir al exilio en los últimos meses, debido a que, según han afirmado la mayoría, han sufrido «criminalización» en su contra por parte de la fiscal general, Consuelo Porras.

La mayoría de los operadores de justicia en el exilio son fiscales que fueron parte de la lucha anticorrupción en Guatemala que se registró entre 2014 y 2020, y que fue debilitada con la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Porras fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos tras acusarla de «obstruir» la justicia en casos de alto impacto en Guatemala.

LA «DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO».

Aifán Dávila dijo en la entrevista que lo que más le dolía de la situación del país es «la destrucción del Estado de Derecho».

La jueza se encontraba actualmente bajo un proceso legal avalado por la Corte Suprema de Justicia para que fuera investigada por una decisión judicial y se le removiera la inmunidad.

El pasado 9 de marzo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, acompañó a la jueza a la corte donde se le examina para removerle la inmunidad.

Aifán Dávila ya había recibido también el respaldo de la presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos, Kerry Kennedy, quien la acompañó también de manera presencial en el inicio del proceso judicial en su contra el 4 de marzo.

Kennedy, hija del político estadounidense Robert F. Kennedy, aseguró ese 4 de marzo, de visita en Guatemala, que estaba en la nación centroamericana «porque una de las mejores jueces de este país está siendo falsamente acusada, y está siendo perseguida con revanchismo por su trabajo en combatir la corrupción».

En 2021, Aifán Dávila fue galardonada con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado estadounidense, «por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala».LB

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