La Paz – Un campesino boliviano y excandidato opositor en el bastión del presidente Evo Morales en las elecciones regionales de marzo pasado, denunció que sus plantaciones de hoja de coca fueron destruidas por agentes de la policía y militares, debido a razones políticas, informan hoy medios locales.
El afectado es Zenón Escobar, que fue candidato a alcalde por el frente opositor UNICO en el municipio de Shinahota, en la zona central del Trópico de Cochabamba, una de las principales áreas productoras de hoja de coca del país que es, además, el feudo sindical y político de Morales.
Escobar aseguró que quienes destruyeron sus cultivos fueron los militares y policías que integran la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a cargo de la erradicación de las plantaciones ilegales de coca, según el diario cochabambino Los Tiempos.
Escobar señaló que la FTC destruye solamente los cultivos con excedentes, pero el suyo no lo era pues estaba «registrado, biometrizado y legalmente no tiene excedente».
«Lo hicieron políticamente. Están cumpliendo el mandato de las Seis Federaciones por haber participado como candidato en las elecciones subnacionales por el municipio de Shinahota», añadió Escobar.
«Han ingresado por un chaco vecino. Yo he conversado con ellos y me dijeron que irían a la zona de Ichilo, pero después de media hora veo que todo mi ‘cato’ estaba erradicado», dijo Escobar.
En abril pasado, los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, uno de los principales sindicatos de cocaleros de Bolivia, advirtieron que los campesinos que fueron candidatos de partidos de la oposición serán expulsados del gremio y perderán su derecho a cultivar esta planta.
Escobar, que denunció lo sucedido ante la Defensoría del Pueblo, indicó que unos 30 cocaleros fueron amenazados con estas sanciones, incluidos otros candidatos opositores y seguidores de partidos políticos distintos al oficialismo.
Los «catos» de coca del Trópico de Cochabamba o Chapare son parcelas de 1.600 metros cuadrados en los que se cultiva esta planta y que, aunque no son legales, están tolerados por las autoridades.
El presidente Morales, que sigue siendo líder de los sindicatos cocaleros del Chapare, afirmó el año pasado que en esta legislatura legalizará los «catos», que ahora son ilegales según la Ley del régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988.
Esa norma solo reconoce como legales 12.000 hectáreas de coca de la zona de Los Yungas de La Paz (oeste), pero en Bolivia existen 23.000 hectáreas, según datos difundidos el año pasado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El Gobierno ha expresado varias veces su deseo de elevar de 12.000 a 20.000 las hectáreas de coca permitidas legalmente, aunque un estudio financiado por la Unión Europea y el propio Ejecutivo de Bolivia, estableció en 2013 que el país no necesita más de 14.705 hectáreas para cubrir la demanda de coca para usos legales.
La hoja de coca tiene en Bolivia usos culturales, religiosos, medicinales e industriales, pero además una parte de los cultivos es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.
