Tegucigalpa –El Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras llegó a su fin este 08 de septiembre, poniendo en riesgo de deportación a unos 55 mil compatriotas que durante más de 25 años encontraron en Estados Unidos una vida estable, con empleo y oportunidades que su país de origen no les ofreció.
–Sin permisos de trabajo incertidumbre invade a Tepesianos.
El panorama es incierto: desde la expiración del programa, miles de hondureños han recibido notificaciones de sus empleadores informándoles que ya no pueden seguir trabajando al haber caducado sus permisos.
“Me llegó un mensaje de la compañía diciendo claramente: no puede seguir hasta que muestre un documento válido. Después de 30 años en este país, ahora nos dejaron en el limbo”, relató desde Houston Manuel Vélez, tepesiano y sobreviviente de cáncer que teme por su salud ante la precariedad hospitalaria en Honduras.
Riesgos múltiples
A la incertidumbre laboral y emocional se suma el riesgo económico. Según el Observatorio de Migraciones Internacionales de la UNAH (OMIH), Honduras dejaría de percibir 240 millones de dólares anuales en remesas que enviaban los beneficiarios del TPS. Además, quienes permanezcan en Estados Unidos podrían enfrentarse a multas de hasta 1,000 dólares diarios, congelamiento de cuentas y confiscación de bienes.
El coordinador del OMIH, César Castillo, subraya que este grupo de migrantes no se asemeja al resto de la diáspora hondureña: “Ellos tenían una vida legal, con permisos de trabajo y familias estadounidenses. No están acostumbrados a vivir en la irregularidad. El impacto psicológico y económico es devastador”.
Desde el gobierno, el director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz Reyes, trató de enviar un mensaje de calma al descartar deportaciones masivas y recordar que el próximo 18 de noviembre habrá una nueva audiencia en la Corte del Noveno Circuito de California. “Los tepesianos han tenido una vida disciplinada y han aportado al desarrollo de Estados Unidos. Los consulados están abiertos para brindar apoyo y acompañar en esta nueva batalla legal”, aseguró.
¿Y ahora qué?
Sin embargo, voces críticas como la del diputado Carlos Umaña cuestionan la ineficacia de la diplomacia hondureña. “Lo mínimo que debe ofrecer el gobierno es asesoría gratuita, ya que sus esfuerzos diplomáticos no surtieron ningún efecto.
Incluso algunas acciones contribuyeron al fin de este estatus”, dijo el congresista, quien lamentó que el país no esté preparado para recibir a miles de retornados.
El descontento también se escucha desde la sociedad civil. La activista Gabriela Blen, de la organización Articulación Ciudadana, vinculó esta crisis migratoria con la traición de las promesas incumplidas del actual gobierno: “La presidenta Castro prometió la CICIH y no cumplió; Rixi Moncada fue la encargada de la comisión y terminó entorpeciéndola. Esa indignación se acumula, no solo por la corrupción, también por la falta de condiciones en salud y empleo, que son las verdaderas causas por las que la gente se va del país”.
Entre la burocracia diplomática, la incertidumbre legal y el abandono de las instituciones, los tepesianos hondureños enfrentan hoy una doble condena: la amenaza de deportación y el temor de volver a un país que no les garantiza condiciones para vivir. “No se trata de darles 1,000 dólares al llegar”, advierte Castillo, “sino de crear programas de inversión, exoneraciones y acompañamiento legal para que quienes retornen puedan reconstruir sus vidas aquí”.
Por ahoa los tepesianos hondureños tiene la orden de acogerse a otro programa migratorio o abandonar EEUU de inmediato, su suerte ahora está en manos del pronunciamiento de una Corte de Inmigración el 18 de noviembre que podría otorgar más tiempo, pero ya no se puede pronunciar sobre el programa ya que oficialmente está cancelado.
También los tepesianos fijan esperanzas en la propuesta de las representantes María Elvira Salazar y Verónica Escobar que buscan “detener el flujo de inmigración ilegal” y ofrecer “una solución digna” para los indocumentados.
La llamada Ley Dignidad, presentada originalmente en 2023, abarca un amplio espectro de temas que incluyen seguridad fronteriza, empleo y economía, pero tiene como eje central una vía para que algunos inmigrantes puedan legalizar su estatus por los próximos siete años.
Impacto humano
Miles de hondureños beneficiados por el TPS se enfrentan hoy la incertidumbre de perder su estatus legal en Estados Unidos. Testimonios como el de Manuel Vélez, residente en Houston y sobreviviente de cáncer, reflejan la preocupación por la pérdida de empleo, el temor a la deportación y la imposibilidad de acceder a atención médica adecuada en su país de origen.
La cancelación del TPS no solo amenaza su sustento económico, sino también su bienestar psicológico, tras décadas de vida estable en el extranjero.
Los dirigentes de la comunidad migrante en Estados Unidos y otras voces del país concuerdan que esta fecha del 08 de septiembre marca, entonces, no solo el fin de un estatus migratorio, sino también el reflejo de un Estado incapaz de retener a su gente y de garantizar un futuro digno para quienes, desde la distancia, han sostenido la economía nacional con sus remesas, e instan a un apoyo integral para brindar respuestas. LB
