Tegucigalpa – En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas que se conmemora este 30 de julio, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó este martes que nueve de cada 10 casos de trata de personas quedan en la impunidad en Honduras.
-Apenas un caso de trata de personas ha recibido sentencia condenatoria en 2025.
De acuerdo con cifras oficiales, entre 2019 y junio de 2025 se han registrado 769 denuncias por el delito de trata de personas.
Solo en el primer semestre de este año, 46 personas fueron identificadas como víctimas: 31 niñas, 9 niños, 5 mujeres adultas y 1 persona de la comunidad LGTBIQ+. A pesar de esta realidad alarmante, únicamente un caso ha recibido sentencia condenatoria en lo que va de 2025.
Las principales formas de trata reportadas en el país son la explotación sexual, pornografía infantil, reclutamiento criminal y adopciones irregulares. En cuanto a región, entre 2014 y 2024, la mayor cantidad de denuncias se reportó en Francisco Morazán (197), Cortés (105), Yoro (39), Atlántida (37) y El Paraíso (34).
Durante 2024, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) atendió cerca de 3,800 víctimas, principalmente en Cortés y Francisco Morazán.
De estos casos, el 74 % correspondían a explotación sexual comercial en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.
Aunque las cifras oficiales no reflejan la realidad detrás de la alta incidencia del delito, expertos manifiestan su preocupación respecto a zonas del país como las Islas de la Bahía la cual se ha convertido en un destino del turismo sexual, donde, donde mujeres y niñas hondureñas son captadas en contextos turísticos para la venta de servicios sexuales, incluso mediante catálogos ofrecidos a visitantes extranjeros.
Impunidad
Aunque la cantidad de denuncias interpuesta ante las instituciones competentes es baja, apenas uno de cada 10 casos de trata de personas recibe una sentencia condenatoria en Honduras.
Uno de los retos que enfrenta la institucionalidad frente a este delito es la asignación estratégica del presupuesto. Si bien el presupuesto de la CICESCT pasó de L 5.6 millones en 2019 a L 38 millones en 2025, el aumento de los recursos asignados a la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas del Ministerio Público no ha sido significativo. En 2025, la Unidad contra la Trata de Personas recibió apenas 10.7 millones de lempiras, lo que equivale a no más del 20 % del presupuesto destinado a la lucha contra la trata de personas.
Según expertos, a esta limitación se suman desafíos estructurales como la baja capacidad institucional, la escasa cobertura territorial, deficiencias en la prevención y sensibilización, así como la falta de personal especializado dentro del sistema de justicia.
“La trata de personas no es solo una grave violación de derechos humanos, es una forma moderna de esclavitud que se perpetúa en Honduras por la impunidad y el abandono institucional. Cuando el 82 % de las víctimas son niñas y solo 1 de cada 10 casos alcanza una sentencia condenatoria, no estamos hablando de debilidad del sistema: estamos hablando de negligencia estructural. No podemos permitir que la trata siga siendo un crimen de bajo riesgo y alta rentabilidad para los tratantes. El Estado tiene la obligación moral y legal de garantizar justicia, protección y reparación para cada víctima”, concluyó Nelson Castañeda, director del Sector Seguridad y Justicia de ASJ. (RO)
