La Sala Constitucional de la Corte Suprema quedó mutilada. Apenas uno de sus miembros, sobrevivió a la amputación legislativa.
La acción es calificada por amplios sectores organizados en Honduras así como por líderes de opinión y organismos internacionales de justicia, como una abierta intervención del Legislativo en el Poder Judicial de Honduras.
Los magistrados han develado vivir momentos difíciles. Uno de los miembros de la Sala Constitucional, José Francisco Ruiz Gaekel, denunció “a mi particularmente me han jaqueado las cuentas de correo”.
Mientras participaba como invitado en el programa radial de la Iglesia Evangélica Vida Abundante, “Por una Honduras con honra”, el ex juez Ruiz Gaekel dijo que “la vez pasada venía saliendo con unos magistrados de una reunión con algunos personeros y cuando salimos, claramente miramos cuando nos tomaron fotografías”.
Los magistrados fueron destituidos luego que emitieron un fallo no definitivo en el que expresan que las pruebas de confianza que se realizan al interior de la Policía de este país centroamericano no son legítimas.
El fallo debió pasar al pleno de la Corte Suprema para que fuera esa instancia donde se tomara la decisión final, pero, antes de que esa reunión pudiera producirse, el Parlamento procedió a destituir a cuatro de los cinco magistrados de lo Constitucional.
Un día antes del descabezamiento, el Congreso nombró una comisión que investigaría la conducta administrativa de los magistrados a quienes no se les hizo comparecer a audiencia de descargo alguna.
Los investigadores emitieron su recomendación de separar a los cuatro jueces en menos de 24 horas de estar constituidos en comisión.
Posteriormente, el propio presidente de la Cámara, Juan Hernández, dijo que la acción de descabezamiento estaba relacionada a vínculos entre jueces, fiscales, policía y magistrados con el crimen.
Hernández, quien aspira a la presidencia de Honduras, por el gobernante Partido Nacional en el poder, aun no presenta pruebas pese a que las mismas han sido exigidas por los magistrados destituidos así como por sectores hondureños.
“Realmente es lamentable lo que estamos viviendo, pero tenemos a Dios y con la protección de Dios y con la ayuda del pueblo hondureño, creo que podemos tener una vida mejor” dijo esperanzado el ex magistrado denunciante.
Los cuatro destituidos, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruíz Gaekel, interpusieron la primera acción legal ante las instancias jurisdiccionales nacionales y han manifestado que, de ser necesario, irán a las cortes internacionales de justicia con el ánimo de sentar un precedente de respeto a la institucionalidad y a la ley, según sus expresiones.
¿Dónde está la mano del presidente de la Corte?
Mientras los compañeros de otras salas de la Corte Suprema han manifestado su solidaridad y su defensa a la causa de los destituidos de la Sala Constitucional, el presidente del máximo tribunal, Jorge Rivera Avilés, sigue poniendo su conducta en entredicho.
El ex magistrado Ruiz Gaekel ha dicho en torno al accionar del presidente Rivera Avilés, “nada, el presidente de la Corte, ni antes, ni durante, ni después hemos recibido sus comunicaciones, ninguno de nosotros, es más, yo le quiero decir que hemos vivido situaciones penosas, donde no se ha tenido ni la cortesía de ir donde uno de nosotros y decirle: mire magistrado, entregue su vehículo; han ido a quitarle las llaves a los motoristas nuestros”.
Antes, el presidente del Congreso, Juan Hernández, dijo que Rivera Avilés no solo sabía de las destituciones sino que, además, él señaló el camino a seguir.
Igualmente, uno de los recién nombrados por el Congreso, Elmer Lizardo, dijo que la madrugada del descabezamiento y nombramiento de los sustitutos, recibió la llamada del presidente de la Corte quien le comunicó de su designación.
Mientras tanto, el presidente de la Corte desmiente su participación en el llamado “golpe técnico” a la Corte y su voz aún no se escucha en torno a las denuncias de los defenestrados altos jueces.
