Por: Luis Cosenza Jiménez
Desde hace varios años, el sector eléctrico ha sido mal manejado. No obstante, con la aprobación por el Poder Legislativo de la Ley General de la Industria Eléctrica en enero del 2014, justo antes de la toma de posesión de la Administración Hernández Alvarado, pensé que habíamos llegado a un punto de inflexión y que la situación cambiaría y mejoraría.
Lamentablemente ahora debo reconocer que pequé de optimista y que poco ha cambiado. Permítanme explicar por qué.
Si bien la ley fue aprobada en enero, no fue publicada hasta varios meses después, y al día de hoy no se implementan los principios fundamentales de ese instrumento. Entre estos figuran el nombramiento de reguladores independientes, la contratación de nueva capacidad de generación única y exclusivamente por medio de licitaciones públicas e internacionales, y el establecimiento de un procedimiento transparente y público para fijar tarifas. La irregular situación jurídica que impera en el sector ha servido para continuar contratando directamente, con grave perjuicio para el país, en general, y para los consumidores del servicio eléctrico, en particular. Veamos por qué.
Como parte de esas contrataciones directas se acordó promocionar la instalación de centrales generadoras solares y se decidió otorgarles una tarifa de dieciocho centavos de dólar por kilovatio-hora si entran en operación antes del 1 de agosto de este año, y de quince centavos si comienzan a operar después de esa fecha. La tarifa de dieciocho centavos es tan atractiva que por lo menos un contrato suscrito con la ENEE ya ha sido vendido dos veces, con pingües ganancias en ambos casos, y aún así el último comprador estima que el negocio será muy lucrativo. Todos entendemos la importancia de desarrollar nuestros recursos naturales renovables, pero como todos sabemos, el fin no justifica los medios. El desarrollo de nuestros recursos naturales renovables requiere el delicado balance de los intereses del consumidor y del desarrollador. Si la balanza se inclina desproporcionadamente a favor del consumidor, no habrá desarrollo de los recursos, y si se sesga exageradamente a favor del desarrollador se dará una transferencia masiva de recursos de los consumidores a poderosos grupos económicos, nacionales y extranjeros. Esto último es lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, con las excepciones del caso. Para muestra, un botón. Panamá recientemente celebró una licitación para el suministro de energía solar y las ofertas más atractivas resultaron ser de ocho centavos de dólar por kilovatio-hora para una central de alrededor de 100 MW y de diez centavos para una central de alrededor de 15 MW. El promedio de las cinco ofertas adjudicadas fue de menos de nueve centavos. ¿Cómo explicar que Panamá pague tanto menos que nosotros? ¿Por qué se decidió optar por una contratación directa y no licitar? ¿Por qué se decidió pagar dieciocho centavos y con base en qué? ¿Por qué insistimos en sumir el sector en la opacidad? Es importante firmar un documento con Transparencia Internacional para promocionar la transparencia, pero más importante aún es actuar transparentemente.
Para colmo de males, las tarifas de los generadores solares son denominadas en dólares y solo pueden aumentar ya que están indexadas a la inflación de los Estados Unidos. Cada vez que se devalúe el lempira o que haya inflación en Estados Unidos, nuestras tarifas subirán en lempiras, a pesar de que el sol no cobre más por sus rayos. El lector podría señalar que la inflación en Estados Unidos podría ser negativa, y entonces la tarifa bajaría. Sin embargo, una inflación negativa típicamente conllevaría una contracción económica en Estados Unidos, con la correspondiente caída de nuestras exportaciones y remesas. En otras palabras, en el caso del petróleo podemos rezarle a los santos para que el precio baje, pero en el caso solar ni siquiera nos queda el recurso de pedirle a los ángeles que la inflación en Estados Unidos sea negativa por el daño colateral que eso tendría para nosotros.
Resulta irónico que mientras el costo variable de la energía térmica es ahora de entre siete y ocho centavos por kilovatio-hora hayamos decidido pagar dieciocho por una energía intermitente. Es casi seguro que el precio del petróleo nuevamente subirá y entonces ambas energías, térmica y solar, serán caras. No obstante, como lo demuestra el caso panameño, pudimos haber logrado el mismo desarrollo solar a un precio mucho más bajo. Algunas personas sostienen que, gracias a la exorbitante tarifa otorgada, se pondrá en operación cerca de cuatrocientos megavatios solares. Ojalá que estén equivocados, ya que si esto ocurre la situación financiera de la ENEE empeorará significativamente. Justo cuando lograba un respiro por la caída en los precios del petróleo, tendrá que hacer frente a una innecesariamente altísima factura que le pasarán los empresarios solares. ¡Qué pena!
Por supuesto que el daño ya se causó y tocará a los consumidores, o a los contribuyentes al fisco, pagar los platos rotos. Sin embargo, todavía es posible emprender el camino para comenzar a rescatar el sector, poniendo en plena vigencia su nueva Ley. Esta decisión también serviría para demostrar nuestro verdadero compromiso con la transparencia y generaría más confianza en nuestros amigos, tan necesaria en estos momentos en los cuales se impulsa una alianza para el desarrollo del Triángulo Norte.
