Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recordó hoy a la Policía y la población en general, que el derecho a la vida, a no ser sometido a torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes y la no discriminación, que conforman el núcleo duro de los derechos humanos, no se han restringido en el país y que, por lo tanto, deben ser respetados.
– Las amenazas (56.1 %), el asesinato de familiares (14.4 %), la extorsión (10.6 %) y la tentativa de homicidio (5.9 %), figuran entre los principales hechos de violencia que generan riesgo de desplazamiento y desplazamiento forzado de personas, según el Conadeh.
El Conadeh, a través de la recién creada Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico, ha hecho reiterados llamados a la policía para que se apegue a criterios de necesidad y proporcionalidad al momento de realizar cualquier detención y, también, para que trate a la población sin ningún tipo de discriminación.
“Reiteramos a la población, en general que, el derecho a la vida, a la integridad, a no ser sometido a torturas, ni ser tratado con discriminación, no han sido restringidos con el PCM 29-2022”, dijo el director de la Clínica de Control de Convencionalidad del Conadeh, Luis Chinchilla.
En ese sentido, agregó, llamamos a la población para que, en las zonas donde se está aplicado el Estado de excepción, brinde la debida colaboración.
El llamado fue extensivo a la Policía Nacional para que cumpla con su mandato legal de servir, proteger y no criminalizar a las personas que viven en esas zonas y, únicamente, enfocarse, en lo que el decreto manda para garantizar la debida circulación de las personas y lograr desarticular a las bandas criminales.
Indicó que personal del Conadeh ha realizado visitas a los centros de privación en Tegucigalpa y en San Pedro Sula y producto de eso han realizado una serie de recomendaciones preventivas.
“Estamos dándole un tiempo, a la policía, para que pueda adecuar los centros de detención de personas, de acuerdo a las normas internacionales”, declaró.
Chinchilla exhortó a la población que se sienta afectada, sean madres, padres de familia, hermanos e hijos, que tengan un familiar que haya sido detenido, en el marco de este decreto y que se consideren afectados en sus derechos, para que se presenten a las oficinas del Conadeh en Tegucigalpa y San Pedro Sula para presentar la queja.
Expresó que el Conadeh continuará vigilando que se respeten los derechos humanos de todas las personas.
El pasado 3 de diciembre fue publicado, en La Gaceta, el Decreto PCM 29-2022 en la que se suspenden algunas garantías constitucionales a partir del 6 de diciembre del 2022 a las 6:00 pm hasta las 6:00 pm del 6 de enero del 2023, con el propósito de “mantener la seguridad, el orden y la paz en la comunidad”.
En dicho Decreto, se identifican 89 barrios y colonias del Municipio del Distrito Central y 73 del Valle de Sula afectados por una crítica situación de inseguridad generada por el delito de extorsión, “en los cuales se ha registrado una perturbación grave de la paz”.
Las amenazas, asesinatos y la extorsión entre las causas del desplazamiento forzado
Un informe del Conadeh reveló que, en el 2021, este ente estatal atendió 9,784 quejas, de las cuales, 917 fueron por desplazamiento forzado o riego de desplazamiento. Los casos incluyen un total de 2,529 personas afectadas de las cuales, 942 (37 %) fueron víctimas de desplazamiento y 1,587 (63 %) en riesgo de desplazamiento, como consecuencia de la violencia generalizada y vulneraciones de los derechos humanos.
El Conadeh atendió quejas sobre desplazamiento forzado en 23 municipios del país, con una mayor concentración en el Distrito Central (373) y San Pedro Sula (186), lugares donde se aplica actualmente el decreto PCM 29-2022 relativo al Estado de Excepción.
El informe señala, entre los principales agresores que causan riesgo y/o desplazamiento a nivel nacional, personas desconocidas (335), miembros de maras y pandillas (260) y de bandas criminales (39).
Las amenazas (56.1 %), el asesinato de familiares (14.4 %), la extorsión (10.6 %) y la tentativa de homicidio (5.9 %), figuran entre los principales hechos de violencia que generaron riesgo de desplazamiento y desplazamiento forzado de personas, según el Conadeh.
Entre los grupos y personas más afectados por situaciones de desplazamiento forzado figuran mujeres amas de casa, comerciantes, conductores de buses y de taxis, agentes policiales, agricultores, docentes, albañiles, carpinteros, periodistas y abogados, entre otros. JS
