Tegucigalpa – Las organizaciones criminales protagonizan una ofensiva de violencia en las principales ciudades hondureñas como parte de una respuesta a las políticas de seguridad estatal con el afán de sembrar el terror en la ciudadanía.
Al menos bajo esos términos se defienden los encargados de las instituciones que llevan a cabo la investigación criminal en Honduras, país que en los últimos días ha visto como se disparan los homicidios diarios y las situaciones de violencia.
Palpable es el hecho que grandes empresas ahora sienten en carne propia la onda expansiva de la extorsión. Carros repartidores de productos como: pan, leche, refrescos y café han sido objeto de ataques criminales, como parte de un mensaje del crimen a los empresarios de estos rubros de la economía nacional.
Vehículos quemados, asaltos consuetudinarios, ataques a instalaciones y el envío de notas extorsivas completan la estrategia criminal que pretende incluir en su nómina a las grandes corporaciones.
A la par de estas acciones delincuenciales, empleados del transporte público diariamente pagan con sus vidas la amenaza visible de organizaciones extorsionistas que amasan fortunas e incluso la invierten en bienes y servicios.
Extorsión se visualiza más
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIC), Rafael Medina, se solidarizó con los colaboradores, clientes, y accionistas de las empresas que han sido objeto de ataques criminales en los últimos días.
“Ha cambiado la forma del delito, se está atacando empresas de una mayor dimensión y con otro perfil. Anteriormente el flagelo estaba circunscrito a empresas de transporte fundamentalmente y pequeños negocios, pero con esto se ha visibilizado más y con esto no digo que no existía anteriormente”, reflexionó.
Medina valoró los esfuerzos de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), el cual calificó de “importante”, aunque agregó que “no logramos combatir las causas del mismo y tenemos que hacer unas cosas más allá de lo que estamos haciendo”.
El representante del sector privado propuso instalar de forma inmediata los juzgados antiextorsión con el afán de enviar un mensaje de pronta justicia a los malvivientes que se dedican a este flagelo.
“Tenemos que exigir una mayor incidencia en los resultados porque si es cierto que algunos delitos han sido combatidos y vemos sus resultados en la disminución de la tasa de homicidios. Debemos combatir este tipo de delitos que afectan la tranquilidad de la familia hondureña”, puntualizó Medina.
Respuesta del crimen
El titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado José Alfredo Ponce Alvarado, justificó que las últimas operaciones del crimen forman parte de una respuesta de las organizaciones ilícitas porque sienten “se les está apretando” por parte de los operadores de justicia.
Mencionó que el crimen está cambiando su estrategia con el objetivo de sembrar terror en la población hondureña. “Estamos trabajando en cada uno de los hechos para ofrecer las respuestas específicas. Hay que reconocer que hemos logrado bastante, pero no lo que queremos como institución para bajar la violencia”.
El comisionado Ponce Alvarado reconoció que la extorsión es una de las principales amenazas de la ciudadanía. “De nuestro lado -DPI- trabajamos con la Fuerza Nacional Antiextorsión para dar respuestas concretas”, apostilló.
Desde cárceles se siguen ordenando crímenes
El oficial de Policía, Ponce Alvarado, enfatizó que “sabemos que en cuestiones de criminalidad común y organizada en la medida que actuamos en equipo, también los delincuentes buscan la forma de hacer ciertas modalidades diferentes porque estamos apretando en barrios y colonias, en especial las estructuras criminales que tenemos identificadas”.
Ponce Alvarado negó que como institución garante de la seguridad ciudadana estén dando palos de ciegos y añadió que “se trata de un repliegue y una forma de intimidar a la población”.
En el apartado específico de la extorsión, la cabeza de la DPI pidió confianza a la población, al tiempo que prometió la desarticulación de estructuras dedicadas a cometer este flagelo.
“Aquí juega un papel importante la denuncia ciudadana, pedido que cuando alguien sea extorsionado que haga las comunicaciones pertinentes. Tenemos la información que desde los centros de reclusión siguen ordenándose operaciones ilícitas, el problema de estos recintos ya no es responsabilidad de la Policía”, concluyó.
Cambiar política de combate a la extorsión
Para la experta en temas de seguridad, Arabesca Sánchez, el hecho que la extorsión haya pasado de la micro, pequeña y mediana empresa a las grandes corporaciones es una clara señal que la política para combatir la inseguridad no está funcionando.
“El Estado debe dejar de focalizar las capturas de personas que diariamente cobran las extorsiones, y en su lugar deben seguir los grandes flujos de capitales que se acumulan producto de estas operaciones delictivas”, registró.
Sánchez insistió que si la política de seguridad no toma el abordaje anterior, únicamente seguirá mitigando efectos, pero no logrará atacar la raíz.
“El Estado debe seguir la ruta de esos personajes que manejan las redes de la extorsión en el país, es decir los estrategas e intelectuales que están detrás de este flagelo. Mientras sigan con las capturas de los muchachos que son instrumentalizados para esos cobros, en el fondo no estamos haciendo mucho”, arguyó.
La también exfiscal del Ministerio Público recordó que “si el Operativo Avalancha nos mostró que aquello se trataba de una alianza entre políticos, estructuras pandilleras y funcionarios policiales, hay que hacer énfasis en establecer otras herramientas de investigación. No podemos seguir investigando un delito tan completo con herramientas básicas policiales, creo que aquí en Estado necesita con instrumentos más avanzados”.
Remarcó que “la extorsión en estos niveles pone en entredicho los temas de seguridad jurídica en cuanto a inversión extranjera, ese es un lujo que Honduras no puede darse ahora y más urge de abrir espacios de oportunidad e emprendedurismo”.
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