Tegucigalpa – La amnistía aprobada para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia por la junta directiva legislativa que encabeza Luis Redondo la noche del miércoles, ha generado un rechazo general en Honduras porque se atribuye se trata de un nuevo pacto de impunidad.
Entes de sociedad civil, la empresa privada e incluso sectores políticos rechazan el decreto que liberaría de responsabilidad a los que han cometido delitos en contra de la administración pública e incluso para ilícitos de criminalidad organizada.
La amnistía aprobada abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
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El decreto incluye delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada.
Las reacciones no se han hecho esperar al conocerse detalladamente los alcances del proyecto aprobado en la Cámara la noche del miércoles mientras muchos miraban el partido de la selección nacional de Honduras y otros disfrutaban la alborada al 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.
El propio ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, cuestionó la Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, al postear en su cuenta de Twitter: “Un nuevo pacto de impunidad”.
Amnistía no procede
A criterio del jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, la amnistía aprobada la noche del miércoles por el Congreso Nacional que dirige Luis Redondo “no procede para los delitos contra la administración pública”.
“Nos generan una alta preocupación las decisiones que se están tomando porque la diferencia de lo que ocurría el año pasado y los cuatro u ocho años atrás en el Congreso son los actores, pero las acciones están siendo las mismas”, criticó.
Fernández dejó claro que se oponen a cualquier decreto de genere impunidad.
“La amnistía en los delitos contra la administración pública no pueden proceder, sabemos que había un acuerdo de Cartagena que establecía que los delitos políticos podrían ser eximidos, no obstante a ellos no podemos permitir que los delitos contra la administración pública pueda ser eximidos de responsabilidad”, arguyó.
Son aprovechamiento que se hacen en la revuelta que existe en este momento en el Parlamento hondureño, resumió.
Aseguró que como ente de sociedad civil seguirán criticando los malos procedimientos que se apartan de las leyes nacionales.
“Para ir tomando estas decisiones se debe resolver en primera instancia el tema de la legalidad porque posteriormente nos traerá consecuencias jurídicas que lo pagará el pueblo hondureño”, exteriorizó.
“Rosario de delitos” se aprobó con amnistía
Un “rosario de delitos” fue lo que aprobó el Congreso Nacional que preside Luis Redondo el proyecto de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, cuestionó este jueves el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano.
“El día anterior (miércoles) un grupo de diputados sesionó y tomó la decisión de aprobar una amnistía para un rosario de delitos que no tiene nada que ver con delitos políticos”, declaró Solórzano.
Calificó que este tipo de amnistías solo genera más impunidad y condenó que el actual Congreso Nacional esté repitiendo actos que cometieron administraciones anteriores.
Solórzano señaló que este Congreso Nacional volvió a actuar como las antiguas administraciones de aprobar proyectos con dispensa de debate y en altas horas de la noche.
Advirtió que lo aprobado con la amnistía genera impunidad en delitos relacionados contra la administración pública, terrorismo, uso ilegal de armas y otros.
Lo que no vemos correcto es que se siga premiando la impunidad, comentó.
El profesional del derecho puntualizó que la iniciativa privada no comparte este tipo de acciones y que las seguirá criticando.
JS
