Tegucigalpa – Pese a la trasnochada jornada en la que casi un centenar de diputados mutilaron la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Tegucigalpa, la capital hondureña, no interrumpió su rutinaria cotidianidad propia de cualquier día de diciembre.
Los aires frescos suavizaban el tráfico endemoniado, se ven los vendedores ambulantes que cada día son más, el ejército de niños que en cada semáforo parapetan y hacen malabarismos para ganarse una moneda y con suerte algún lempira, el paisaje perece regular. Nada alteró la normalidad.
La presencia de los militares que resguardaron la sede legislativa durante el pleno permaneció reunido, solo evidenció el respaldo del cuerpo armado al llamado “golpe técnico” a la Corte.
Durante la jornada, los “verde olivo”, por decenas y en solitario, rodearon los bajos de viejo edificio. Los soldados también se apostaron cerca a la Plaza La Merced, parte del casco histórico capitalino, donde paradójicamente funcionó la Universidad Nacional y ahora también opera una disminuida Galería de Nacional de Arte.
Pero los militares solo fueron un elemento en el panorama que hizo recrear las recientes épocas de poderío castrense. La pasividad de los actores sociales fue manifiesta. Nada pasó, no hubo protesta pública alguna. Un día después han regresado a sus cuarteles.
Los magistrados se fueron de sus puestos en medio de los pronunciamientos obligados.
No faltó un líder sindicalista que señalará que no había razón para moverse en post de orden institucional alguno.
Las ondas hertzianas también dejaron escuchar voces que manifestaron defender el orden establecido.
“Ellos dieron motivos para dudar de su acción, actuaron fuera de tiempo, prolongaron los plazos”, dijo la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, al establecer su razonamiento sobre la separación de los altos jueces.
El juicio a los magistrados se basó en una investigación administrativa ordenada por el Parlamento, un día antes de su separación, debido a que ellos declararon inconstitucionales las pruebas de confianza que se aplican a lo interno de la Policía. El fallo no era definitivo y debía pasar al pleno de la Corte.
Los empresarios, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijeron que rechazan la injerencia entre poderes, a la vez que advirtieron que la medida daña la inversión y la seguridad jurídica.
“Ahora en Honduras todos somos golpistas”, dijo el ex presidente interino, Roberto Micheletti.
Conspiración y colusión con el crimen
Horas después de la salida de los magistrados, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel, el presidente Juan Hernández señalaba una conspiración de grandes proporciones, inimaginables, decía.
Hernández hablaba de una orquestación del crimen organizado con jueces, fiscales y policías para que las pruebas de confianza que se aplicaban a la Policía no se apliquen nunca más.
Agregaba que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, estaba sabido del accionar del Legislativo y de ello, agregó, son testigos diputados como Iván Fiallos y Víctor Rolando Sabillón.
“Él me dijo: esta es la ruta porque necesitamos trabajar en equipo”, aseveró el presidente del Congreso hondureño refriéndose a expresiones del magistrado presidente Rivera Avilés.
La comunidad internacional ha guardado silencio.
En tanto, el fiscal general, Luis Rubí, advirtió que “si por tomar decisiones me separan del cargo, bienvenido sea”. Rubí hizo eco a los señalamientos de diputados que desde la noche del martes dijeron que de oponerse a la separación de los magistrados, el titular del Ministerio Público podría ser el próximo en marcharse de sus funciones.
Pero mientras los nuevos inquilinos del Palacio Judicial se acomodan en sus poltronas, los tanteos y reacomodos también son parte del escenario político nacional. Así, académicos, juristas y dirigentes populares no han dudado en alinearse a la decisión del Congreso.
Algunos otros han criticado lo que consideran una violación a la independencia de poderes y más aún, cuando no se ha escuchado a los protagonistas.
Expertos han advertido que los magistrados destituidos podrían enjuiciar al Estado hondureño en instancias internacionales.
Pero en medio del panorama que solo agita los ambientes político y mediático, los propiciadores del descabezamiento de cuatro de los cinco magistrados han culpado a los salientes por el estancamiento en los procesos para garantizar seguridad a la ciudadanía.
El señalamiento hace corregir que ahora que los altos jueces ya se fueron, podrá impulsarse el proceso con diligencia y garantizar en breve, un país en paz, donde la violencia sea solo un mal recuerdo.
