Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó este viernes el sobreseimiento definitivo para la mayoría de los acusados en el caso Pandora.
El Ministerio Público informó que la Sala de lo Constitucional había desestimado el recurso de amparo interpuesto contra los sobreseimientos.
De acuerdo al ente acusador del Estado, los sobreseídos son: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso y Redín Lenín Chávez Galindo
De igual manera fueron sobreseídos: Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Josué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales, Félix Francisco Pacheco Reyes, Elvin Santos Lozano y Denis Enrique Pacheco.
Finalmente, están: Sixto Pineda Hernández, Velkys Rosibel Hernández, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.
Los únicos que quedaron sujetos al desarrollo de un juicio oral son: El exministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, Laura Arita, Norma Keffy Montes y Fernando Josué Suárez.
“El Poder Judicial blinda uno de los actos de corrupción más reprochables en la historia del país, dándole valor a planteamientos de las defensas de los encausados que solicitaron ante la juez un pronunciamiento sobre la responsabilidad de sus defendidos, suplantando el proceso regular por uno arbitrario y falaz el cual adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, garantizando así la impunidad de la corrupción”, condenó el MP en su nota de prensa.
La Fiscalía argumentó que la CSJ desconoció la norma fundamental al aplicar un procedimiento distinto al que es competencia de la juez de letras y por ende del tribunal de apelación.
Expediente
El Caso Pandora involucra a altos exfuncionarios, socios, familiares y personas naturales por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a 282 millones de lempiras.
Los hechos fueron denunciados por un inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas, más la auditoria especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Durante las investigaciones, el MP encontró indicios que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en los departamentos de Olancho, Intibucá y Colón; el mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco y escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Los fondos habrían sido destinados a financiar campañas políticas en 2013 y otros gastos personales de los implicados por un monto exacto de 282 millones 016 mil 175lempiras.
Los recursos provenían de la SAG y de la Secretaría de Finanzas.
Para tal fin fueron utilizadas las fdndaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las cuales les otorgaron los fondos para supuestamente desarrollar dichos proyectos, pero que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, Partido Frente Amplio (Faper) y Partido Liberal.
Entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO), la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), figuran parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones 030 mil lempiras. AG
