Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), emitió finalmente la declaratoria oficial que marca un hito en la historia democrática de Honduras: Nasry Juan Asfura Zablah fue declarado presidente electo de la República para el período 2026-2030.
-Honduras define su rumbo: Nasry Asfura es declarado presidente para el periodo 2026-2030, tras la elección más disputada de la historia.
Con un avance del 99.92 % del escrutinio, del total de las 19,167 actas procesadas, el CNE confirmó el triunfo del candidato del Partido Nacional de Honduras (PNH), con un 40.28% poniendo fin a una de las contiendas electorales más reñidas, polarizadas y cuestionadas que haya vivido el país.
Después de 23 días de incertidumbre, tensión política y un escrutinio seguido con lupa dentro y fuera del país, el CNE hizo la declaratoria del ganador de las elecciones a nivel presidencial.
La declaratoria llega tras semanas de fuertes disputas poselectorales, denuncias cruzadas, presiones políticas internas, pronunciamientos de la comunidad internacional y un clima de incertidumbre que mantuvo en vilo a la ciudadanía. No obstante, con la oficialización de los resultados, Honduras tiene finalmente un presidente electo.
En segundo lugar, con un margen estrecho, se ubicó el candidato del Partido Liberal, el ingeniero Salvador Alejandro César Nasralla Salum, quien alcanzó el 39.51% de los votos, protagonizando una de las competencias más cerradas en la historia electoral reciente y consolidando al liberalismo como una fuerza determinante en el nuevo escenario político.
En tercer lugar, quedó la candidata oficialista del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Ramona Moncada Godoy, con el 19.20% de los votos, en un resultado que refleja un duro revés para el partido de gobierno y reconfigura el mapa político nacional.
La elección presidencial de 2025 quedará registrada como un punto de inflexión histórico: no solo por la estrechez de los resultados, sino por el profundo desgaste institucional evidenciado durante el proceso y por la firme participación ciudadana que, pese a la incertidumbre, defendió su derecho al voto.
Con esta declaratoria, se abre una nueva etapa para Honduras. El reto inmediato del presidente electo Nasry Asfura será gobernar un país profundamente dividido, reconstruir la confianza en las instituciones y responder a una ciudadanía que exigió, en las urnas, un cambio de rumbo.
“Papi a la Orden” el perfil del político que apostó por una campaña silenciosa, pero efectiva
Durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial mantuvo un perfil marcadamente presencial en los distintos departamentos del país, aunque con una notoria ausencia en los medios de comunicación tradicionales, pero optando en su última fase por redes sociales donde se posicionó bastante bien.
Su participación en foros, debates y comparecencias públicas fue limitada. No obstante, conservó una imagen cercana: jovial, campechana y de trato directo con la población.
Momento complejo para el Partido Nacional
Su candidatura se desarrolló en uno de los momentos más complejos para el Partido Nacional, una organización política que enfrentaba un fuerte desgaste tras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, acusado de narcotráfico y múltiples actos de corrupción, no solo del exmandatario sino de muchos de sus dirigentes tanto del Ejecutivo como Legislativo. Para muchos analistas, ese escenario hacía prever que el partido difícilmente volvería al poder en el presente o futuro inmediato debido a los “anticuerpos” acumulados en la opinión pública.
Ante ese contexto adverso, Asfura optó por una campaña intensa en territorio, directa y, para algunos, silenciosa, pero que logró ser efectiva en términos de movilización electoral. En el camino, tomó decisiones internas que implicaron apartar a varios correligionarios, lo que le generó duras críticas incluso dentro de su propio partido.
El post-elecciones de tensión
El periodo postelectoral estuvo marcado por una profunda tensión institucional y política. Las fallas del sistema de transmisión y divulgación de resultados alimentaron una narrativa de fraude que rápidamente ganó espacio en el debate público. El Consejo Nacional Electoral (CNE) operó en un ambiente de abierta fragmentación interna, con denuncias cruzadas entre sus integrantes y señalamientos de un presunto complot para alterar o retardar la declaratoria oficial.
En ese contexto, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López denunciaron persecución política y judicial, al punto de permanecer aisladas y bajo resguardo, ante fuertes indicios de que el Ministerio Público habría preparado órdenes de captura en su contra, lo que elevó la crisis a un nivel sin precedentes.
A la incertidumbre institucional se sumó la persistente exigencia de un “voto por voto” por parte de los candidatos del Partido Liberal y del partido Libertad y Refundación (Libre), a pesar de un escrutinio especial prolongado, lento y accidentado. Este proceso estuvo acompañado de protestas, bloqueos, episodios de violencia y un ambiente de alta confrontación social, mientras el país permanecía a la expectativa de una resolución definitiva. La falta de consensos y la desconfianza entre actores políticos prolongaron la crisis y profundizaron la polarización.
Luis Redondo reitera advertencia que CP hará declaratoria de elecciones, si el CNE no lo hace
Incluso desde el Congreso Nacional surgieron amenazas de desconocer la declaratoria oficial del CNE y realizarla a través de la Comisión Permanente, un planteamiento que fue interpretado por diversos sectores como un intento de ruptura del orden constitucional. Este escenario reforzó la percepción de ingobernabilidad en el cierre del proceso electoral, obligando a la observación internacional a mantenerse activa y vigilante, insistiendo en la necesidad de respetar los cauces legales y democráticos para preservar la estabilidad del país.
Elecciones muy observadas
A lo largo del proceso electoral, la observación nacional e internacional desempeñó un papel clave. En especial, las misiones internacionales, como las de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, que recientemente en sus mensajes e informes preliminares han dado una opinión favorable del proceso electoral. Si bien reconocieron la existencia de inconsistencias y fallas en el sistema, descartaron que se hubiese producido un fraude electoral.
Formar Gabinete de transición
De cara al inicio de su mandato, el presidente electo enfrenta la necesidad urgente de conformar un sólido equipo de transición y un gabinete con capacidad técnica, credibilidad política y vocación de servicio, capaces de responder a los profundos retos económicos y sociales que arrastra el país.
La crisis fiscal, el desempleo, la inseguridad, la migración forzada y el deterioro de los servicios públicos exigen decisiones inmediatas y estratégicas, así como señales claras de un cambio radical en la forma de gobernar, particularmente en el combate frontal a la corrupción y en el establecimiento de mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas.
Las circunstancias políticas obligan, además, a valorar la conformación de un eventual gobierno de integración nacional. El estrecho margen electoral frente al Partido Liberal, de aproximadamente un 1 %, refleja —según politólogos— el alto nivel de fragmentación y división de la sociedad hondureña.
A este desafío se suma la tarea de legitimar su gobierno desde el primer día, reconstruyendo la confianza ciudadana en las instituciones. Uno de los mayores retos será unir a un pueblo hondureño profundamente fracturado y polarizado, una división que se arrastra desde la crisis política de 2009 y posteriormente divisiones expresadas en consignas recurrentes como el “Fuera JOH” y, más recientemente, el “Fuera el familión, Libre nunca más”, evidenciando una población desencantada con la clase política y que castiga con su voto a quienes no cumplen sus expectativas. LB
