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Ombudsman centroamericanos piden a la UE erradicar políticas migratorias que violenten derechos humanos

Tegucigalpa – El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), exhortó a los Estados de la Unión Europea a revisar y erradicar las leyes y políticas migratorias que resulten incompatibles con los derechos humanos.
 

El organismo regional también instó a la Unión Europea (UE) a promover políticas públicas que garanticen los derechos humanos de los migrantes y sus familias en la región.

En la Resolución que hizo publica el Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, le solicitan al Parlamento Europeo que reconsidere la Directiva del 18 de junio recién pasado, relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio.

La propuesta del Parlamento tiene como objetivo armonizar las políticas sobre el tratamiento que debe darse a los inmigrantes sin papeles que lleguen a territorio europeo, además, intenta facilitar las repatriaciones voluntarias para las que establece un plazo de entre siete y 30 días.

En caso de que el inmigrante no decida marcharse prevé que pueda ser detenido por una orden administrativa confirmada judicialmente a posteriori y podría pasar de seis meses en un centro de internamiento, ampliables a 18 si se complica el período de repatriación.

Una vez expulsado, el inmigrante no podrá regresar en Europa en cinco años, salvo que se vaya voluntariamente.

La norma también prevé que puedan ser expulsados los menores no acompañados, aunque con ciertas garantías adicionales

Ante tal determinación el CCPDH pidió a la Unión Europea que las políticas migratorias adoptadas con ocasión de controlar el ingreso, permanencia y salida de las personas extranjeras en sus países y sus familias superen el concepto de seguridad nacional amparado en el principio de soberanía.

“Los objetivos de esas políticas deben tener una orientación clara en los principios fundamentales de derechos humanos”, establece la Resolución.

Para los miembros del Consejo, el irrespeto a las normas de ingreso y permanencia dictadas por un país en el ejercicio de su control migratorio, no debe ser considerado como un delito que deba ser sancionado con privación de libertad, adicional a aquella que tendrá lugar cuando se inicie el proceso de deportación correspondiente.

Ramón Custodio, consideró que la migración no debe ser criminalizada por los Estados receptores pues con esto violentan los derechos humanos de esta población, al suprimir, sin justificación fundamentada y en forma irrazonable y desproporcional, las libertades y derechos fundamentales de estas personas.

Expresó que a medida que el fenómeno migratorio tiene un mayor impacto en la vida de millares de personas, se evidencia una mayor necesidad para que las instancias que velamos por el pleno respeto de los derechos humanos centralicemos nuestra atención en la población migrante y sus familiares.

La migración es un fenómeno social que se origina en la necesidad que experimentan las personas de buscar mejores oportunidades de vida que les permitan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, trabajo, seguridad, protección a su vida e integridad física, dijo el titular del organismo humanitario.

Creado en 1994, el CCPDH lo preside la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Lisbeth Quesada Tristán y además lo integran los procuradores, defensores y comisionado de los derechos humanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala.

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