Tegucigalpa- El Observatorio Político de Mujeres (OPM) emitió un comunicado en el que expresa profunda preocupación por una serie de hechos recientes que, según la organización, evidencian una escalada de violencia política de género en Honduras.
En primer lugar, el OPM lamentó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se haya rehusado a dar trámite a la renuncia presentada por Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con la organización, esta negativa «arbitraria» no solo irrespeta la decisión de Hall como autoridad electoral, sino que la expone a nuevas violencias por parte de diversos sectores políticos.
Asimismo, el observatorio repudió el “discurso hostil” del fiscal general, Johel Zelaya, contra los consejeros del CNE, en particular las dos mujeres que no forman parte del oficialismo. “Estas acciones intimidatorias recuerdan a estrategias utilizadas en países vecinos durante procesos electorales recientes, cuyo objetivo era torcer el desarrollo de los comicios”, advirtió el comunicado.
El pronunciamiento también condenó los hechos de represión registrados esta semana en los bajos del Congreso Nacional, donde fue herida la militante del Partido Liberal, Julia Talbott. El OPM recordó que la protesta es un derecho establecido en el artículo 79 de la Constitución de la República y subrayó que las mujeres de todas las afiliaciones políticas tienen derecho a participar en manifestaciones públicas sin miedo a represalias.
En ese sentido, el organismo celebró la postura de varias diputadas de distintas bancadas que exigieron respeto a las consejeras del CNE y demandaron la inmediata discusión y aprobación de la Ley contra la Violencia Política de Género. A pesar de que dicha normativa ya cuenta con dictamen, denuncian que ni Luis Redondo ni la junta directiva del Congreso han querido incluirla en la agenda legislativa.
Finalmente, el Observatorio hizo un llamado a las fuerzas de seguridad del Estado, al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo, a los partidos políticos y a toda la ciudadanía a respetar el derecho de las mujeres a participar en política y a manifestarse en los espacios públicos sin ser objeto de amenazas, represión o violencia. “La violencia política de género no sólo afecta a las mujeres, es un atentado a la democracia de Honduras”, concluye el comunicado.LB
