Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El fuerte crecimiento al Presupuesto General para el próximo año y el mecanismo de adquirir deuda para financiar parte del mismo preocupa a los economistas hondureños, mientras el Fosdeh alerta que muchos artículos eliminan que ciertos trámites pasen por el Siafi o que informen al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), así como se continúa la tendencia de reducir el poder de la Presidencia de la República y se deja en manos de las secretarías.
– El Fosdeh señala que en el proyecto de presupuesto se autoriza a Finanzas a intercambiar deuda por naturaleza y condonación de deuda por ambiente.
– Igualmente se establece el salario mínimo de 13,700 lempiras para la administración pública.
– El nuevo presupuesto propone que los ministros puedan cobrar horas extras y que, aun los que tienen salarios por encima del que devenga la presidenta Castro, puedan recibir gastos de representación.
– Sigue la tendencia de reducir el poder de la presidenta Castro en el presupuesto.
Igualmente, en el proyecto de presupuesto del 2023, que todavía no es aprobado en el Congreso Nacional por falta de apoyo de las bancadas no oficialistas, se da a entender que el salario mínimo, al menos en el sector gubernamental, será de 13,700 lempiras.
El incremento del presupuesto proyectado es de 32,013 millones de lempiras, un 8.9 %, ya que el actualmente ejecutado es de 360,505 millones de lempiras y el solicitado para el siguiente año es de 392,519 millones de lempiras.
Los expresidentes del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo y Julio Raudales, coincidieron al señalar a Proceso Digital que el aumento del presupuesto es grande y que preocupa la forma de financiar el mismo, ya que se busca mayor endeudamiento, además del impacto en la inflación que puede tener.
Castillo indicó que el alza superior a los 32 mil millones de lempiras que tendrá el presupuesto, de aprobarse el enviado al Poder legislativo, sumado al alza de más de 50 mil millones de lempiras que se aprobó este año durante la reformulación de este, indica que el alza ha sido de más de 80 mil millones de lempiras.
La extitular del Colegio de Economistas indicó que su financiamiento, vía deuda, es de tenerlo en cuenta, ya que puede tener un impacto en los precios y la inflación.
Asimismo, Castillo indicó que el destino de los recursos del presupuesto se va en gran medida en el pago de personal, aunque admitió que hay alzas en las áreas destinadas a salud y educación.
Peligros
De su lado el también extitular del CHE y rector de la universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, coincidió con Castillo en cuanto a lo preocupante que sigue siendo prioridad, el gasto corriente en la actual administración.
Raudales admitió que el próximo presupuesto tendrá una merma de un poco más de mil millones de lempiras en el sector de deuda pública, pero consideró que la misma sigue siendo elevada.
El gobierno proyecta pagar 57,874 millones de lempiras como servicio de la deuda el 2023, contra los 60 mil millones de lempiras que se honrará este 2022.
Igualmente consideró Raudales que “sigue existiendo un fuerte componente de endeudamiento” para financiar el presupuesto.
Alertó que es peligroso para la economía nacional que el presupuesto se financie con deuda del Banco Central de Honduras (BCH), “la historia muestra que este tipo de financiamiento es dañino”, dijo.
Se resta poder a la presidenta
De su lado el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) en un análisis sobre el presupuesto encontró varias modificaciones, técnicas y no técnicas, en el proyecto de presupuesto que se presentó a los diputados para su aprobación en relación con el que se ejecuta actualmente.
Una de ellas es que en el proyecto de presupuesto se mantiene en varios tramos la tendencia de reducir el poder de la presidenta Xiomara Castro, cuando se eliminan en el texto presupuestario que se debe aprobar o consultar a la Presidencia de la República.
Una de ellas es el artículo 37 del proyecto de presupuesto que en el vigente para que la Secretaría de Finanzas realizar operaciones presupuestarias y financieras, incluyendo traslados de gastos de capital a gastos corrientes, sin que deba tener la aprobación de la mandataria. En el presupuesto aprobado el 2022 se reservaba que debía contar con la aprobación presidencial.
En el documento se encontró que la administración de la presidenta Xiomara Castro considera que el salario mínimo gubernamental para el 2023 será de 13,700 lempiras, lo que puede impactar en la definición del salario mínimo general.
El reputado centro de investigación señala que, para evitar sobregiros en las asignaciones presupuestarias, cuando las mismas se hagan, las mismas se incorporarán al Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi), ni tampoco se reconocerá como deuda pública.
El Fosdeh también reveló en su estudio que se incorporó un nuevo artículo en el cual la Secretaría de Finanzas queda autorizada para emitir instrumentos financieros de corto plazo para cubrir insuficiencias de caja, aunque los mismos deberán cancelarse en el mismo año.
Igualmente, el centro de estudios revela que el presupuesto del 2023 incluye otro artículo nuevo en que la Sefin podrá realizar acciones que permitan gestionar pasivos de la deuda pública, como “el intercambio de deuda por naturaleza, emisión de bonos verdes, azules, sociales y mecanismos de condonación de deuda por ambiente”, a fin que puedan financiarse iniciativas de crecimiento económico sostenible.
Igualmente, en el proyecto de presupuesto se instruye a la administración pública a liquidar los fideicomisos y los recursos de los mismos sean trasladados a la Cuenta Única de la Tesorería Nacional.
Ministros cobrarán horas extras
De acuerdo con el estudio del Fosdeh en el proyecto de presupuesto del 2023 se incluye a los ministros, viceministros, directores, subdirectores y presidentes de instituciones para que puedan cobrar horas extras, algo de lo que no les estaba permitido en el presupuesto aprobado para el 2022.
Igualmente se autoriza en el presupuesto del 2023 a que funcionarios que ganan más que la presidenta Castro puedan recibir gastos de representación, algo que estaba prohibido hasta la fecha. (PD)
