Tegucigalpa – Respecto a la cancelación de los exdirectores de la Policía Nacional, el miembro de la Comisión Especial de Depuración, Omar Rivera, dijo que “ellos -se refiere a Ricardo Ramírez del Cid, Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón- ya cumplieron su ciclo en la institución, ya prestaron sus servicios profesionales y resulta lógico pensar que deban dar un paso al costado para permitirle a las nuevas generaciones impulsar los procesos de transformación que los diferentes organismos policiales requieren”.
– Se necesita sangre nueva para vencer los viejos problemas, dijo Rivera.
“Ellos llegaron a la cúpula policial, ostentaron el más alto cargo al que un oficial puede aspirar, lograron el rango más elevado, y ahora otros profesionales están listos a llegar ahí también, lograr esa posición y ascender a ese nivel. Se necesita sangre nueva para vencer los viejos problemas”, arguyó.
Indicó que «respetamos a todos, no señalamos que alguien sea culpable de haber cometido transgresión a la Ley, aquí únicamente estamos determinando la idoneidad para continuar en el ejercicio policial; ellos podrían ser habilitados para continuar, suspendidos o cancelados. Otros órganos del Estado determinarán si alguno de ellos ha cometido delitos; a nosotros solo nos corresponde actuar en el marco administrativo”.
Rivera, quien también es coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), señaló que “sobre la base de sus ejecutorias, excesos y omisiones ahora deben responder ante las autoridades; será el Ministerio Público (MP) que determinará si, en los expedientes a ser remitidos, hay datos que permitan construir requerimientos fiscales por actos ilícitos o no. Los fiscales serán los que procederán penalmente o no en contra de ellos, si así lo estiman pertinente sobre la base de la información a que tengan acceso. Nosotros en la Comisión Especial no somos investigadores criminales, fiscales y muchos menos jueces”.
“Los tres han sido señalados en los informes publicados en El Heraldo y The New York Times, en torno a las muertes de José Julián Gonzales y Alfredo Landaverde; las fiscalías especiales deben dejar en claro si esos reportes son verdaderos o no, y de ser cierto que participación material, intelectual o por omisión tuvieron los ahora sometidos a evaluación”, expresó el dirigente de la sociedad civil.
«Ya hemos procesado toda la información relacionada a estos altos oficiales de la Policía Nacional, ya la Comisión Especial tomó una decisión y creemos que es la más adecuada: cancelarlos”, confesó.
Finalmente, el depurador aseguró que “se avanza firme en la depuración, reforma y fortalecimiento de la Policía Nacional, estamos construyendo la Policía Nacional que necesita Honduras”.
