San José – Nicaragua fue ubicada en el puesto 172 de la Clasificación Mundial de Prensa 2025, elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y divulgado este viernes, figurando en el fondo de la tabla en el mundo con peor clasificación, por encima de Rusia, Bielorrusia, Cuba y Venezuela.
«En la parte más baja de la Clasificación, Nicaragua (172) se convierte en el país con la peor puntuación de América Latina, incluso por detrás de Cuba (165)», indicó RSF en su índice anual.
RSF advirtió que el régimen sandinista que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, «ha erradicado los medios independientes, ha retirado la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a centenares al exilio».
En comparación a 2024, Nicaragua cayó nueve puestos (163) entre los 180 países que son examinados por la clasificación de RSF, que concluyó que en esa nación centroamericana «no hay lugar para el periodismo».
La prensa nicaragüense vive una «verdadera pesadilla»
«Con la reelección del presidente Daniel Ortega en 2021 para un cuarto mandato consecutivo, la prensa independiente sigue viviendo una verdadera pesadilla: censura, intimidación, amenazas», señaló RSF en el informe mundial publicado por esa entidad basada en Francia y dedicada a la defensa de la libertad de expresión desde 1985.
«Los periodistas son constantemente estigmatizados, enfrentan campañas de acoso, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte y se ven obligados a exiliarse», afirmó.
Según RSF, en Nicaragua prácticamente no hay medios de comunicación independientes, debido a la intensa «ola de represión» lanzada por el régimen de Ortega desde mayo de 2021 contra opositores, organizaciones civiles y prensa independiente.
Esa entidad puntualizó que la familia Ortega Murillo, en el poder desde 2007, tomó el control directo de varios medios de comunicación, entre ellos Canal 8, Canal 4, Canal 9 y Canal 13, así como emisoras de radio, «transformando el panorama mediático en una herramienta de propaganda gubernamental y silenciando las voces disidentes».
No obstante, destacó que los medios nicaragüenses en el exilio continúan alcanzando audiencias significativas pese a las restricciones, y que la mayoría de ellos utilizan activamente las redes sociales para difundir su contenido.
Recordó que en 2021, la Policía Nacional allanó, sin orden judicial, las instalaciones del diario La Prensa, que desde entonces permanece bajo control estatal, imposibilitando la publicación de su edición impresa, y detuvieron al director general del periódico, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, y a su exdirector, el excongresista Pedro Joaquín Chamorro Barrios, que luego fueron excarcelados, expulados hacia Estados Unidos y desnacionalizados.
«Estos ataques a los medios de comunicación forman parte de una ola de detenciones de directores y periodistas de diversos medios de comunicación, acusados de lavado de dinero o traición a la patria, sin que nunca se haya presentado prueba alguna en su contra», criticó RSF, que mencionó a Confidencial y a 100 % Noticias como otros medios allanados e incautados.
Vigilancia, amenazas, allanamientos y requisas
Asimismo, RSF advirtió que unas recientes reformas constitucionales, que designaron a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, como copresidenta, intensifican «el control presidencial sobre los medios de comunicación con el pretexto de garantizar su independencia de los intereses extranjeros y las noticias falsas».
En ese sentido, anotó que el gobierno modificó la ley de delitos cibernéticos para imponer penas más severas por difundir “información falsa” en las redes sociales, y que la misma amplía el alcance a los nicaragüenses que viven en el exterior, «reforzando así la represión al periodismo independiente».
Por otro lado, RSF alertó sobre la vulnerabilidad de la prensa en el exilio debido a la dependencia de la financiación internacional, y que la «reducción de los fondos de cooperación, especialmente de Estados Unidos, provocó despidos y una mayor precariedad en las condiciones de los periodistas».
Asimismo, advirtió que la represión a la prensa independiente en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes y se ha convertido en una estrategia central del gobierno sandinista para silenciar cualquier disidencia.
Según el informe, la Policía allana los domicilios de periodistas sin orden judicial y los interroga sobre sus colegas, su trabajo actual y sus trabajos anteriores. También se revisan los teléfonos celulares y se confiscan los dispositivos electrónicos de todos los miembros del hogar.
Los periodistas deberán presentarse diariamente en la comisaría, en persona o por teléfono. Los pocos periodistas que aún trabajan en el país lo hacen con extrema discreción y no firman sus artículos por miedo a represalias. JS
