Tegucigalpa. – De un tiempo a acá se percibe en el país un ambiente de polarización y confrontación que lleva a preguntarse sobre qué se escribe y qué se dice en Honduras, pues todo parece incomodar, saltan las vocerías desmintiéndose a sí mismas y se propagan como el viento las campañas de descrédito hacia voces calificadas, medios de comunicación, periodistas y personajes que se atreven a expresar sus opiniones sobre el rumbo del país, los retos que nos esperan y la urgente necesidad de liderazgos demócratas que cierren el paso al autoritarismo y a las electo dictaduras que se instalan en la región.
Pero estos debates que deben ser el fermento de una sociedad democrática, de una sociedad que, apuesta por formar y fortalecer valores cívicos y democráticos, empiezan a ser torpedeados por quienes quieren imponer la corriente del pensamiento único en una clara estrategia que busca copar los espacios públicos con narrativas distintas a las realidades y demandas del país. Es la estrategia de alejar el pensamiento crítico, de sacarlos de escena, y de intimidarlos con ataques digitales y campañas de desprestigio sutiles y abiertas. Es la estrategia de acallar, cuando lo que debería existir es un debate de las ideas, un debate del respeto a las diferencias y minorías, un debate que construya desde las lecciones aprendidas; pero no un debate de insultos, de gritos y expresiones que alejan toda posibilidad de diálogo y consensos.
En los medios de comunicación, tradicionales y digitales, han salido en los últimos meses trabajos periodísticos de enorme valor y trascendencia en materia de seguridad, corrupción, centros penales, medio ambiente, licencias ambientales, concesiones; la construcción de la polémica cárcel en las Islas del Cisne, hasta el vergonzoso episodio que salpica al Poder Judicial y al Ministerio Público, último que no termina de clarificar bien su rol en esa trama, será el tiempo quien dirá la última palabra.
Algunos de esos trabajos que han llamado mi atención, se relacionan con la seguridad, son reportajes que deberían estremecer las estructuras policiales y del gobierno mismo generando respuestas. Se relacionan con las cárceles, la construcción de túneles, la salida de sicarios desde las cárceles hondureñas para ir a matar personajes ligados al narco en Costa Rica, así como los sobornos para que escapen reclusos de otras nacionalidades bajo medidas de preliberación. Se entiende, entonces, el por qué Costa Rica puso restricciones en su visado al ingreso de los hondureños, algo que nunca nos dijeron y contaron nuestras autoridades.
Los relatos, acompañados de evidencias, datos y fuentes periodísticas, deberían generar una investigación de oficio de quienes investigan estos hechos en el país, pero la respuesta no solo ha sido un silencio cómplice, sino la negación de la información: “fake news”, dicen las autoridades. Y ahí murió el asunto. Los medios se “inventan” las noticias. Y cuando salen en los espacios públicos es para promover sus bonanzas e, incluso, intimidar a quienes osan hurgar más allá del relato estrictamente oficial.
Otros se han dado a la tarea de exponer mediante solicitudes de información pública la opacidad de las instituciones consultadas, crecen las limitaciones al acceso a la información y cada vez se descubre más información clasificada como secreta. La construcción de la cárcel en las Islas del Cisne ha caído en esa secretividad al desconocerse los términos de licitación, cómo y en qué se basó el permiso de la licencia ambiental, cuál será el impacto que ello tendrá en el ecosistema, entre otros hechos relevantes. La construcción de esa mega cárcel ha generado tanto rechazo popular como lo fueron las Zedes en el gobierno de JOH, salvo el hilo conductor que une ambos proyectos: se dieron y darán contra viento y marea porque así lo deciden y decidieron nuestros gobiernos. La tozudez se impone ante el debate y la razón.
Si temas como esos son sensitivos, lo son también aquellos relacionados con la lucha contra la corrupción, y más aún los temas políticos y de campañas políticas. Las preguntas obligadas de la prensa empiezan a ser refutadas con ataques e intolerancia por parte de sus protagonistas, a quienes habrá que pedirles—seguramente—que escriban lo que desean se les pregunte.
Son momentos complejos para el periodismo, los periodistas y para quienes hacen uso del derecho a la libertad de expresión. Grabada está en mi memoria lo expresado recientemente por una joven ciudadana al preguntarle si cree que existe en el país libertad de expresión. Su repuesta fue: no existe porque ahora uno debe pensar bien lo que dice, porque por el derecho a la palabra, lo pueden matar. Hace un año atrás, esa misma pregunta se hizo a otro grupo de personas en el interior del país y su respuesta fue: la libertad de expresión la tenemos a medias, porque la estamos perdiendo.
Qué escribir y qué decir en Honduras no debería ser el título de esta columna, menos en el periodismo, porque éste surge para fiscalizar el poder público, para contrastar la información, para hacer periodismo con rigor, con ética y con profesionalismo, para garantizar el acceso y el derecho a la información pública, y para preguntar, aunque ello incomode al poder. Lo que no puede permitir el periodismo, ni la ciudadanía es que se intente acallar su voz, que se imponga la autocensura y que se imponga la indiferencia, porque entonces, los propagadores de pensamiento único habrán triunfado en su estrategia y narrativa de sacar del espacio público y del espacio cívico a quienes les incomodan, a quienes se atreven a decir al Rey que anda desnudo para que se cubra con pudor, y no se exhiba con la sábana de la vergüenza. Sobre eso se debe escribir, sobre eso hay que hablar, como también debe hacerse y aplaudirse lo que se hace bien, sin caer en la lisonja ni la idolatría, porque para eso están quienes se encargan de adularlos, aunque anden desnudos.
