Tegucigalpa – Como parte del proceso de reformas electorales inconclusas en el país, se creó una nueva institución: el Consejo Nacional Electoral (CNE), responsable de generar credibilidad y certidumbre a las elecciones en Honduras, en medio de un panorama agitado y polarizante, que pondrá a prueba la legitimidad y credibilidad de las nuevas instituciones.
El CNE asume funciones en un país en donde el desencanto con la política y los partidos políticos anda de capa caída, apenas un 13 por ciento de los ciudadanos creen en los partidos políticos hondureños y solo para el proceso electoral de 2021, un total de 14 partidos políticos correrán por la presidencia del país, la representación en el parlamento y la rectoría de los gobiernos locales o municipales, además de algún escaño al apagado Parlamento Centroamericano.
Según el Latinobarómetro de las Américas, la confianza con que cerró su accionar el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue del 18 por ciento, en tanto la confianza en los partidos políticos apenas fue del 13 por ciento.
La confianza en las instituciones es uno de los desafíos de la democracia en países como Honduras, en donde el apoyo a la democracia ha tenido enormes caídas, pues mientras en el 2009-2010 un 53% de los hondureños la apoyaba, en el 2011 ese apoyo bajó a un 44%, en el 2017 a un 36% y en el 2018 a un 34%.
Ese desencanto se traslapa también a las instituciones, siendo los más castigados los operadores de justicia, los tres poderes del Estado y el ente recaudador de tributos, entre otros según el Latinobarómetro, datos que coinciden con los sondeos de opinión pública que año con año realiza el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras, mejor conocido como los jesuitas.
La pérdida de legitimidad de las instituciones es una constante en la región latinoamericana y en el caso de Honduras, la clase política en un afán por avanzar en un abanico de reformas electorales y políticas inconclusas en el país desintegró el TSE —tras la crisis político electoral de 2017—y creó dos instancias: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
CNE, más allá de un reparto de cuotas
En ambos órganos, el reparto de los partidos políticos no se hizo esperar en la titularidad de los cargos y en las suplencias. En esta oportunidad, entró al abanico el partido Libertad y Refundación (Libre), y así las nuevas fuerzas que conforman el tripartidismo político en el país—Partido Nacional, Liberal y Libre—empezaron a diseñar su modelo de reformas electorales.
Fue así que, por primera vez en la historia política del país, se eligió a los consejeros del CNE, sin que estuviera aprobada la nueva ley electoral, es decir, el proceso comenzó al revés. En la nueva ley electoral—aún pendiente de aprobación—se aprobaron solo los artículos relacionados con la elección y nombramiento de los consejeros del CNE y también del TJE, dejando para más adelante la aprobación total de la nueva ley electoral.
El CNE surge así con el desafío de devolver confianza, certeza y legitimidad al ente responsable de conducir el próximo proceso electoral y, de entrada, los intereses político-partidarios, buscan ensombrecer el proceso y el organismo mismo, al asomar las primeras divergencias en torno a la nueva ley electoral en debate.
La entonces consejera-presidente, Rixi Moncada, de Libre, concluyó el primer año rotatorio de la presidencia y rindió un informe—que no fue compartido por el pleno de los consejeros—y en él deja ver situaciones arrastradas de los procesos electorales anteriores y la necesidad de garantizar un proceso electoral confiable y creíble en el 2021 para dejar atrás las trampas del pasado.
Pero Moncada, fue más allá, al término de su gestión colocó el ruido del fraude en el próximo proceso electoral y calificó de ilegal e inconstitucional la convocatoria a elecciones primarias e internas de 2021 hecha por el propio CNE, como manda la ley. Juristas expertos en materia constitucional y expertos en temas electorales salieron al paso fundamentando que Moncada estaba equivocada. El primer ruido al proceso lo coloca así una de sus integrantes.
Al par, Libre salió a decir que se retiraba de la discusión de la ley electoral y a iniciar una fugaz insurrección legislativa que concluyó al aceptar volver al debate de la discusión de la ley electoral y anunciar que irá a elecciones primarias e internas, bajo protesta en un escenario legislativo donde las protestas siguen estando a la orden del día para fácilmente reiniciarse. La cámara tiene a la vista, aprobar seis artículos transitorios que se presume garantizarán la transparencia de los comicios primarios e internos de marzo de 2021.Todo es cuestión de lograr reunir de nuevo “las voluntades”.
En el CNE tuvo su primera potencial fisura, la convocatoria a elecciones estuvo a cargo de la presidenta consejera, la liberal Ana Paola Hall, a quien corresponde este período rotatorio de un año, y, quien compareció sola, los consejeros de los partidos Nacional y Libre estuvieron ausentes de la escena pública. Su discurso fue muy pragmático al reconocer que existen divergencias, pero si no hubiese convocado en la fecha prevista, en legal y debida forma, se pondría en riesgo la realización de las elecciones.
Élite política forzada a dar certidumbre
“Este no es el escenario que esperábamos. Hoy debería marcarse el inicio de una fiesta cívica, de renovación interna de los Partidos Políticos y de elección de las nóminas a cargos de elección popular, sometidas a la decisión ciudadana, para lograr el cambio que el país demanda, la ventana de oportunidad para salir de tantas crisis, la práctica de la alternancia en el ejercicio del poder, la reconstitución de la democracia participativa e incluyente, el fortalecimiento institucional, que es pilar del desarrollo de los países”, dijo en su discurso de convocatoria la consejera presidenta Hall.
“El país requiere de actos que generen confianza. Saber que, en el más breve plazo posible, las fuerzas políticas representadas en el soberano Congreso Nacional, arribarán a los consensos necesarios en aras del bien nacional, que permitan contar con una ley electoral definitiva”, acotó al llamar a los partidos políticos representados en el hemiciclo a aprobar la nueva ley electoral a fin de generar certidumbre y confianza en las próximas elecciones.
En su más reciente comunicado, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (RED-H), una instancia civil conformada por diversas organizaciones que monitorean el proceso electoral lamentó que las fuerzas políticas, enfrascadas en sus intereses, no estén generando certeza, sino que una inesperada y profunda incertidumbre que se vuelve confusa.
“Quedó demostrado que el tiempo político de los dirigentes y sus partidos no siempre coinciden con el tiempo histórico del país. Lamentablemente la urgencia de la sociedad no es la misma ni tiene igual prisa para la clase política del país”, señala la RED-H, al exhortar a la clase a dar elecciones limpias y transparentes, con un sistema de justicia electoral y del control del financiamiento fuerte e independiente con reglas claras que profundicen la democracia. Dentro de esos entes, se encuentra el Consejo Nacional Electoral. (PD)
