Tegucigalpa – La ola de despidos de empleados en el Mecanismo de Protección a los periodistas pone en peligro su funcionamiento, advirtió este viernes la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Mediante una publicación, la organización calificó los despidos como métodos autoritarios, en un país donde los ataques y la violencia contra la prensa no cesan de multiplicarse.
“Es inconcebible y escandaloso que el mecanismo de protección, que ya padece una carencia cruel de recursos financieros, pueda ser desmantelado y quedarse sin más de dos tercios de sus empleados”, afirma Emmanuel Colombié, director de la Oficina de RSF en América Latina.
La nota de prensa señala que los recortes de personal generan un impacto en la seguridad de los beneficiarios de las medidas de protección.
Indicó que los periodistas hondureños trabajan en un entorno extremadamente hostil y son víctimas a diario de amenazas y violencia.
En ese sentido, consideró que es urgente e imperativo la restitución del personal despedido o reemplazarlo por empleados formados y competentes, para que los actuales beneficiarios no estén más expuestos al peligro.
Es responsabilidad del gobierno de Xiomara Castro, a través del refuerzo del mecanismo, garantizar su seguridad, enfatizó RSF.
Mencionó que el 12 del presente mes, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, despidió a 14 empleados del Sistema Nacional de Protección.
La organización manifestó que el mecanismo nacional es el encargado de la protección de los periodistas, defensores de los derechos humanos y operadores de justicia (jueces, fiscales, magistrados…), desde el 2015.
Especificó que entre los despedidos está el director en funciones del mecanismo, Cristóbal Martínez, así como numerosos cargos de su equipo, y Danilo Morales, director del SNP desde 2018.
“En apenas unos meses, el gobierno ha puesto en la calle a más de dos tercios del personal técnico, sin una explicación válida, generando una parálisis casi total en la aplicación de los dispositivos de protección”, cita la publicación.
Lamentó que en julio, varios empleados denunciaran prácticas de acoso laboral y la puesta en marcha de una política de “militarización” por parte de Roque en la Secretaría de Derechos Humanos, lugar donde se aloja el SNP.
RSF expone que los despidos y el contexto que se deriva han afectado al funcionamiento del Consejo Nacional de Protección del SNP, un órgano de deliberación encargado de la supervisión, control, acompañamiento y evaluación del mecanismo.
Adicionó que algunas de las organizaciones de la sociedad civil decidieron retirarse de forma simbólica y temporal del Consejo, para manifestar su preocupación y denunciar el desmantelamiento en curso del SNP.
Por otra parte, RSF afirmó que tiene constancia de las presiones y amenazas, especialmente en redes sociales, que sufren los representantes de ONGs, que se han mostrado críticos públicamente con el desmantelamiento del mecanismo. AG