Tegucigalpa (Proceso Digital/Por Isis Rubio)- La carretera que se construye entre Wampusirpi y Krausirpi, en La Mosquitia hondureña, se encuentra paralizada a solicitud de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA), mientras tanto, los operadores de justicia investigan, pero no todo está dicho respecto a la obra, cuyos auspiciadores, abogan por concluirla y ponerla a funcionar.

-Dirigente de MASTA dice que buscan nuevos recursos para seguir con la construcción y que no permitirán que la destruyan.

– La Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA), actuó conforme a ley en desalojo en Valle de Kara ya que eran invasiones en la zona núcleo de la biosfera.

Denominada por los ambientalistas y críticos como una “narcocarretera”, la obra empezó en Olancho y su primer tramo unió la localidad de Culmí con Gracias a Dios, ahora una segunda brecha busca conectar dos comunidades misquitas pero los entresijos que rondan la obra son muchos.

Los Consejos Territoriales han reafirmado su denuncia de que la obra, además de afectar el ecosistema de esa reserva y patrimonio de la humanidad, sería para beneficiar al crimen organizado y que temen por la seguridad de sus pueblos.

Dirigentes misquitos consultados por Proceso Digital reafirmaron que están a la espera de un veredicto del Estado. La respuesta a la denuncia va caminando lenta, pero con resultados, externaron.

Construcción de carretera está paralizada

El dirigente y apoderado legal del pueblo de Bakinasta, una poderosa organización étnica, Daniel Kiapa, manifestó que la carretera está paralizada ya que el gobierno ha desplazado a las autoridades uniformadas en todo el territorio de La Mosquitia, haciendo operativos relacionados a la protección del medio ambiente y a la destrucción de las fuentes fluviales.

“La construcción de la carretera está paralizada, se ha aplacado y todos esperamos que esto llegue a feliz término con las instancias correspondientes”, indicó.

Para este dirigente de los pueblos es fundamental que las autoridades puedan hacer sus investigaciones respecto a la construcción de esta vía, considera ilegal porque no goza de permisos ambientales y otros de rigor, para luego deducir responsabilidades.

Los tramos que están hechos y no están autorizados deben de ser destruidos, argumentó.

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Posicionamiento de las autoridades

Otro de los dirigentes de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), quien prefirió mantenerse en la discreción, reiteró a Proceso Digital que la construcción de la carretera está paralizada y, según desglosó, en la zona hay una fuerte presencia militar encargada de evitar que se retomen los trabajos.  

“Las personas que estaban interesadas en la carretera ahora han estado mintiendo, diciendo y acusando que están desalojando personas nativas y no es cierto, estas personas han incursionado en lugares que son prohibidos porque están dentro del núcleo de la biosfera de la reserva Tawahka”, detalló.

Agregó que los defensores de la construcción de la vía, ahora quieren desviar lo de la carretera que, a su juicio, no tiene nada que ver con los desalojos ocurridos en un área núcleo de la biosfera.

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No descarta plantaciones de coca

Sostuvo que hay una presencia fuerte de militares, porque existen otros asuntos en los que ellos trabajan, en investigaciones para posteriormente incautar y destruir.

Al ser consultado sobre la existencia de plantaciones de coca en la zona de La Mosquitia y la presunción de que ese es uno de los principales motores para la construcción de la carretera, el líder del Consejo Territorial no descartó que en la zona haya siembras de coca.

Recientemente fuerzas del orden hallaron un importante cultivo del alucinógeno en la región que en las últimas décadas ha sido una especie de embarcadero y pista de aterrizaje a la que llegan los cargamentos de la droga que desde el sur del continente es trasegada hacia los EEUU.

Los carteles hondureños y sus conexiones colombianas, venezolanas y mexicanas entre otras, han mantenido operaciones en esa franja estratégica del territorio hondureño, en la ruta de la cocaína hacia el norte continental.

El dirigente indígena dijo que las personas comprometidas e involucradas en la construcción de la carretera y que “han comido dinero ajeno están preocupadas porque no tiene cómo justificar lo que ahora está parado con las denuncias que logramos poner”, manifestó.

Aseguró que “las autoridades lograron verificar que todo lo que decíamos era verdad, que se estaban construyendo tramos carreteros que al final eran ilegales”.

“Estas personas lo miraban como un negocio, pero hay un veredicto del Estado, la respuesta a la denuncia va caminando lenta, pero con resultados», apuntó.

Tramos ilegales deben de ser destruidos

Por su parte, el alcalde de Wampusirpi, Marcelo Herrera, dijo a Proceso Digital que el tema de la construcción de la carretera está en investigación.

La construcción de los desvíos hacia la zona de amortiguamiento está paralizada, todo está parado, apostilló.

“Estamos a la espera de la investigación que realizan las autoridades, según nos han dicho los desvíos que son ilegales serán inhabilitados o destruidos y así debe de ser”, manifestó, al tiempo que abogó por que la población pueda usar la parte de la carretera que, a su parecer, no afecta la zona de amortiguamiento de la biosfera. Pero, las mismas autoridades forestales han afirmado que ninguna parte de la obra tiene permisos ambientales.

Mientras que Carlos Vallecillo, portavoz del Ministerio Público reiteró a Proceso Digital que la investigación en torno a la carretera sigue su curso, por lo que una vez culminada la misma se deducirán las responsabilidades a quienes correspondan.

Buscan fondos para ampliar la carretera

Una defensora de la construcción de la carretera es la vicepresidenta de la Asociación Moskitia Asla Takanka (MASTA), Mirna Wood Flores. Ella dijo a Proceso Digital que en este momento la construcción de la carretera está paralizada porque se buscan fondos para seguir con los trabajos.

Sostuvo que por ahora lo que se está buscando es ampliar la carretera, porque la brecha está abierta y por el lugar ya puede pasar un carro pequeño, pero en invierno no se puede circular porque hay partes en las que el río crece y hay que hacer un puente, externó.

Al ser consultada sobre la potencial inhabilitación permanente de la carretera, dijo que las autoridades lo único que quieren hacer es dinamitar la obra que se abrió hace más de un año, – “y no vamos a dejar que la destruyan”, – apuntó al tiempo que denunció los desalojos realizados por autoridades en el valle de Kara y los calificó de ilegales.

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Desalojo fue solicitado por ICF

El subdirector del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Francisco Escalante, dijo a Proceso Digital que en el marco de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra el Delito Ambiental (FTIA), en fecha del 03 al 16 de agosto de 2021, se desarrolló en el valle de Kara, municipio de Wampusirpi, departamento de Gracias a Dios, un operativo de desalojo en respuesta a un trabajo investigativo conjunto de dos años.

Según el funcionario durante la investigación se documentó la invasión, usurpación y cambio de uso de la tierra dentro de la Zona Cultural de la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni, que ha venido siendo deforestada e invadida por parte de colonos y personas inescrupulosas que se han apropiado para su propio beneficio, de un área protegida patrimonio natural de todos los hondureños; con importancia ecológica para el Corredor Biológico Mesoamericano.

Agregó que en el operativo participaron personal de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, Procuraduría General de la República, Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional, MiAmbiente y el Instituto de Conservación Forestal que forman parte de la FTIA.

El proceso de desalojo se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por los Juzgados de Letras del departamento de Gracias a Dios, después de la presentación de evidencias y medios probatorios por parte de la FTIA, en la que se evidenció los ilícitos que estaban realizando personal foráneo en la zona.

Entre los ilícitos que se estaban cometiendo, según la agencia de control ambiental del gobierno, se encuentran la apropiación ilegal de tierras, descombros, cambio de uso de la tierra y el establecimiento de ganadería ilegal. Es importante mencionar que la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni, fue establecida legalmente en el año 1994 mediante el Acuerdo Presidencial 0983-94, detalló.

Dijo que es relevante mencionar que las personas identificadas con estos ilícitos son ajenas al pueblo Tawahka; además, – agregó, – la FTIA continuará realizando de forma contundente acciones similares, con el fin de proteger y salvaguardar los recursos naturales y culturales de la zona, haciendo cumplimiento de la ley y garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas desalojadas y en especial de los pueblos indígenas.

Igualmente sostuvo que pidieron a la Fiscalía que realice todas las investigaciones necesarias para que deduzca responsabilidades en torno a la carretera. 

Solo se cumplió con orden de desalojo

Asimismo, el portavoz de las FFAA, José Coello, detalló a Proceso Digital que la única operación que realizaron los militares fue el desmontaje de estructuras de madera en la reserva antropológica Tawahka, mediante una orden de desalojo.

La orden de desmantelamiento de las casetas estuvo presidida por la Comisión Interinstitucional del Medio Ambiente conformada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la República (PGR), Policía Nacional, Juzgados de Jurisdicción de Gracias a Dios, remarcó.

Explicó que se desmantelaron las estructuras de madera debido a que afectaban una reserva antropológica que colinda con el núcleo de la Biosfera del Río Plátano.

Subrayó que las Fuerzas Armadas están enfocadas en el combate a flagelos como el narcotráfico, crimen organizado y delitos comerciales en La Mosquitia.

En cuanto a la carretera, dijo que ese tema está en un proceso de investigación y que solo están a la espera que el mismo termine para que las autoridades den las órdenes de lo que se debe de hacer con los tramos construidos de forma ilegal.

Medida neutralizadora

El portavoz del Ministerio Público, Carlos Vallecillo sostuvo a Proceso Digital que la Fiscalía Especial del Medio Ambiente realizó esta acción de desalojo en el sector de valle de Kara en La Mosquita siempre basándose en derecho y sobre todo con la petición del juzgado de Puerto Lempira quien fue que emitió que se procediera con la medida neutralizadora, que era sacar a estas personas del sector por ser zona núcleo.

Agregó que, como parte de esta situación, la Fiscalía de Etnias recibió a algunos grupos organizados de La Mosquitia para abrir la causa de los supuestos abusos que se dieron en la zona.

Reiteró que la Fiscalía actuó conforme a derecho. (IR)