Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Todo indica que la aprobación de una Ley Tributaria recorrerá un camino largo y se tendrá que esperar para establecer un sistema fiscal más equitativo y con visión a la generación de empleo y atracción de inversiones.
– Todo proyecto de Ley Tributaria debe contemplar una verdadera medición del costo beneficio.
– Si se trata de los intereses del país congresistas deben juntar lo mejor de los proyectos de Ley de Justicia Tributaria y Ley de Equidad Tributaria y crear una sola ley, opinan expertos.
– Carlos Zelaya confesó este lunes que no tienen los votos para la Ley que impulsa el Ejecutivo, pero dijo seguirán las pláticas con las fuerzas políticas.
Como es sabido en el Congreso Nacional está pendiente un controversial proyecto denominado Ley de Justicia Tributaria, este ya ha sido socializado y recibió importantes recomendaciones técnicas de diferentes sectores, como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y otros sectores económicos y sociales.
Pero pese a que se han incorporado algunas modificaciones, persisten las dudas sobre este, ya que según el sector privado y fuentes legislativas de oposición este está lejos de estar encaminado a una verdadera justicia tributaria y, por el contrario, dejaría al país en desventaja competitiva y sin atracción para la inversión.
El dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, que busca eliminar 14 regímenes de exoneración fiscal y establecer nuevos controles, no logra el consenso porque los sectores apuntan que no se debe cortar de tajo los beneficios, mientras el gobierno insiste que los regímenes de exoneraciones han sido desnaturalizados con abusos y lesividad.
Expertos consultados por Proceso Digital, indican que si bien es cierto que en el país se necesita un ordenamiento fiscal, este se debe hacer partiendo de una medición costo beneficio y basar cualquier propuesta en un enfoque donde prevalezca la idea de reducir los desequilibrios fiscales y así fomentar el desarrollo económico del país.
Una Ley paralela
Luego de meses de permanecer en la palestra pública el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, surge una nueva propuesta, en esta ocasión presentada por el Partido Liberal de Honduras (PLH), la cual se titula -Ley de Equidad Tributaria- para muchos una paralela, para otros una alternativa que hay que contemplar.
En la exposición de motivos el PLH subraya que “en lugar de imponer una ley, proponemos que el gobierno promueva y acuerde un Gran Pacto Fiscal con las distintas fuerzas vivas y productivas del país. Nuestro partido apoyaría el producto de ese diálogo y pacto”.
El oficialismo, salió al paso de la presentación y acusó a los liberales no solo de montar una paralela sino de crear y presentar un proyecto de ley a conveniencia del sector privado.
Cuál de los dos proyectos superará la prueba
Ley de Justicia Tributaria: Entre los principales puntos que destacan los proyectistas está el de reconocer a nivel constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana.
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Asimismo, limitar el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años; derogar los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes.
Y como gran objetivo de la ley se remarca la creación de dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientadas a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera. Estos dos nuevos regímenes se otorgarán a impuestos específicos, por un máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
Otro de los puntos sonados es el de cambiar el principio de renta territorial a mundial, así como también eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal.
También este proyecto estima eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario.
También se destaca que se establecería el marco normativo e institucional para controlar los abusos de las empresas exoneradas y con la reforma, SEFIN, SAR y Aduanas se realizarán auditorías para cancelar las exoneraciones a empresas que han abusado de estas.
Otro punto de los principales que se podría remarcar es el de aprobar la figura de Beneficiario Final, con el cual según los impulsores de la ley se evitaría que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos.
Ley de Equidad Tributaria: Según los promotores en la Ley de Equidad Tributaria se amplían los rubros para atraer la inversión incorporando medidas que permiten certidumbre; también para garantizar la seguridad jurídica se mantienen los beneficios adquiridos.
Se mantiene el Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (RINDE) como promotor de la inversión nacional; y al mismo tiempo esta Ley crearía el RINDE Megaproyectos para incentivar la inversión extranjera a grandes escalas, asegurando la retribución del sacrificio fiscal.
Asimismo, en la presentación de la Ley de Equidad Tributaria, se destacó que con este proyecto se establece la reducción progresiva de los incentivos fiscales como forma de control y ordenamiento fiscal y que definirá una inversión mínima para poderse acoger a RINDE Megaproyectos y Zonas Francas como requisito de elegibilidad.
De igual forma se detalla que se delimitan las exoneraciones para las Zonas Francas y se establece el proceso de liquidación de Zonas Francas; asimismo, se reduce el plazo de goce de beneficio y en los casos de ampliaciones de beneficios en Zonas Francas.
Los proyectistas también especifican que para preservar los empleos y promover la inversión la Ley introduce un proceso de transición de los regímenes anteriores para promover los nuevos beneficios como medida de control. De igual forma el proyecto crea un capítulo exclusivo de medidas Control y Fiscalización, con la finalidad de reducir la discrecionalidad y los abusos en beneficios fiscales y los niveles de incumplimiento se categorizan en graves y leves.
También se crea un proceso de secreto bancario que contiene las medidas de seguridad, confidencialidad y respeto a los derechos obligados tributarios y cuentahabientes.
Un mix de ambos
Según explicó el diputado Marlon Lara a Proceso Digital, la Ley de Equidad Tributaria, permite subsistir los dos sistemas el viejo con los 18 regímenes y los dos nuevos el RINDE y el RINDE Megaproyectos, lo que “es bien importante porque el empresario al ver que se le permite migrar de un régimen a otro eso le da confianza”.
Según el parlamentario, La Ley de Justicia Tributaria no es amigable con la inversión y la generación de empleo en cambio “esta ley nuestra no es hostil al empleo ni a la inversión sino atractiva, tiene un capítulo sobre control y seguimiento de los abusos sobre las exoneraciones y penaliza la pena en graves y leves”.
No obstante, reconoció que ambos proyectos plantean pasar de 18 regímenes a solo dos y se busca una reforma tributaria, por ello incluso se puede contemplar la posibilidad de hacer un “mix de las dos y hacer una sola ley de ambas”.
Lara, anotó que, aunque el proyecto del PLH, apenas se ha presentado, es bien visto por los sectores y tendrá que pasar por un amplio proceso de socialización con todos los sectores y con las fuerzas internas del Legislativo.
Mientras para el político y economista Nelson Ávila, «ni la propuesta de reforma tributaria del Gobierno, ni la del Partido Liberal, ni la crítica del Cohep, tienen un elemento capital que lo he dicho desde hace tiempo, la matriz de impactos».
El especialista dijo que ambos proyectos deben contemplar el impacto en las diferentes áreas y no solo contemplar impacto en inversión, sino que al mismo tiempo en la generación de riqueza a través de producción.
También cuál es el impacto en la masa de ganancias, en la masa de salarios, en la masa de ingresos tributarios, en la competitividad y en la inflación; todo ese tipo de elementos deben estar claros y hay que hacer una matriz de esa naturaleza y ninguno la tiene reiteró.
El pacto necesario
Expertos en economía coinciden en que los proyectos pueden ser analizados y sacar lo mejor de ambos sin que prevalezcan intereses mezquinos, porque confrontando y descalificando las iniciativas que se lanzan no habrá un pacto necesario para una política fiscal justa encaminada al combate a la pobreza y desarrollo.
Según datos de la Encuesta de Hogares (INE), del 2021, la población Económicamente Activa (PEA) es de 4 millones de personas; de esta cantidad, 2 millones son asalariadas pero el salario del 65 % de este segmento, es inferior al salario mínimo.
Las mismas estadísticas refieren que, 2.6 millones de personas atraviesan problemas de empleo, lo que se conoce como subempleo ya que reciben ingresos insuficientes que no alcanzan ni para cubrir la canasta básica de alimentos, y el 9 % de esta población carece por completo de empleo e ingresos, de ahí se deriva que el 74 % de la población padece pobreza y que de ese total el 54 % viva en pobreza extrema.
Ante dicho panorama los entendidos, recalcan que es fundamental que en Honduras no se sigan presentando proyectos o reformando sin el respectivo análisis costo-beneficio, porque si no se enfocan bien los objetivos como país de corto, mediano y de largo plazo entonces prevalecerá la alta conflictividad y el país sumido en la pobreza. LB
