Tegucigalpa – La repentina creación de una comisión especial para analizar la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras surge en momentos en que el gremio periodístico está bajo constantes amenazas y cuando la cifra de comunicadores asesinados desde el 2001 ya superó la barrera de los 100.
– Congreso Nacional crea comisión especial para “investigar y analizar” la libertad de expresión y activan alarmas en gremio periodístico.
Defensores de derechos humanos y líderes gremiales de los periodistas, así como sectores políticos y defensores de la libertad de expresión, han mostrado su inquietud y dudas por la creación de una comisión legislativa, dominada por el oficialismo de Libre, que de acuerdo a sus últimas actuaciones se ha mostrado intolerante con cualquier señalamiento o crítica que se ha formulado desde los espacios cívicos y de sociedad civil.
El más reciente asesinato fue contra Luis Alonso Teruel Vega, un periodista de Atima, Santa Bárbara, el pasado 28 de enero, quien es el número 101, de periodistas y comunicadores en el ejercicio de su profesión, según datos de C-Libre, otros organismos como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), manejan un número de 99.
El asesinato número 100 también enlutó al gremio de los comunicados desde una zona del interior del país, desde Danlí, El Paraíso, con el homicidio de Francisco Javier Ramírez.
Uno de los elementos que se destacan en este asesinato, y que hay que lamentar es que Ramírez Amador, era beneficiario de medidas de protección por parte de Mecanismo Nacional de Protección y además estaba acogido a la Unidad de Desplazados de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), “hubo muchísimas fallas en el hecho de proteger su vida”, refirió la directora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce.
Fortalecimiento del mecanismo
Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también se destaca la situación de desprotección que podrían enfrentar los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, la cual se multiplica y agrava debido a que la falta de atención a los problemas laborales a lo interno de SEDH.
Precisamente, el Conadeh recomendó hoy miércoles establecer un diálogo, para superar la problemática interna en la SEDH, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección para garantizar efectivamente los derechos humanos en el país.
En palabras del director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, Daniel Cáceres, la desprotección a la que están expuestos estos sectores “podría causar potenciales violaciones de derechos humanos, que incluso podrían ser de carácter irreparable”.
Cáceres mencionó como ejemplo que el Comité Técnico, que es la unidad encargada de realizar los dictámenes de análisis de riesgo y de la deliberación y decisión sobre las solicitudes de protección, celebró su última sesión el pasado 14 de diciembre de 2023, es decir, hace casi dos meses.
Esa situación habría generado un retraso en la realización de análisis de riesgos y la actualización de los ya emitidos, lo mismo que, en la emisión de dictámenes técnicos, en la ordenanza y modificación de las medidas de protección y en dictar nuevas medidas de protección y prevención urgentes.
Los más vulnerables
En Honduras, los comunicadores de tierra adentro son aquellos que reflejan el mayor número de agresiones a nivel nacional, destacan defensores de la libertad de expresión en Honduras, al enfatizar que es en estos lugares, donde las autoridades locales toma un protagonismo mucho más grande, un periodista tiene mayores dificultades en acceder a la información.
“En el interior del país nos encontramos con los desiertos informativos, como lo es el caso de comunidades en todo el norte de Olancho, donde ya no existen medios de comunicación”, denunció la directora de C-Libre, Amada Ponce.
Los monitoreos que realiza esta coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil revelan que en esta región del oriente del país “hay comunidades donde dejaron de existir medios de comunicación porque las últimas radios, por ejemplo, fueron asesinados sus directores”.
C-Libre ha encontrado zonas donde ya no se puede hablar de diferentes temáticas, como el narcotráfico, temas de corrupción, concesiones, deforestación. “Son los lugares donde hay más peligrosidad para un ejercicio del periodismo con todas las condiciones”, indicó Ponce.
Conmigo o en mi contra
La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, refiere que hay complicaciones con los gobiernos locales que tiene que ver con amenazas o presión desde las municipalidades a periodistas, y mencionó puntos específicos como Siguatepeque, Santa Rosa de Copán, así como varias denuncias de las cuales no tienen autorización para revelar.
En estos casos, según explican los afectados a Asopodehu, tienen cerradas las fuentes informativas, una situación que se vivía en la administración de Juan Orlando Hernández donde solo sus afiliados tenían acceso, ahora ocurre con los periodistas afiliados a Libertad y Refundación (Libre), el partido en el poder.
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Los reportes de Asopodehu también apuntan a que desde las municipalidades desprestigian a los periodistas, haciendo uso de páginas falsas en las redes sociales, diciendo que son extorsionadores y que lo que quieren es recibir pago para sacar noticias o simplemente negándose a ofrecerle entrevista a estos comunicadores.
Para otros, este desprestigio llega al cierre de oportunidades laborales, según Meza, en Santa Rosa de Copán hay un importante número de denuncias de este tipo.
En esta zona de alto tráfico de drogas, hay un periodista que fue secuestrado por sacar información sobre el crimen organizado, obligándolo a alejarse del periodismo.
Por otra parte, el uso de dineros públicos para el pago de pautas publicitarias sigue siendo una práctica en el interior del país, como una de las estrategias para mantener callada a la prensa.
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“Hay una polarización bien fuerte entre los periodistas”, lamentó la defensora de derechos humanos quien señala que esta situación no es novedad, pero se llega a extremos de que quienes reciben pauta publicitaria se pelean con sus colegas por defender a los alcaldes.
Meza recuerda las palabras de Edison Lanza, ex relador de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien recientemente trajo a la palestra el tema del periodismo y los recursos legales internacionales, destacando que: “no puede haber polarización entre la prensa porque los gobiernos se van y los periodistas se quedan”.
“Al poder le gusta tenernos polarizados, que nos peleemos entre nosotros mismos y de esa forma hay una división y ahí se ignora lo más importante que es la información que debemos dar a la sociedad donde nos desenvolvemos”, enfatiza la periodista.
Periodistas en indefensión
“Estamos preocupados, estamos tristes, nos están atemorizando por denunciar los actos de deforestación, la defensa de los territorios del agua. La libertad de expresión y de prensa está mancillada”, dijo el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortiz.
“La situación de los comunicadores sociales en el interior del país es precaria, primero porque no tienen un patrono, no hay un salario y las posibilidades de la pauta publicitaria es escasa”, señaló el periodista que apunta a la polarización como responsable de esta situación.
El periodista considera que con los últimos asesinatos de comunicadores se está enviando un mensaje a la prensa nacional en el sentido de coartar la libertad de expresión para que la prensa se calle.
Ortiz dijo que lo más triste es que estos crímenes se dan a vista y paciencia de las autoridades dejando a la prensa en un estado de indefensión, “no hay Mecanismo de Protección, fue desarticulado desde el 2023, no hay Secretaría de Derechos Humanos que acoja el sentir y pensar de lo que está ocurriendo en el país”.
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Ante esta indefensión, los periodistas prefieren irse del país en forma obligada sin hacer la denuncia pública porque el riesgo es inminente.
En los mismos términos se ha pronunciado el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes,quien afirmó que si en la actualidad alguien está bajo amenaza, un periodista, un comunicador, un abogado, un defensor de derechos humanos, un ambientalista, no hay forma de protegerlo.
Reyes apuntó que debido a la crisis que atraviesa la SEDH, el Mecanismo de Protección es inoperante, “no funciona, se murió prácticamente”, dijo al reflexionar que, aunque éste nació con deficiencia, era una opción, sin embargo, en la administración de Xiomara Castro murió.
“No teníamos una maravilla de mecanismo, pero el medio daba soluciones, hoy no tenemos nada”, lamentó, al agregar que “la displicencia, la indiferencia de las autoridades es más que manifiesta”, señaló al agregar que desde el CPH le hace un llamado al Poder Judicial a retomar los casos de los periodistas asesinados y ponerle un fin al 97 % de impunidad.
Ahora que el Legislativo crea de forma repentina una comitiva especial para “investigar, analizar y proponer soluciones que mejoren el estado actual de la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras”, Reyes, advirtió que si la misma es para limitar y “colocar bozales” se va a encontrar con la oposición férrea.
La Comisión especial del Congreso Nacional estará integrada por: Jari Dixon Herrera (Libre), Darío Morán (Libre), José Rosario Tejeda (PL), Kelly Aguilar (Libre), Rolando Barahona (independiente), Carlos Cano (PN), Bartolo Fuentes (Libre), Carlos Raudales (DC), Ligia Ramos (independiente), Katia Crivelli (PL) y Tomás Ramírez (PSH).
“Vamos a ser claros y desde este momento lo decimos, si esta comisión es para limitar y para colocar bozales se va a encontrar con la oposición férrea del gremio y de un sector de derechos humanos”, declaró a periodistas en Tegucigalpa el presidente del CPH. PD
