Tegucigalpa – Luego de comparecer en audiencia inicial, misma que arrancó el viernes y culmino en horas de la tarde del sábado, el juez con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para cuatro supuestos implicados en el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, crimen ocurrido el pasado 3 de marzo en la Residencial El Líbano, La Esperanza, Intibucá.
– Un quinto imputado fue detenido y trasladado a Tegucigalpa desde La Ceiba. A él se le encontró el arma homicida.
– Existen más órdenes de captura pendientes de ejecutar, dijo un portavoz del MP.
La audiencia inicial -que duró un poco más de 16 horas- se desarrolló en los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, donde llegaron familiares de los imputados, así como hijos y amigos de la malograda ambientalista hondureña.
Bajo fuertes medidas de seguridad en los predios de los tribunales de justicia, fueron trasladados este domingo hasta el interior de los juzgados los imputados: Douglas Bustillo, oficial militar retirado; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte Meza, presunto sicario; y Sergio Rodríguez Orellana, empleado de la hidroeléctrica “Agua Zarca”, un proyecto que pretende desarrollar la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), en el occidente del país.
El juez que conoce la causa determinó dictar un auto de formal procesamiento y prisión preventiva a los cuatro imputados, por lo que deberán de permanecer recluidos en la Penitenciaría Nacional «Marco Aurelio Soto», ubicada en Támara, Francisco Morazán.
Los cuatro hombres son acusados por los delitos de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen.
El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, relató que en la audiencia presentaron varios testigos protegidos, además estuvieron presentes familiares de la malograda ambientalista y tres de sus abogados, así como personeros de la Unión Europea, éstos últimos como observadores del proceso judicial.
El quinto elemento
El Ministerio Público amplió en las últimas horas el requerimiento fiscal contra una quinta persona implicada en el asesinato de la activista Berta Cáceres, luego de encontrarse el arma homicida en la ciudad de La Ceiba.
Se trata de Emerson Eusebio Duarte, hermano gemelo del ya procesado Edilson Atilio Duarte, quien compareció en audiencia inicial.
De acuerdo a las pruebas de balística, el arma encontrada a Emerson Eusebio Duarte, fue usada para dar muerta a la líder ambientalista.
En tal sentido, Emerson Eusebio Duarte, capturado también el lunes anterior en los allanamientos realizados por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el marco de la Operación Jaguar, será acusado en este caso por tener en su poder el arma y estar vinculado al hecho delictivo.
Tras la presentación de la ampliación del requerimiento fiscal contra Duarte Meza, éste fue capturado y presentado en audiencia de imputado ante un juez en los tribunales de La Ceiba, Atlántida.
El juez dictó prisión preventiva contra Duarte Meza por el delito de portación ilegal de armas.
Mientras tanto, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), procedieron al traslado hacia Tegucigalpa, donde comparecerá en las próximas horas por el asesinato de la dirigente ambientalista.
Relación de hechos
Cáceres, quien fue una defensora de derechos humanos y ambientalista reconocida a nivel internacional, fue asesinada el pasado 3 de marzo en la occidental ciudad de La Esperanza, donde residía, al parecer por dos hombres armados.
La ambientalista y defensora de derechos humanos, madre de cuatro hijos, denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.
La familia de Cáceres ha reiterado a las autoridades de Honduras que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que investigue su asesinato.
La hidroeléctrica Agua Zarca, por su parte, ha rechazado su participación en el crimen y ha recibido con sorpresa la detención de Sergio Rodríguez Orellana, gerente en temas sociales y medioambientales.
