Tegucigalpa – El gobierno de la República, en Consejo Nacional de Defensa Seguridad (CNDS) creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, anunció este martes la presidenta Xiomara Castro, a través de una cadena nacional de radio y televisión.
La presidenta Xiomara Castro ordena ejecutar las órdenes de desalojo de tierras, con prioridad las de actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva.
La reforma agraria anunciada esta mañana por Xiomara Castro indica una serie de acciones para solucionar las invasiones de tierra y las directrices para ordenar el acceso a estas y dar seguridad jurídica.
Tras destacar el aporte del sector agropecuario a la economía nacional, que aporta el 12.9 % del PIB y el 35 % de las exportaciones del país, la mandataria resaltó que históricamente la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados y señaló irregularidades detectadas en el Instituto de la Propiedad.
“El CNDS ordena a la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra ordena elaborar un decreto ejecutivo par ser discutido y aprobado en el Consejo de Ministros, conteniendo las acciones y estrategias ordenadas en esta resolución y elaborar proyectos de ley para ser sometidos a discusión y aprobación del Congreso Nacional para dar respuesta a la problemática de la mora agraria y las demás resoluciones y reforma de ley que correspondan a poder del estado para el logro de la seguridad agraria y el acceso a la tierra”, indicó la gobernante durante su intervención.
La reforma agraria de Xiomara Castro también conlleva la conciliación de justiprecios pendiente de pago del decreto 18-2008 y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes, según lo expresado en la cadena nacional.
El proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional incluirá una sección que “castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva de los bosques”, mientras que el artículo de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, debe ser reformado.
“Ordenar al IP para que junto al Instituto Nacional Agrario procedan a realizar una investigación exhaustiva de las propiedades que tiene carácter legal en sus antecedentes registrados, pero que en su tramitación y adquisición, tienen el carácter de ilegitimidad”, señaló Castro.
La mandataria también dijo que se ordena a la Procuraduría General de la República, en los casos que proceda, incoar las acciones judiciales ante los tribunales competentes.
Entre las acciones para solucionar las tomas de tierra y dar seguridad jurídica y tras mencionar una escalada en la ocupación de tierras productivas que genera inseguridad y anarquía e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión, la mandataria indicó que unas 36,451.17 manzanas de tierra que han sido tomadas por diversos grupos, incluyendo “sectores influenciados por el crimen organizado”.
“Las investigaciones han demostrado poca operatividad en la evacuación de denuncias y emisión y ejecución de órdenes judiciales de desalojo”.
Sobre las invasiones a fincas de palma aceitera, dijo que de 56 fincas tomadas, se han librado por los juzgados 22 órdenes de desalojo y 9 han sido ejecutadas. Estas invasiones, han causado “graves daños a la producción nacional y la economía”, dijo.
En ese sentido, la presidenta pidió ejecutar las órdenes de desalojo, “el Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el poder Judicial”.
“Se concede prioridad de estas acciones a las tierras tomadas a las empresas del sector social de la economía y de la reforma agraria, así como a las fincas privadas relacionadas con las actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva”, indicó.
Asimismo, dijo que las tierras tomadas, y que se encuentren usurpadas en flagrancia permanente, se les aplicará los artículos de la Ley de Fortalecimiento del Sector Productivo, de la palma aceitera, los artículos de Código Penal y del Código Procesal Penal.
“La Fiscalía en forma expedita, solicitará al juzgado correspondiente, la respectiva orden de desalojo preventivo y en casos especiales ordenará a través de un auto motivado, efectuando el desalojo nombrando a un juez ejecutor que no sea un funcionario policial”, afirmó.
En tanto a los propietarios de las tierras tomadas, documentación que respalde su titularidad. VC
