Tegucigalpa – El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos lamentó este lunes la situación que pasa en estos momentos El Salvador, donde impera una tensión política entre el Ejecutivo y el Congreso, cuya sede fue militarizada el domingo.
«Lamentamos y rechazamos toda actitud de poder que vulnere una condición esencial a la existencia de un país como Estado democrático de derecho», indicaron los procuradores de la región, según un comunicado divulgado en Tegucigalpa por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el país (Conadeh).
Entre esas condiciones esenciales figuran, según los procuradores, «el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».
El Salvador vive una tensión política e incertidumbre por el rechazo de la Asamblea Legislativa de aprobar un préstamo por 109 millones de dólares, otorgado por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), para financiar la tercera parte del Plan Control Territorial.
Ante el rechazo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, irrumpió el domingo en la Asamblea Legislativa con militares y policías con fusiles de asalto para exigir la aprobación del polémico préstamo, llamando, incluso, a la insurrección popular y dio a los parlamentarios una semana para avalar los fondos.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó este lunes a Bukele abstenerse de utilizar el Ejército para poner en riesgo el sistema de gobierno republicano y democrático.
Los jueces constitucionales emitieron esta medida cautelar al admitir una demanda contra la convocatoria a una sesión extraordinaria hecha por el Consejo de Ministros de Bukele a la Asamblea Legislativa, misma que desembocó en una intervención militar en el Congreso el domingo.
Los procuradores de Derechos Humanos de Centroamérica expresaron «su respaldo y reconocimiento» al ombudsman de El Salvador, José Apolonio Tobar, por el «cumplimiento de su función de garantía de efectividad de los derechos humanos del hermano pueblo salvadoreño, ejerciendo su independencia o plena autonomía institucional a ese efecto».
Señalan además que respaldan el pronunciamiento de Tobar que «reafirma el valor del Estado democrático de Derecho, de la paz, la libertad, el diálogo pacificador y el respeto al pluralismo político en sociedad democrática».
Los procuradores de la región indicaron que continuarán «dando seguimiento a la situación de crisis» entre poderes de El Salvador y enviarán su pronunciamiento al Consejo rector de la Federación Iberoamérica del Ombudsman (FIO) y a la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
